Los ciudadanos tendrán derecho a una indemnización por retrasos judiciales
Los ciudadanos podrán exigir a los jueces sentencias claras. Los ciudadanos tendrán derecho a saber de antemano cuánto les va a costar un pleito. Los ciudadanos podrán ser indemnizados por retrasos indebidos en un proceso. Y, así, hasta un total de 41 derechos se han recogido en el texto, consensuado por la Comisión del Pacto para la Reforma de la Justicia, que ayer presentó el ministro Ángel Acebes en el Congreso.
La Carta de Derechos del Ciudadano ha sido una de las prioridades de la Comisión del Pacto para la reforma de la Justicia y que ha logrado el consenso de todos los grupos parlamentarios integrados en dicha comisión. En palabras del ministro, Ángel Acebes, 'su objetivo es hacer una justicia más ágil, más rápida y más moderna pensando en el ciudadano' y con 'medidas que sean posibles de realizar'.
Estas medidas se concretan en 41 derechos que ahora tramitará el pleno del Congreso como proposición no de ley. Entre otros, los ciudadanos tendrán derecho a saber de antemano cuánto les va costar y cuánto va a durar el procedimiento judicial en el que se vean inmersos. Así, por el derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido, los colegios de abogados deberán hacer un estudio de las previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas del proceso. Lo que pone de manifiesto la aportación hecha por todas las entidades, como los colegios de abogados, para elaborar el texto.
En cuanto a la duración, se establece el derecho a una tramitación ágil de los asuntos, que deberán resolverse dentro del plazo legal y el derecho a conocer el motivo concreto de los posibles retrasos. Si se produce un error judicial o un funcionamiento anormal de la justicia, el ciudadano podrá exigir responsabilidades y las correspondientes 'reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad'.
Además, la justicia debe ser comprensible, por lo que tanto las sentencias como las notificaciones, citaciones o requerimientos deberán redactarse de forma sencilla y comprensible 'evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios'. Asimismo, se recoge el derecho a comunicarse con la Administración a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos.
De momento, la carta no cuenta con una dotación presupuestaria propia, pero como señaló Margarita Uría, del PNV, 'es un catálogo de derechos, no sólo una enumeración de buenas intenciones, y no todo lo que la carta prevé requiere dinero'. Los representantes de los grupos políticos que presentaron ayer el texto instaron a los ciudadanos a exigir todo lo que en él se les reconoce para poner a prueba el sistema. Además, la comisión de Justicia del Congreso realizará un seguimiento de la Carta.