Concentraciones transparentes
El vicepresidente económico anunció en la inauguración del Día de la Competencia que el Gobierno permitirá que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) publique sus informes sobre concentraciones antes de que el Consejo de Ministros tome su decisión al respecto. Dada la opacidad del actual procedimiento de control de concentraciones en España, hay que elogiar el anuncio del vicepresidente.
El hecho de que el informe del tribunal pueda conocerse anticipadamente a la decisión del Gobierno, refuerza el papel del TDC. De esta forma la institución independiente podría ejercer una mayor presión moral sobre el Gobierno al saber éste que la opinión pública conoce cuál es la visión del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la concentración correspondiente.
Siendo, sin duda, un paso adelante, hay que dar algunos pasos más para que nuestro procedimiento de concentraciones sea más transparente e independiente, y podamos conseguir que el poder político intervenga lo menos posible en decisiones que pueden afectar seriamente a la libertad de empresa.
El mismo hecho de que se haya anunciado que el Gobierno 'permitirá' al tribunal publicar estos informes indica la situación de dependencia del poder ejecutivo en la que vive todavía el tribunal español, que ni siquiera puede decidir por sí mismo publicar sus informes.
En efecto, desde el año 1995, el tribunal no ha publicado todavía ninguno de sus informes relativos a las propuestas de introducción de competencia. En los primeros años del Gobierno popular no los publicó porque el Ejecutivo sugirió al tribunal que no los hiciera públicos y el tribunal aceptó la sugerencia. æscaron;ltimamente no los publica porque el Partido Popular cambió la ley de tal forma que ya no permite ni siquiera que el TDC elabore autónomamente dichos informes.
Volviendo al asunto del control de las concentraciones y sin necesidad de llegar al nivel de independencia del modelo americano en que el poder ejecutivo no tiene nada que decir respecto a las decisiones tomadas por los jueces, podríamos al menos aprender de los modelos europeos más avanzados, como, por ejemplo, el alemán o el italiano.
Actualmente el Gobierno español mantiene todavía la facultad de decidir que algunas concentraciones no sean ni siquiera examinadas por el tribunal. Y no es una facultad teórica, sino que el Gobierno la ha utilizado ya en varios casos, como, por ejemplo, en la fusión de Endesa con Fecsa y Sevillana, o en la de Ebro con Puleva.
Si no se quita esta facultad, la propuesta del vicepresidente no sirve de nada, porque, si el Gobierno quiere evitar la presión moral del tribunal, le basta con impedir que el TDC elabore el informe y, si no hay informe, difícilmente podrá publicarlo el tribunal antes de que el Gobierno decida.
No hay razón para que España siga manteniendo dos burocracias haciendo informes sobre concentraciones.
Una vez fijados los umbrales correspondientes, debería ser el tribunal el único que realizara los informes y, para elaborarlos con mayor calidad, podría incorporar los excelentes profesionales que hoy se dedican a esta tarea en el Servicio de Defensa de la Competencia.
Por otro lado, las demás facultades que la legislación actual otorga al Gobierno en el procedimiento de control de concentraciones (terminación convencional, posibilidad de oponerse a una concentración que ha sido vista favorablemente por el tribunal, etcétera) deberían desaparecer, dejándole, como mucho, la única posibilidad que la legislación alemana otorga a su Gobierno y es que, en los casos en que el tribunal se oponga a la concentración, el Ejecutivo podría decidir motivadamente que siga adelante.
De esta forma, la única posibilidad que se dejaría al Gobierno sería la de corregir al TDC en los casos en que éste decida en contra de la libertad de los empresarios.