El desacierto del acuerdo con Alemania

Un fuerte terremoto ha sacudido los cimientos del Tratado de la Unión Económica y Monetaria cuando la Comisión Europea propuso al Ecofin activar el procedimiento de alerta rápida previsto en el reglamento CE número 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 para formular una recomendación a Alemania (y también a Portugal) con el objetivo de impedir que se produzca un déficit excesivo y se adoptaran las medidas de ajuste necesarias.

El Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE) no aprobó en su reunión del 12 de los corrientes la propuesta de la Comisión, llegándose a un compromiso político adoptado por unanimidad, que afecta también a Portugal, de aceptar la garantía ofrecida por el ministro alemán de Finanzas de que el déficit no rebasará el límite del 3% del PIB en el corriente año y que en 2004 se cumplirá el equilibrio presupuestario.

Con el acuerdo tomado se ha vulnerado, lisa y llanamente, el Pacto de Estabilidad, que precisamente fue aprobado a propuesta de Alemania. En el Tratado de Maastricht la Unión Monetaria queda diseñada como un área de estabilidad, a cuyo efecto se establecen condiciones estrictas para que los Estados miembros puedan incorporarse a la misma.

La justificación de la existencia de reglas fiscales muy estrictas en el propio tratado, que fueron después endurecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tiene su fundamento en que la Unión Monetaria Europea (UME), tal como fue diseñada, constituye un caso especial de zona monetaria, ya que la política monetaria está absolutamente centralizada en el Banco Central Europeo (BCE) y la política presupuestaria prácticamente descentralizada en cada uno de los países, ya que el Presupuesto de la Unión sólo supone el 1,2% del PIB de los países que la integran, por tanto, sin capacidad estabilizadora.

La idea básica que se tuvo en cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública fue que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del déficit y de la deuda pública puede crear efectos negativos sobre el resto de la UME, bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas de optar por estabilizar sus ratios deuda pública/PIB, o bien presionando al BCE para que relaje su política monetaria.

En definitiva las limitaciones a la política presupuestaria de cada Estado miembro tratan de impedir que dichas políticas puedan perturbar el desarrollo de la política monetaria común.

Antes de dar mi opinión sobre el acuerdo del Ecofin vamos a analizar las causas que han llevado a las Administraciones públicas alemanas a un déficit del 2,7% del PIB en 2001.

En el bienio 1988-1999 el PIB alemán creció al 1,7% anual y el déficit descendió en el mismo periodo del 2,1% al 1,4%. En 2000 Alemania experimentó un fuerte crecimiento (3,2%) y su déficit sólo descendió en dos décimas, ya que fue del 1,2%. Si se incluyen los ingresos obtenidos de las licencias de móviles de tercera generación, el déficit se transforma en superávit, alcanzando el 1,3% del PIB.

A partir de aquí Alemania ha entrado en una situación de crisis económica. Su crecimiento ha sido sólo del 0,6% y el déficit se ha disparado, alcanzando el 2,7%, y para el corriente año se espera que sea análogo con una previsión de crecimiento del PIB del 0,75%.

De lo que acabamos de exponer se deduce que Alemania desperdició el elevado crecimiento de su economía en 2000 para realizar reformas estructurales que hicieran más flexible su economía y bajar su déficit público, ya que prácticamente la fuerte reducción que experimentó el mismo (2,5 puntos) cambiando de déficit a superávit, fue debida a los ingresos derivados de las concesiones de móviles de tercera generación.

Al desaprovechar tales ocasiones para haber efectuado una reforma estructural del gasto público reduciendo su cuantía, tanto por la elevada tasa de crecimiento del PIB como por los ingresos de móviles de tercera generación que debieron destinarse totalmente a una masiva amortización de deuda pública, con la consiguiente reducción del gasto en intereses, y sobrevenir en 2001 una fuerte desaceleración de la economía alemana, el déficit se ha disparado alcanzando el 2,7% del PIB, tasa muy cercana al techo mítico del 3%.

Creemos, por tanto, que la gestión de la economía alemana no ha sido buena, siendo la causante del fuerte aumento del déficit público, si bien hay que reconocer que la elevada caída de la actividad económica ha tenido una incidencia importante en el déficit público.

Por ello, el Ecofin debió aprobar la propuesta de la comisión sobre el inicio del procedimiento de alerta y que Alemania hubiera contestado de forma razonada sobre las causas que han originado tal situación de déficit, así como las medidas que pensaban adoptar para corregir la situación.

Las consecuencias de la decisión adoptada serán:

Pérdida de credibilidad en la estabilidad macroeconómica de la zona euro; ya que algunos Estados miembros podrían quedar fuera de la disciplina presupuestaria establecida en el Tratado de la Unión Económica y Monetaria y en el Pacto de Estabilidad.

El euro puede iniciar una suave depreciación frente al dólar, con lo cual se alejará del nuevo objetivo de convertirse en una moneda de reserva a nivel mundial, compitiendo con el dólar.

Desaparecerá el temor de los Estados miembros a incumplir los Programas de Estabilidad y, por tanto, la disciplina presupuestaria, ya que no podrían aplicarse raseros diferentes para cada país.

Para España, además de estas consecuencias, que le afectarán como Estado miembro de la Unión, estarán las derivadas del precedente que tal acuerdo supondrá para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por las comunidades autónomas.

Como ya es sabido, algunas de ellas han hecho pública su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional, basándose en que atenta a su autonomía financiera.

Sin entrar ahora en esta cuestión, no cabe duda de que el fundamento de la citada ley se encuentra en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a los Estados miembros a medio plazo a un equilibrio de las cuentas públicas o a un ligero superávit y a tomar las medidas presupuestarias correctoras que estimen necesarias para alcanzar tal objetivo, y si tal sustento ha quedado en entredicho con el acuerdo del Ecofin de este mes, puede constituir un mal precedente para que las comunidades autónomas acepten lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No parece muy congruente que España, que presidía la reunión del Ecofin, haya aceptado sin oponerse la propuesta alemana que puede tener graves repercusiones internas para España, constituida prácticamente en un Estado cuasi federal.