Hacia la sociedad del pleno empleo
Hacia la nueva sociedad del pleno empleo y oportunidades¢ es el título de la ponencia económica que se debatió en el XIV Congreso del PP que se celebró la semana pasada. El texto es una buena radiografía de la política económica y social que se ha aplicado estos últimos cinco años de Gobierno. Aunque su interés radica no sólo en lo que se ha hecho, sino también en lo que queda por hacer para llegar a ese horizonte tan sugestivo del pleno empleo.
Hace unos años se nos dijo que reducir el déficit, bajar impuestos y subir las pensiones era tanto como intentar, en términos presupuestarios, la cuadratura del círculo. Pues bien, ese es justamente el balance de la pasada legislatura: reforma fiscal con una rebaja media del 13% del IRPF, subida de las pensiones mínimas, garantía legal de la integridad de las pensiones frente a las tensiones inflacionistas y contracción del déficit público. Sin olvidar el control de la inflación, el crecimiento por encima de la media europea, el fuerte ritmo de creación de empleo o la suscripción de ese seguro de estabilidad económica contra riesgos cambiarios y turbulencias monetarias que es el euro.
El reformismo centrista que ha consagrado el XIV Congreso no se agota en la mera contemplación de las políticas realizadas, sino que, como su nombre indica, plantea nuevos retos y nuevos proyectos para llegar al horizonte de la sociedad del pleno empleo.
La convergencia con Europa, en términos de renta y empleo, exige abordar una serie de reformas estructurales que, en un escenario de disciplina presupuestaria y cesión de soberanía monetaria, garanticen la creación de empleo y el mantenimiento del diferencial de crecimiento. Entre esas reformas estructurales hay que incluir las políticas de liberalización, desregulación y privatizaciones. La liberalización de sectores estratégicos con la eliminación de rigideces y barreras de entrada tiene una importancia fundamental en el control de la inflación, la introducción de competencia y la mejora de la productividad. Basta recordar los efectos que ha generado la reforma del marco regulatorio de las industrias de red una vez culminado el proceso de privatizaciones. La liberalización de estas industrias propias de la sociedad de la información ha conllevado un considerable incremento de la competencia con la aparición de nuevos operadores, la reducción de la cuota de mercado de los operadores tradicionales y la presión a la baja del precio de estos productos y servicios tan importantes para medir nuestra productividad.
Mirando al futuro, una de las reformas pendientes es la mejor dotación del capital humano. El factor humano constituye uno de los principales activos de la sociedad de la información. Aun a riesgo de incurrir en una afirmación pleonástica, hay que decir que el conocimiento es clave en la sociedad del conocimiento. Por ello la educación tendrá cada vez más una dimensión no sólo cultural, sino también económica. Política educativa y economía convergen. De ahí que sea necesario mejorar nuestro sistema formativo, que es tanto como mejorar nuestro sistema productivo. Calidad de la enseñanza, reforma universitaria pese a lo que sostengan algunos agoreros del inmovilismo, aprendizaje permanente o fomento del espíritu emprendedor en la escuela son hitos que jalonan una reforma educativa ya inaplazable.
La reforma educativa tiene un papel esencial también en el fomento de la innovación en la sociedad de la información. En la sociedad del conocimiento las tecnologías de la información y las comunicaciones van a redefinir la estructura productiva y ocupacional de las empresas. El acceso de la juventud a la era digital y a la formación tecnológica es esencial y la alfabetización en estas tecnologías de la población, en general, irrenunciable. La formación en la era de Internet consistirá en aprender a aprender y esta predisposición debe estimularse desde la escuela. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la imprescindible formación humanística cuyo cometido esencial consiste en formar ciudadanos libres.
Por último, si hay una reforma estructural que necesita nuestro sistema productivo, esa es la reforma del mercado de trabajo. Mejorar la empleabilidad, luchar contra la excesiva precarización del empleo, fomentar las políticas activas de empleo, modificar las políticas pasivas mejorando el seguro de desempleo y, sobre todo, crear un nuevo marco legal para la negociación colectiva son aspectos de esta reforma laboral que debe conseguir un mercado del factor trabajo más flexible. El éxito de las políticas activas de empleo a través de bonificaciones a la contratación con la reforma laboral de 1997 debe complementarse con incentivos fiscales en el IRPF y con una nueva regulación del seguro de desempleo.
En cuanto a la negociación colectiva, debe acometerse por ley la regulación de los derechos de los trabajadores dejando al convenio colectivo la determinación de las condiciones de trabajo de una forma descentralizada y, por ende, adaptada a las necesidades de cada empresa.