La confianza en Argentina
Con evidente justificación, la crisis argentina continúa acaparando buena parte de las noticias económicas y financieras en España, y está siendo protagonista de un amplio intercambio de opiniones sobre las opciones abiertas en búsqueda de una salida. Conviene insistir en que, al margen de las recomendaciones que emanan de la teoría económica, la clase política tiene una enorme responsabilidad en diseñar una política viable para cerrar tan dramática situación, al igual que la ha tenido en su génesis.
La crisis no se va a resolver sin crecimiento. Argentina requiere un fuerte impulso en su sistema productivo que le permita al menos ofrecer unas expectativas de crecimiento estable que vayan gradualmente materializándose en una realidad. Pero tal estímulo no podrá implantarse sin ayuda de la inversión extranjera. Depender de préstamos de los organismos internacionales no sería suficiente, ni seguramente le serían concedidos, ni Argentina se puede permitir actualmente incrementar su endeudamiento exterior, al que ha acudido habitualmente para financiar su persistente déficit por cuenta corriente.
La necesidad de atraer capitales externos hace prioritario restaurar la confianza internacional. Es la razón fundamental por la que el Gobierno argentino debe ser extremadamente cuidadoso con empresas como las españolas, que han tomado posiciones muy importantes en sectores muy relevantes (banca, comunicaciones, energía). Estas empresas han invertido en el país como consecuencia de unas decisiones de sus gestores, de las que tendrán que dar cuenta a sus accionistas. No es que el Gobierno argentino (ni el español) tenga que velar por garantizar los resultados de tales decisiones, pero no puede repudiar a grupos de inversores que representan un porcentaje nada despreciable de su producto interno. También va a necesitar atraer capitales extranjeros para financiar el endeudamiento de su sector público. Dos tipos de inversores que deben volver a confiar en las posibilidades de crecimiento de la economía argentina, lo que debe constituir el primer objetivo del Gobierno.
Se han cometido dos errores importantes en el tratamiento de la crisis financiera: uno, al permitir desde el Gobierno, e incluso alimentar por parte de algunos de sus miembros, las críticas sociales a las empresas extranjeras como grandes explotadores causantes de la crisis; otro, incitar a que la declaración de impago de la deuda fuese recibida en el Congreso argentino con el mayor alborozo por parte de los congresistas.
Ambas reacciones chocan frontalmente con la confianza internacional que Argentina va a necesitar para salir de la crisis, y constituyen una gran irresponsabilidad.
Estos hechos se producen porque en una situación de crisis como la actual surge una gran tentación conservadora: la de refugiarse en el nacionalismo económico, acusando a grupos extranjeros de la crisis, ya sea por querer explotar sus inversiones, o porque son meros especuladores que buscan su enriquecimiento personal atacando la divisa doméstica en los mercados de cambio. Como reacción, suele proponerse la defensa a ultranza de la economía nacional recurriendo al proteccionismo con el establecimiento de tarifas arancelarias y restricciones a las importaciones, así como el apoyo a sectores productivos domésticos que, en algunos casos, son manifiestamente ineficientes y no soportarían la competencia externa.
Lejos de ello, Argentina debe abrir sus mercados. Sería un buen momento para liderar un movimiento con sus vecinos que redefiniese un área comercial más abierta que el actual Mercosur. Lamentablemente, desde la constitución del nuevo Gobierno se han visto actuaciones en la línea proteccionista.
Por supuesto que la apertura de mercados no es sostenible si los bienes domésticos no son competitivos. Este ha de ser otro objetivo primordial. Es el momento de presentar un Presupuesto saneado y creíble y, muy importante, debe evitarse un proceso hiperinflacionista, que contribuiría a la pérdida de competitividad de las empresas, de capacidad adquisitiva de una sociedad ya muy empobrecida, y podría estimular nuevas depreciaciones. La política monetaria no puede permitirse alegrías, a pesar de que la liberalización de acceso a depósitos bancarios puede desencadenar una crisis bancaria que el Gobierno intentaría frenar dotando de liquidez al sistema financiero. No sólo el área fiscal del gobierno, sino también el Banco Central deben recuperar el prestigio perdido.
Tampoco sería bueno intervenir para sostener la cotización del peso; no sólo porque el país no dispone de recursos suficientes, sino porque es bastante dudoso que tal defensa pudiera tener éxito a largo plazo. Además, ello tiene implicaciones monetarias que irían en contra del objetivo de mantener una inflación estable. En el contexto de una reducida inflación, la depreciación tendrá el efecto positivo de una ganancia de competitividad.
Es el momento de dejar que los mercados hagan una valoración real de las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la economía argentina. Y de que su clase política asuma su papel con responsabilidad y rigor.