Repsol propone un pago al Estado argentino en vez del nuevo impuesto
Las empresas y bancos españoles iniciaron una ardua negociación con el Gobierno argentino con el fin de suavizar el impacto del plan Duhalde. En un intento de frenar el anunciado impuesto del 20% sobre la exportación de petróleo, Repsol YPF y otras grandes compañías del sector ofrecieron el pago, por una sola vez, de hasta 1.200 millones de dólares (1.350 millones de euros) al Estado argentino, el doble de lo que recaudaría en todo el año con la tasa.
Repsol y Panamerican Energy propusieron en una reunión celebrada el pasado lunes con Jorge Capitanich, el jefe del Gabinete argentino, un mecanismo que reemplace al impuesto que el Gobierno quiere imponer para compensar a la banca por la conversión en pesos de los créditos que no superen los 100.000 dólares.
La oferta de las dos petroleras fue que el Gobierno dejara sin efecto ese tributo, por un periodo inicial de cinco años, a cambio de una disponibilidad inmediata de fondos para Argentina por parte de ambas empresas de hasta 1.200 millones de dólares, aproximadamente el 20% del valor de cuatro años de exportaciones de crudo.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que el periodo de cinco años dispuesto en la ley aprobada este fin de semana por el Congreso "muy posiblemente se extienda sin plazos". En Repsol, sin embargo, se asegura que el diálogo está abierto, no hay una fórmula cerrada y no es previsible una solución definitivo a corto plazo. El Gobierno argentino plantea una retención del 20% -llegó a sopesar un 40%- sobre las exportaciones de crudo, que totalizan unos 3.000 millones de dólares (3.300 millones de euros) al año, lo que daría 600 millones de dólares al año, es decir, 3.000 millones en cinco años. Una cifra muy lejos de los 6.000 millones de dólares que serían necesarios para inyectar al sistema bancario.
También la banca inició ayer el diálogo con el Gobierno, en su caso con el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, que recibió por separado a las dos asociaciones bancarias del país: Abapra, que agrupa a bancos públicos y de capital nacional; y ABA, que representa a la gran banca, incluidos los bancos Francés y Río, controlados por los españoles BBVA y SCH. Fuentes de las dos entidades evitaron adelantar sus planteamientos ante la reunión, que se celebraba de madrugada, hora española. El punto de partida es que, sin suficientes compensaciones por la devaluación y pesificación, el sector va a la quiebra. Ayer, un alto directivo financiero confirmó a este periódico que el desequilibrio de la banca supera los 14.000 millones de dólares.
La primera ronda de contactos dejó ver la disparidad de intereses entre las distintas empresas. Telefónica y el resto de las firmas del sector de telecomunicaciones intentan abrir un diálogo con Jorge Capitanich. La situación de este segmento es delicada por dos factores: su elevado endeudamiento en dólares con el exterior y su constante necesidad de importar equipos. En la reunión celebrada el lunes con Capitanich estuvieron presentes directivos de Telefónica y Telecom (participada por France Télécom y la italiana Stet), las dos grandes del sector.
Los portavoces de las compañías españolas trataron de ofrecer un talante conciliador ante el inicio de conversaciones. "Nadie quiere más recesión, ni a nadie le interesa un rebrote de la inflación", dijeron fuentes empresariales. "Nos han citado para escucharnos. No va a haber resultados inmediatos", declaró el portavoz de otra compañía como resumen de las conversaciones.
Las prestadoras de servicios públicos están dispuestas a abrir una negociación sin condiciones sobre el precio de sus servicios y de sus planes de inversión. El objetivo, una vez que se ha eliminado el precio en dólares y su actualización de acuerdo al IPC de Estados Unidos, es consensuar un mecanismo de ajuste de tarifas soportable para las empresas. Otro elemento sin aclarar es qué propondrá el Gobierno para afrontar la imposibilidad del pago de las deudas en dólares de las compañías.
Distintas empresas agrupadas en el Instituto Argentino de Servicios Públicos, entre ellos las eléctricas, también mantuvieron una reunión con Capitanich, aunque según fuentes conocedoras de la reunión, no hubo avances en este contacto, dada la diversidad de sectores representados. Un portavoz de Gas Natural dijo ayer que aún no se había iniciado el diálogo, para el que el interlocutor elegido sería Antoni Peris, presidente de su filial argentina, informa Jordi Sacristán. Tampoco Aguas de Barcelona, la otra gran afectada, confirmó cuándo participará en conversaciones con las autoridades.
Los bancos arriesgan 2.250 millones de euros
Los bancos españoles no han cubierto todo su riesgo en Argentina, pero las pérdidas se limitarían a unos 2.000 millones de dólares (2.250 millones de euros) incluso en el peor escenario posible, el de una bancarrota del sistema financiero, según un informe de Merrill Lynch. El impacto ascendería, después de impuestos y minoritarios, a 1.200 millones de dólares en el caso del Santander Central Hispano y a 940 millones de dólares para el Bilbao Vizcaya Argentaria. El grupo que preside Emilio Botín estaría menos expuesto a la crisis, dado que puede dotar provisiones por 1.200 millones de dólares sin un esfuerzo adicional (entre lo ya provisionado y su beneficio en ese país), mientras que el banco vasco sólo podría hacerlo en 660 millones de dólares y necesitaría detraer otros 280 millones de dólares, un 10% de su beneficio global. En una hipótesis menos dramática, con una devaluación controlada del 28,5% y apoyo del FMI, las pérdidas serían de 961 millones de euros para el SCH y de 753 millones de euros para el BBVA. Un análisis similar es el hecho por ING Barings, que estima que "una retirada de Argentina es una posibilidad" que costaría 183 millones de euros a SCH y 310 millones de euros a BBVA.