La situación argentina reabre el debate sobre la reforma del FMI
La reforma de los organismos multilaterales y, en particular, del Fondo Monetario Internacional (FMI), parecía aparcada hasta que el estallido de la crisis argentina ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema financiero internacional. Duras críticas han surgido contra la política del Fondo. El caso de Argentina condensa los errores de las recetas aplicadas y los experimentos en la búsqueda de una nueva dirección.
La crisis argentina ha elevado las voces de crítica a las políticas aplicadas por el Fondo Monetario en los países emergentes. El primero, y más significativo por su procedencia, fue el gobernador de la Reserva Federal de EE UU, Lawrence Meyers, asegurando que los problemas de Argentina eran fruto de las recetas aplicadas a instancias de "las recetas internacionales": planes de ajuste fiscal, centrados en el recorte del gasto, pero que dejaban de lado la reactivación económica y el encadenamiento de la divisa nacional al dólar.
Más contundente fue Francia. Su ministro de Exteriores, Hubert Vedrine, apeló el viernes a la responsabilidad de la comunidad financiera internacional en la situación que atraviesa Argentina para pedir su intervención en la solución de la crisis. París, como poco después hizo Roma, se sumaba, así, a la petición de asistencia financiera al país sura-mericano que lidera España, no en vano primer inversor de la tercera economía latinoamericana. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, pidió el jueves al Fondo que, cuando menos, efectuara los desembolsos establecidos en el programa (el organismo ha denegado los 1.260 millones de dólares previstos para diciembre) y solicitó, incluso, la ampliación de la asistencia financiera, como sí ha sucedido en el caso de Turquía.
La diferencia en el tratamiento de una y otra crisis (Turquía y Argentina) es meridional. A Turquía se le ha exigido unas metas macroeconómicas (en términos de déficit y precios) que no ha cumplido y un programa de reformas que, en lo esencial energía y telecomunicaciones, ha sido frenado por los militares. Sin embargo, el Fondo ha valorado los avances efectuados por el Gobierno y estudia conceder un nuevo paquete de ayudas por 10.000 millones de dólares (más 19.000 concedidos este año) que convertirían al Gobierno de Ankara en el primer deudor del organismo, por delante de Argentina.
Los analistas reconocen que la posición estratégica de Turquía (es además el único país musulmán que participa en la ofensiva internacional en Afganistán) le otorga una clara ventaja frente a Argentina. Y, además, recuerdan que Turquía ha pagado el precio de dejar flotar su divisa, la lira, desde febrero, lo que le ha supuesto una depreciación de su divisa de más del 100% este año.
Sin embargo, Argentina pagó su propia cuota al FMI cuando en enero de 1999 descartó una devaluación competitiva pese a la que entonces aprobó Brasil, su principal competidor, que a día de hoy ha depreciado el valor del real un 98%.
Lo cierto es que Argentina padece, en estos momentos, lo peor de los dos mundos: sufre las consecuencias de unos planes de ajuste que han mermado toda capacidad de reactivación y sirve de banco de pruebas para la nueva política que Estados Unidos quiere aplicar desde el FMI (no en vano ostenta la mayoría de los votos en el directorio del organismo).
El Tesoro estadounidense no ha planteado aún una reforma explícita y a fondo del organismo internacional. Pero ha dejado claras sus posiciones en el informe anual que ha presentado recientemente al Congreso, a la espera de los resultados.
En ese documento, el Tesoro apuesta, básicamente, porque el FMI limite su papel a la mediación entre acreedores y el país deudor para una reestructuración de la deuda. Y se decanta por una reducción de los paquetes de ayudas en favor de una mayor implicación del sector privado. æpermil;se es el papel que Estados Unidos y, por consiguiente, el Fondo están desempeñando en esta crisis.
Paralelamente, surgen otras propuestas de reforma como la de la subdirectora del organismo, Anne Krueger, que apostaba por establecer un mecanismo de declaración de quiebra para estos país similar al de las empresas de EE UU.
La dirección a seguir de ahora en adelante no está clara, pero la necesidad de modificar el papel de los organismos internacionales sí.