La desviación del IPC supondrá un gasto de 115 millardos en pensiones
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinará un total de 115.588 millones de pesetas para compensar a los pensionistas de la Seguridad Social por el incremento que han experimentado los precios hasta noviembre, del 2,7%, frente al 2% previsto para todo el año, y asegurar de ese modo el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.
De ese coste total, 59.855 millones de pesetas serán destinados al abono de una paga compensatoria el próximo enero, que será imputable al Presupuesto de 2001, correspondiente al reintegro de la desviación de siete décimas en el IPC de noviembre.
Así, más de ocho millones de pensionistas -7,7 son titulares de prestaciones contributivas y casi medio millón de no contributivas- van a beneficiarse de una subida adicional del 0,7%, que les será abonada en un pago único en enero, dos meses antes de lo establecido en la Ley de Racionalización y Consolidación de Pensiones de 1997, que asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.
Los pensionistas percibirán la cantidad que les corresponda, con independencia del abono ordinario de su pensión mensual de enero, que además estará ya actualizada con el 2% de subida aprobada para 2002, equivalente a la previsión de inflación del Gobierno para el próximo ejercicio. Dicha actualización se realizará después de haber consolidado el desvío de precios registrado en 2001. Es decir, en la revalorización de las pensiones del próximo año, los pensionistas verán incrementadas sus prestaciones un 2,7%, 0,7 puntos por la consolidación de la subida adicional de 2001 y un 2% correspondiente a la subida aprobada en los Presupuestos de 2002. De este modo, a la consolidación de dicha desviación en el año 2002 se destinará un total de 55.733 millones de pesetas.
Esta medida fue aprobada ayer en el Senado por unanimidad en una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002, que fue remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación.
Para una pensión de 104.765 pesetas (629,65 euros), el importe de la paga adicional de enero será de casi 12.000 pesetas (72,10 euros) y esa misma pensión pasará a ser el 1 de enero de 107.735 pesetas (647,50 euros).
La rebaja de la inflación en noviembre, que registró la tasa más baja del año, es una buena noticia para las cuentas públicas, frente a lo ocurrido el año pasado, cuando en el mismo mes el incremento de los precios fue del 4,1%, frente a una previsión para todo el año también del 2%. Entonces el coste de dicha desviación fue tres veces superior, hasta alcanzar los 340.000 millones de pesetas. La Ley de Pensiones de 1997 garantizó el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios según la inflación, tomando como referencia el índice de precios de consumo interanual en noviembre. Según esta ley, las pensiones de la Seguridad Social serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del índice de precio de consumo previsto y si el IPC final de noviembre fuese superior, se procederá a su actualización.
A la citada paga única y al incremento de la revalorización de las pensiones habrá que sumar las subidas que tres millones de pensionistas tendrán el año que viene tras la aplicación de las medidas que se pondrán en marcha el 1 de enero de 2002 por el acuerdo de pensiones firmado el pasado 9 de abril entre el Gobierno, el sindicato Comisiones Obreras y la patronal CEOE-Cepyme.
En virtud de dicho acuerdo, todas las pensiones de viudedad verán cómo se incrementa el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora para el cálculo de su pensión, que pasará del 45% al 46%. La subida alcanzará el 70% para los titulares de pensiones de viudedad con cargas familiares cuando dicha prestación constituya la única o principal fuente de rentas. Las pensiones mínimas de viudedad para menores de 65 años aumentarán un 4,2%, igual que las mínimas de jubilación para menores de 65 años.
La moderación de los precios desactivará las cláusulas de revisión salarial
El nuevo retroceso protagonizado por los precios durante el mes de noviembre, quinto consecutivo, ha situado la tasa interanual en el 2,7%, las más baja desde noviembre de 1999, lo que evitará que se repita la situación del pasado ejercicio, cuando las empresas tuvieron que soportar un coste de 350.000 millones de pesetas por la desviación registrada en la inflación.
La entrada en vigor de las cláusulas de revisión salarial supuso el año pasado un incremento medio del 4%, equivalente a la inflación real, para un colectivo de más de 5,2 millones de trabajadores, a quienes se habían actualizado sus salarios en función de la previsión oficial de precios del Gobierno, del 2%.
Este año la realidad será bien diferente, ya que la inflación acumulada a noviembre es del 2,3%, por lo que no es previsible que la desviación sea de la magnitud de la registrada en 2000.
No obstante, el parámetro más correcto y utilizado para medir la pérdida o ganancia de poder adquisitivo es la inflación media, que el mes pasado se situó en el 3,7%. Con esta cifra, y teniendo en cuenta que el incremento salarial medio pactado en la negociación colectiva es del 3,4%, los trabajadores vuelven a perder poder adquisitivo.
Tanto UGT, como CC OO pusieron ayer de manifiesto que esa pérdida de poder de compra es todavía más importante en colectivos como los empleados públicos, los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) y la prestación por desempleo, ya que todos ellos ven actualizadas sus rentas salariales en base a la previsión de inflación para el ejercicio en curso.
Por este motivo, ambos sindicatos reiteraron la necesidad de establecer los mecanismos necesarios en cada caso para recuperar las desviaciones de inflación a esos colectivos, con el objetivo de que su poder de compra no se vea mermado en un momento en el que es necesario sostener el nivel de demanda para minimizar los efectos de la desaceleración económica.
Así, UGT y CC OO solicitaron sistemas de revisión automáticos, a semejanza del existente para las pensiones.
Tanto los sindicatos, como la patronal consideraron imprescindible realizar un esfuerzo colectivo para avanzar en una mayor estabilidad de precios.