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INTERNACIONAL

La disparidad de criterios diluye la ofensiva mundial contra el blanqueo

La lucha internacional contra el blanqueo de capitales recibió un serio espaldarazo tras el 11 de septiembre. Pero la disparidad de criterios de los organismos encargados de combatir el lavado de dinero diluye la efectividad de la ofensiva.

Dos organismos internacionales asumen en estos momentos la lucha internacional contra el blanqueo de dinero. Por un lado se encuentra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, creado en 1989 a instancias del Grupo de los Siete. Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva a cabo, desde 1986, una iniciativa contra el blanqueo y la financiación de actividades ilícitas ligadas a las prácticas fiscales consideradas dañinas para la competencia económica.

Pero ambos organismos no han sido capaces de establecer criterios comunes para la elaboración de sus conocidas "listas negras" de países considerados no cooperantes.

De hecho, los listados de los países considerados paraísos fiscales por cada uno no coinciden ni en un solo nombre, lo que reduce la efectividad de su trabajo y la posibilidad de aplicar sanciones. Tras 12 años de existencia, el GAFI anunció la semana pasada su primera sanción por no cooperar en la lucha contra el lavado de dinero.

El país acusado fue la pequeña isla de Nauru, con 12.000 habitantes y 450 bancos, cuyas actividades no están sometidas a ningún tipo de regulación internacional.

La sanción consiste en reforzar la vigilancia sobre las actividades de las instituciones financieras y obligar a los miembros del GAFI a notificar las transacciones financieras que realicen con entidades o personas de la isla.

La disparidad de criterios entre el GAFI y la OCDE pasa por los diferentes instrumentos que persiguen con sus actuaciones. El GAFI ha centrado su actividad en el control y la transparencia bancaria como fórmula para estrechar el cerco a las actividades ilícitas.

La OCDE, en cambio, se concentra en la parte fiscal al considerar que el principal atractivo de estos centros financieros pasa por una baja tributación y la posibilidad de evadir impuestos. Se piensa que si se eliminan los paraísos fiscales, los beneficios de actividades ilícitas no tendrán más remedio que integrarse en los canales financieros regulados.

La nueva Administración de EE UU se distanció desde el principio de la iniciativa de la OCDE, apelando al derecho de cada país a fijar su propio régimen fiscal, consciente, además, de que buena parte de los clientes de estos centros son, precisamente, fondos y ciudadanos estadounidenses.

Hasta el 11 de septiembre, el equipo de George Bush también mostró claras reticencias a la iniciativa del GAFI por entender que suponía una injerencia en el derecho al secreto bancario. Pero tras los atentados terroristas, su posición ha dado un giro de 180 grados y ha pasado a liderar la lucha internacional contra la financiación del terrorismo.

Por eso, EE UU quiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asuma el protagonismo y lidere la ofensiva en la materia.

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