El pago de la tasa abre la puerta a compartir las redes del móvil

La necesidad del Ejecutivo de cuadrar las cuentas de 2001 ha colocado en una posición de fuerza a los operadores de móvil, sobre todo a Telefónica Móviles y a Vodafone, que parecen haber ganado finalmente la batalla de la tasa. A cambio de pagar íntegro el impuesto referido a este año, logran una rebaja del 75% para los próximos años y ponen en vías de solución tres importantes reivindicaciones: que se compartan redes, la devolución de las frecuencias de DCS 1800 y la redistribución de la cuantía de la tasa por tecnologías.

Telefónica Móviles califica oficialmente de "mera coincidencia" el hecho de que la fecha límite para plantear enmiendas a la Ley de Presupuestos de 2002 y el día en que hizo efectivo el pago de la tasa del móvil de 2001 hayan sido el mismo. Pero la casualidad en este caso ha llegado a la máxima precisión.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados agotó la hora tope fijada en las seis de la tarde del lunes para presentar la enmienda que rebaja de 60.000 a 40.000 millones de pesetas (de 360 a 240 millones de euros) la tasa por uso del espectro radioeléctrico. En el mismo minuto, la agencia de noticias Bloomberg emitió una noticia urgente anunciando que Telefónica pagaba los 38.000 millones de pesetas correspondientes a la controvertida tasa de 2001. Pocos minutos después, era Vodafone quien hacía público que también ella abonaba el impuesto.

Para dejar claro qué operadores llevaban la voz cantante en los contactos con el Gobierno sobre este asunto, todavía ayer un portavoz de Amena aseguraba que esta operadora apuraría los plazos para decidir si pagaba la tasa o, por el contrario, se mantenía en la postura anunciada de recurrir el impuesto.

Xfera, que también se mostró sorprendida por la imprevista actuación de Telefónica Móviles y Vodafone, tenía ayer las ideas claras. La operadora mantiene el recurso ante la Audiencia Nacional y no tiene intención de pagar la tasa porque sigue considerando que el impuesto es desproporcionado y la rebaja prevista para 2002, insuficiente.

Moneda de cambio

A pesar de las declaraciones oficiales, fuentes del sector aseguran que el pago de la tasa ha sido la moneda de cambio en un pacto de mayor calado entre las grandes operadoras y el Gobierno, que viene a satisfacer buena parte de las reivindicaciones que éstas venían planteando.

Los puntos evidentes del acuerdo son la rebaja del 75% en la tasa de 2002 y el compromiso de mantenerla estable durante al menos cuatro años. A ellos hay que añadir otros, como la posibilidad de compartir redes, la devolución del espectro de DCS 1800 y la redistribución de la cuantía de la tasa por tecnologías.

Administración y operadoras están de acuerdo en que la puerta para poder compartir infraestructuras en el mercado español y en la tecnología UMTS puede ser la orden que regulará la figura de los operadores móviles virtuales.

Esta regulación, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología lleva casi un año redactando, permitirá el establecimiento del roaming (itinerancia) nacional entre las cuatro operadoras celulares. Hasta el momento, sólo Xfera podía, una vez cumplidas las condiciones del concurso, utilizar esta prerrogativa, pero la previsión es que se extienda a sus rivales. La itinerancia es un elemento previo e imprescindible para la compartición de redes, siempre que se siga al modelo alemán, propugnado por Telefónica. Esta fórmula se basa en el reparto territorial de las zonas donde cada compañía tiene que desplegar red.

Espectro

Otro contencioso que quedará resuelto tras el pago de la tasa es el que se refiere a la definitiva adjudicación a Telefónica, Vodafone y Amena de una porción de espectro radioeléctrico que en el momento de la adjudicación del concurso de las licencias de DCS 1800 en 1998 estaban siendo utilizadas para comunicaciones militares. Las tres empresas citadas pagaron una cantidad aproximada de 7.000 millones de pesetas para que estas frecuencias fueran "limpiadas", pero posteriormente el Ministerio de Ciencia y Tecnología no quiso entregárselas aduciendo que necesitaba este espectro para ampliar la competencia en telefonía móvil.

El último punto del acuerdo tiene que ver con el reparto de la cuantía de la tasa, año por año, en función de las distintas tecnologías y redes que se han desplegado o van a desplegarse para dar servicios de telefonía celular. En la rebaja del impuesto propuesta se reduce la tasa tanto para las redes GSM como para las de UMTS. No obstante, la disminución de la cantidad a pagar es mucho más significativa para la tecnología GSM que para la del nuevo móvil multimedia.

Esta última medida beneficia a Telefónica Móviles y a Vodafone en mayor medida que a Xfera y Amena. Las dos primeras operadoras también eran las que tenían más fácil hacer efectivo el pago de la tasa.

 

Los trabajadores de Xfera piden respuestas

Los trabajadores de Xfera quieren involucrar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la crisis que vive la compañía y que ha terminado con la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectaría, de ser aceptado, al 73% de la plantilla. Para ello, el presidente de los representantes de los trabajadores, Antonio González, ha remitido una carta a la ministra Anna Birulés en la que solicita una entrevista con el objetivo de debatir varios puntos clave. La relevancia de estos aspectos es, a juicio de los trabajadores, tal que piden a Ciencia y Tecnología que solicite a su vez al Ministerio de Trabajo la suspensión cautelar del expediente, a la espera de que sean aclarados.

La plantilla del cuarto operador considera que Ciencia y Tecnología está directamente afectado en la situación, puesto que Xfera basa su existencia en una concesión administrativa y ha asumido fuertes compromisos con Ciencia y Tecnología. Con este escenario hay tres preguntas cuya respuesta resulta fundamental antes de definir el alcance del expediente. La primera de ellas son las consecuencias "económicas, técnicas y organizativas que tendría el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Xfera derivados del expediente de regulación". También creen imprescindible el juicio de Birulés sobre la consecuencia de un posible cambio accionarial en la operadora en la titularidad de la licencia. Por último exigen que Ciencia y Tecnología aclare cuándo creen ellos que la tecnología UMTS estará lista para su utilización.