Cavallo busca un pacto social para alejar el riesgo de suspender pagos
El difícil proceso de negociación de la deuda argentina ha entrado en una fase decisiva. Mientras la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia el estado de las cuentas fiscales, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, debate los términos del canje de deuda con los bancos y sostiene que algunos miembros del Fondo propician una devaluación del peso. También encara una difícil concertación social y política.
La situación argentina cambia por horas o, al menos, eso es lo que ocurre con el ánimo de sus responsables económicos y políticos.
El lunes, al iniciarse el trabajo del FMI sobre las cuentas fiscales, el optimismo se instaló en esos círculos que daban por descontado el visto bueno de la misión y un rápido desembolso de 1.400 millones de euros en el marco del programa acordado en marzo pasado. Ayer, el panorama dio un giro de 180 grados.
La "tensa relación" entre Cavallo y el Fondo podría dificultar un perdón del organismo al "desvío" del país de las metas fiscales acordadas. En realidad, el problema es mucho más complejo.
De acuerdo con las últimas cifras, el déficit público de octubre habría superado en 170 millones de euros al previsto. En conjunto, la previsión del déficit anual es de 9.700 millones de euros contra los 7.410 comprometidos con el FMI. Pero, además, los técnicos del organismo estudian las cuentas provinciales. Y las deudas de las provincias con los bancos ascienden a 17.250 millones de euros. Teóricamente, las entidades financieras acreedoras deben presentar parte de esos papeles en la primera fase del canje de deuda pública que vence el próximo viernes. Pero mientras una parte ha aceptado hacerlo, básicamente los bancos españoles, otros siguen negociando con Cavallo los términos en que lo harían.
El ministro, que ha confiado a sus allegados que "alguna gente del Fondo quiere una devaluación", depende de éste. El 19 de diciembre vence el pagó de un cupón de bonos globales. Si para esa fecha Argentina no cuenta con los fondos sucientes, entraría automáticamente en suspensión de pagos. Como alternativa, el ministro, una personalidad muy creativa en política económica, estudia, en acuerdo con empresarios locales, el lanzamiento de un "bono patriótico" por 1.150 millones de euros. También pretende introducir reformas en el impuesto a las ganancias que le permitan gravar a las firmas que han obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años. Fundamentalmente, las empresas de servicios y banca bajo control extranjero.
Los funcionarios aseguran que el canje de deuda "marcha muy bien". Pero la asociación de acreedores extranjeros han anunciado que presentarán una querella contra Argentina en los tribunales de Nueva York. Una situación que complica aún más la reestructuración de la deuda. No por casualidad es que el riesgo-país repuntó ayer a 2.910 puntos básicos, tras haber caído a 2.670 a primera hora del día.
Mientras tanto, el Gobierno brega por poner de acuerdo a los agentes sociales y conseguir un consenso político para gobernar. Pero la división entre sindicatos e industriales, de un lado, y banqueros y empresas de servicios, del otro, no augura un buen resultado. La política de déficit cero le aliena apoyos al Gobierno. El debate sobre la devaluación arrecia. Nadie parece tener un remedio para una crisis terminal.