<i>Un nuevo escenario</i>
Julián Ariza analiza los cambios que plantea la decisión del Gobierno de "posponer" su iniciativa para la reforma de la negociación colectiva. CEOE, CC OO y UGT deberán ponerse de acuerdo respecto a los convenios de 2002.
En materia socioeconómica y laboral, uno de los asuntos más relevantes en estos momentos lo ha producido la noticia de que el Gobierno ha aceptado posponer su decisión de reformar la normativa sobre negociación colectiva, tras saber que la CEOE, CC OO y UGT están dispuestas a buscar una posición compartida para la negociación de los convenios colectivos de 2002. Subrayo el término posponer porque en ningún momento el Gobierno ha hablado de renunciar a una reforma unilateral de la citada normativa, e incluso ha advertido que esperará hasta finales de noviembre para, tras conocer el contenido de ese hipotético acuerdo entre patronal y sindicatos, tomar la decisión que considere oportuna.
Varios comentaristas han destacado que este nuevo escenario sería equivalente al que hubo hace casi 20 años, esto es, al del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, suscrito en 1983. Es cierto que algún portavoz sindical y patronal ha mencionado lo de hacer un acuerdo interconfederal, sin esperar siquiera a que se esboce un índice de contenidos, sin que nadie sepa si habrá o no acuerdo, ni tampoco cuál podría ser su naturaleza jurídica. Y aunque no parece que haya entre los interlocutores sociales prevención para abordar la cuestión, la impresión es que puede estar corriéndose el riesgo de poner el carro delante de los bueyes. Entre otras razones, porque las circunstancias que rodearon a aquel acuerdo de 1983 nada tienen que ver con las actuales.
Por sólo apuntar un par de comparaciones, hay que recordar que en 1983 padecíamos una situación económica grave, seguíamos bajo los efectos de una profunda reestructuración industrial y continuaba la curva ascendente del incremento del paro. Aunque de cara a 2002 la buena coyuntura económica de estos últimos años sufra algún bajón, el panorama general es bastante mejor al de entonces. Pero sin minimizar las sombras que hoy aparecen ante nuestros ojos, en lo que más cambia la situación es en que la idea de un acuerdo interconfederal para 2002 se ha lanzado no tanto como iniciativa en positivo para, en un sano ejercicio de autonomía de sindicatos y patronal, enmarcar lo que va a ser la negociación colectiva del año que viene, sino como forma de salirse de la mesa tripartita que estaba intentando el consenso sobre la reforma normativa de la negociación colectiva. Que la viabilidad de tal consenso fuera remota no debe ocultar el desigual interés que cada una de las partes ha mantenido para que lo hubiera.
De lo dicho se desprende que el proclamado ejercicio de autonomía va a tener un condicionamiento singular. Pues, como destaqué al principio, el Gobierno no ha renunciado, ni mucho menos, a legislar por su cuenta. Y es innecesario repetir una vez más que el fondo de su reforma, eufemismos aparte, no es otro que facilitar todo lo posible que en el ámbito de cada empresa concreta los costes salariales no tengan que ajustarse a las pautas y cuantías que marquen los convenios colectivos de ámbito sectorial y, por tanto, puedan reconsiderarse, obviamente a la baja.
Si la mesa tripartita para la reforma de la negociación colectiva se da por muerta, el Gobierno tendrá todavía más libres las manos de lo que ya las tiene para legislar sin mediatizaciones, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento, sin otra consideración que la de retrasar más o menos en el tiempo el momento de hacerlo en función de la valoración que le merezca lo que pudieran acordar en cuestión de salarios la patronal y los sindicatos.
La nueva negociación que va a abrirse tropezaría, por tanto, con esta variante de coacción gubernamental si desde el principio no se delimita bien el campo entre lo que es un intento de enmarcar la negociación de los convenios del año que viene, de lo que es una reforma de la normativa de la negociación colectiva, que afecta al Estatuto de los Trabajadores (ET). Porque, con independencia de lo que pudiera acordarse para los próximos convenios colectivos, debe evitarse que la tantas veces citada reforma legal la haga unilateralmente el Gobierno, aunque no diga cuándo.
Va a resultar interesante seguir la evolución de esta nueva negociación entre sindicatos y patronal. De entrada hay que descartar que se aborden puntos de enjundia relativos a la reforma del ET, sencillamente porque el alejamiento de las posiciones de unos y de otros es notorio. La astucia de la patronal al favorecer el surgimiento de este nuevo escenario le ha servido para diluir ante la opinión pública el ser la fundamental responsable del fracaso de la mesa tripartita, cambiando sus anteriores posiciones y planteando ahora otras bastante más inadmisibles que las del Gobierno.
También va a ser interesante saber cómo piensa resolverse la contradicción entre el deseo que tienen, tanto la CEOE como el Gobierno, de superar la tan supuesta como falsa rigidez de los convenios sectoriales en lo que afecta a los costes salariales -de ahí su común interés en tratarlo a nivel de empresa- y aceptar hoy que puedan fijarse las subidas salariales de manera global. Asunto mucho más sugestivo si se tiene en cuenta que los sindicatos llevan 20 años practicando la moderación salarial.
Es evidente que el nuevo escenario va a resultarnos a todos muy ilustrativo.