Patronal y sindicatos prometen un pacto social y moderación salarial

Los máximos líderes de la patronal y los sindicatos propusieron ayer un trato al Gobierno: ellos negociarán un acuerdo entre sus cúpulas que fije los contenidos básicos de los convenios en 2002 -lo que incluye un pacto del incremento salarial- y, a cambio, el Ejecutivo renuncia, al menos de momento, a la reforma legal de la negociación colectiva. El Gobierno aceptó con agrado la propuesta, que le garantiza afrontar la incertidumbre económica con moderación salarial y un periodo de paz social de cara a la presidencia española de la UE.

La historia se repite 17 años después. Los máximos líderes de la patronal CEOE y de los sindicatos CC OO y UGT aceptaron ayer negociar un acuerdo interconfederal entre sus cúpulas, en el que se fijarán las líneas básicas de contenido que deberán recoger los convenios que se negocien en 2002. Uno de estos contenidos esenciales consistirá en un pacto de incremento salarial para el próximo ejercicio. Todo ello dentro del marco legal vigente.

De esta forma, los interlocutores sociales colaborarán con la política económica del Gobierno, haciendo que los convenios del próximo ejercicio sean instrumentos útiles para afrontar la incertidumbre económica con la que se encara el año 2002 por la crisis y la entrada del euro, así como para retomar el control sobre la inflación.

Pero este ofrecimiento de patronal y sindicatos no llegó de forma aislada. Se trataba de la moneda de cambio que José María Cuevas (CEOE), José María Fidalgo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) ofrecieron ayer al Gobierno a cambio de que renuncie, al menos por el momento, a imponer unilateralmente una reforma legal del sistema de negociación colectiva que no iba a contar con el consenso de los interlocutores sociales.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, recibieron ayer personalmente esta propuesta de los máximos líderes sindicales y empresariales.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Al término del encuentro, Rato comunicó que el Ejecutivo aceptaba esta "nueva" propuesta "tras valorar que cuenta con un gran respaldo" y por "considerarla muy positiva para el crecimiento económico y la creación de empleo".

Directrices salariales

El entusiasmo de Rato estaba justificado. El acuerdo interconfederal que se les ha propuesto incluye que las cúpulas de empresarios y sindicatos consensúen el incremento salarial, que aconsejarán pactar a sus unidades de negociación en los convenios de 2002.

En teoría, este modelo de fijación de los contenidos de los convenios -que no se aplica desde hace 17 años, cuando en 1984 CEOE y UGT firmaron con el primer Gobierno socialista el Acuerdo Económico y Social (AES)- se convertirá, en primer lugar, en una garantía de moderación salarial y, en consecuencia, de control de la inflación; y, en segundo lugar, supondrá un aval para el Gobierno, que ejercerá la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2002 con la paz social más que garantizada.

No obstante, ni Fidalgo ni Méndez quisieron hablar ayer explícitamente de un "pacto de rentas" para fijar el incremento salarial de 2002, si bien ambos líderes insistieron en que en el acuerdo interconfederal que negocien con la CEOE "se abordarán todas las materias" y "no se excluirá ningún contenido". Quien dejó claro este punto fue el propio Rodrigo Rato, ya que tras ser preguntado por si el acuerdo interconfederal incluirá un pacto de rentas, contestó: "Si no entiendo mal, todos estos acuerdos interconfederales incluyen los salarios, sí".

En cualquier caso, este ofrecimiento hecho ayer por la patronal y centrales sindicales no fue en modo alguno gratuito. Tras comunicar que el Gobierno aceptaba la propuesta de los agentes sociales, Rato admitió, si bien no lo hizo explícitamente, que el Gobierno no legislará en solitario para reformar la estructura de los convenios.

La renuncia no es total

Sin embargo, Rato no quiso cerrar las puertas a una futura reforma legal del sistema de negociación colectiva, ya que ésta es una de las promesas electorales del Gobierno del Partido Popular y anunciada personalmente por el presidente del Gobierno, José María Aznar.

Por ello, repitió hasta en dos ocasiones que el Ejecutivo "sigue pensando que el marco legal que regula los convenios aún permite mejoras para introducir mayor flexibilidad y libertad en el mercado laboral". Pese a ello, se mostró "sensible", en palabras de Méndez, ante una propuesta de acuerdo "que obedece claramente a los intereses generales".

Con la decisión adoptada ayer unánimemente, todas las partes salieron aparentemente indemnes, ante la opinión pública y ante sus afiliados, del atolladero en el que estaban y que no tenía fácil solución, después de casi un año de desencuentros y propuestas rechazadas en un vano intento de reformar la estructura legal de los convenios colectivos en España.

 

Una fórmula que resucita 17 años después del AES

El 9 de octubre de 1984 Felipe González, presidente del Gobierno, lograba sentar a José María Cuevas (CEOE) y a Nicolás Redondo (UGT) ante un papel con medidas de política económica que el Ejecutivo se comprometía a aplicar, pero que tenía un anexo con un acuerdo interconfederal que delimitaba el crecimiento de los salarios para 1985 y 1986. Era el Acuerdo Económico y Social (AES), el último gran acuerdo de concertación que recogía un pacto de rentas. Desde entonces ha habido más desencuentros que encuentros, pero hay que destacar los pactos para reformar la legislación sobre contratos y despidos de 1997 y los de pensiones de 1996 y de 2001.

Ahora, 17 años después del AES, sindicatos y patronal se han comprometido a buscar una réplica del mismo, en un ejercicio desconocido ya en las relaciones laborales.

Pero hasta la firma del AES, la transición política fue posible sin desgarros socioeconómicos porque una serie de pactos encadenados condujo la transición económica hasta cerca de los noventa. El primero de ellos fueron los Pactos de La Moncloa, firmado el 25 de octubre de 1977. Pese a ser un acuerdo político, tenía reflejo económico, ya que cambió el mecanismo de negociación de salarios: se pactarían subidas iguales a la inflación prevista, y no iguales a la inflación pasada. Tal mecanismo fue la camisa de fuerza que maniató la inflación, que entonces sobrevolaba tasas superiores al 25%.

Posteriormente, ya UGT y CEOE a solas, firmaron el Acuerdo Marco Interconfederal, en enero de 1980, que sirvió de base para articular el Estatuto de los Trabajadores.

En 1981, con presencia también de Comisiones, se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), que rezumaba búsqueda de estabilidad social tras el golpe de Estado del 23-F en aquel año. Y, por último, el 15 de febrero de 1983 se ratificó el Acuerdo Interconfederal, el único de rentas puro firmado en España.