<i>Terrorismo y desregulación financiera</i>
José María Zufiaur mantiene que los Estados deben establecer reglas más específicas para terminar con el blanqueo de dinero, una práctica que, asegura, sirve para financiar actividades terroristas.
Según parece probable, quienes están detrás del execrable magnicidio terrorista del pasado 11 de septiembre no sólo se dedicaron a provocar, en el corazón financiero y militar del país más poderoso del mundo, el caos, el terror y la muerte de miles de personas sepultadas bajo 200.000 toneladas de cemento y acero. También, gracias a su siniestra información privilegiada, lograron pingües beneficios mediante operaciones bursátiles, realizadas en los días anteriores a la masacre, que se convirtieron en beneficios supermillonarios después del hundimiento de las Bolsas tras el atentado.
El propósito del presidente Bush, apoyado por la comunidad internacional, de "erradicar el terrorismo" -recemos por que, a tenor de las expresiones, del tono y del talante empleado por parte de algunas autoridades estadounidenses, esta erradicación no se realice produciendo males y atrocidades parecidos, hacia personas y pueblos inocentes, a los provocados por los propios terroristas- debiera incluir la voluntad decidida de acabar con distintas formas de economía criminal (comercio de la droga, tráfico ilegal de armas, distintas versiones de impuesto revolucionario, secuestros, actividades mafiosas) que crecen exponencialmente al amparo de los paraísos fiscales y sirven en muchas ocasiones para sostener financieramente las actividades terroristas. Según el grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental creado por el G-7 en su reunión de París de 1989, el blanqueo de dinero representa actualmente un billón de dólares al año, de los que nadie sabe exactamente cuántos sirven para financiar al terrorismo.
Esta nueva voluntad internacional de erradicar el terrorismo, de raíz ideológica o que emana del fundamentalismo religioso, es algo que sin duda hay que aplaudir, sobre todo desde un país como el nuestro, tan castigado por el terrorismo de alta y baja intensidad, conocedores, además, de que la tarea será enormemente complicada. En ese sentido, la lucha para controlar los centenares de miles de millones de dólares de dinero negro que circulan diariamente por el mundo en completa impunidad debería ser una de las más exigentes prioridades.
Conforme a los datos aportados por el suplemento del diario Le Monde sobre economía del pasado día 18, dedicado en gran parte al análisis de los mecanismos financieros internacionales opacos e irregulares, el conjunto de actividades ilícitas realizadas por organizaciones criminales, recogidas en un nuevo instrumento estadístico denominado producto criminal bruto (PCB), alcanzaría una cifra de negocios a nivel mundial de entre 800.000 y 900.000 millones de dólares a finales de los años noventa, es decir, el equivalente al PIB de China en la misma época. De igual manera, y a título de ejemplo, se puede señalar que el montante de los títulos cotizados en Bolsa y detentados por los carteles de la droga de Cali y de Medellín es evaluado en 10.000 millones de dólares.
Unas cifras espectaculares que, sin embargo, chocan con la escasa voluntad política demostrada hasta ahora por los grandes países para acabar con los paraísos fiscales, el tráfico ilegal de armamento o, en otro orden de cosas, para impedir la evasión fiscal o para gravar las transacciones financieras internacionales. Así, y pese a que diversos Consejos de Europa vienen estableciendo, desde 2000, resoluciones contra el blanqueo de capitales y la actuación de los paraísos fiscales, los resultados concretos parecen inexistentes.
La lucha contra la opacidad y la falta de transparencia de los mercados financieros internacionales exigiría una gran voluntad política por parte de los Estados -ya que los grandes grupos económicos más bien se muestran hostiles a medidas a favor de la transparencia- para establecer reglas que permitan conocer a los titulares reales de las cuentas bancarias, acabar con el secreto bancario en cuanto a la posibilidad de que no esté vedada a la autoridad pública el acceso a las cuentas bancarias sospechosas de encubrir actividades criminales y agilizar la cooperación judicial entre los Estados para actuar más rápidamente y con menores trabas en investigaciones que afectan a otros Estados.
Estas medidas tendrían que ir acompañadas, o precedidas, de otras como la tasa Tobin para desalentar la especulación financiera y establecer un fondo de ayuda a los países más pobres (cada día se mueven en el mundo l,6 billones de dólares de los que aproximadamente el 95% tiene un carácter claramente especulativo); o como la propuesta del ministro de Economía y Finanzas francés, Laurent Fabius, de establecer una tasa sobre los movimientos internacionales de venta de armas. En el origen de la primera de estas medidas está nada menos que el señor Keynes, quien ya sugirió el establecer un impuesto sobre los movimientos de capitales, al objeto de estabilizar la Bolsa de Nueva York, idea luego retomada por J. Tobin, premio Nobel de Economía.
No son respaldo técnico, por tanto, lo que les falta a estas propuestas, sino voluntad política para re-regular los mercados financieros por parte de quienes los desregularon.