Pilar Giménez-Reyna ingresa en prisión acusada de estafa
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó ayer la prisión incondicional por apropiación indebida y estafa entre otros delitos para la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, que ingresó horas después en la prisión de Soto del Real. La juez afirma que Giménez-Reyna conocía la situación de crisis de la agencia de valores. Considera la magistrada que es responsable de la desaparición de los 18.000 millones por no evitar la crisis de la sociedad y añade que colaboró para ocultar la situación financiera de Gescartera.
La juez Teresa Palacios, en el auto de prisión, tira por tierra los argumentos de defensa que esgrimió la presidenta de Gescartera en sus sucesivas comparecencias. Dice la magistrada que "no es de recibo que la actitud de la señora Giménez-Reyna, reflejada, según su letrado, de una tremenda ingenuidad y de ignorancia capital sobre aspectos esenciales en cualquier negocio, sirva de argumento exculpatorio".
La juez Palacios, siguiendo la petición del teniente fiscal anticorrupción Luis López Sanz y de casi todas las demás acusaciones, decretó ayer tarde la prisión provisional sin fianza contra Pilar Giménez-Reyna por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y otros colaterales como falsificación, delito fiscal y societario. La juez esgrime la gravedad de los delitos y la posible huida de la acusada porque "los beneficios obtenidos puestos a buen recaudo en el extranjero" pueden ser susceptibles "de ser utilizados para financiar la huida de la justicia". Horas después de notificar el auto la presidenta de Gescartera fue conducida a la prisión madrileña de Soto del Real, en la que también se encuentra desde el pasado 16 de julio Antonio Camacho, principal accionista de la sociedad.
La juez reitera en varias ocasiones que Pilar Giménez-Reyna conocía el importante desfase patrimonial (en 1999 era de 7.000 millones) que Gescartera venía arrastrando desde 1993. Y la acusa de no ejercer las funciones propias de sus cargos para corregir la situación de crisis o de no tomar iniciativas para denunciarlo ante el órgano supervisor. Añade la magistrada que, "pretendiendo tapar una situación de descapitalización de tal sociedad, se sirvió de sus relaciones personales y familiares y a su través, contactos con la CMNV". Esta afirmación, según el auto, queda acreditada en el diario personal incautado a la imputada. El dietario también demuestra su puntual conocimiento de la situación patrimonial de Gescartera.
Cargos
También asegura la juez que Pilar Giménez-Reyna no sólo se ocupaba de la captación de clientes, sino que conocía toda la situación interna e incluso dio órdenes de aplicación de minusvalías. Además, a sabiendas de la crisis capta nuevos clientes, a sabiendas de que "las inversiones iban a ser destinadas a aliviar la inexistencia de 7.000 millones". Desde 1998 hasta 2000 los cargos de la acusada suponían ascensos. Según el auto, "esta situación le pareció cómoda y aceptó ser consejera, después vicepresidenta y actualmente presidenta, que pretendiendo ampararse en su nula capacidad de maniobra en la gestión de Gescartera no hizo uso de facultades inherentes a sus cargos". El portavoz del PSOE en la comisión de investigación, Juan Fernando López-Aguilar, manifestó que es normal que Giménez-Reyna acabe donde "su compañero de andanzas bursátiles". Ana Mato, coordinadora de Acción Sindical del PP, mostró el "respeto" de su partido a la decisión de la juez Palacios.
La CNMV aprueba la creación del fondo de garantía de inversiones
La gestora nace con un capital de 27 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la creación de la sociedad gestora del fondo de garantía de inversiones, así como su primer consejo y los estatutos de la misma. La aprobación, en la tarde noche del martes, coincide en el tiempo con la dimisión de su presidenta Pilar Valiente.
Cada una de las 111 entidades que formarán esta sociedad gestora tendrán que desembolsar 250.000 pesetas (1.500 euros), con lo que el capital social de la misma ascenderá a 27,775 millones de pesetas (166.931,11 euros).
El consejo de administración de la sociedad gestora estará formado por 15 consejeros elegidos entre las agencias y sociedades de bolsa, un representante de la CNMV y consejeros de las comunidades autónomas con competencias en el mercado de valores.
El próximo día 27 se firmará ante notario la escritura pública, con lo que quedará constituida formalmente la sociedad gestora, que deberá iniciar los trabajos relativos a su presupuesto y a la cuantía del fondo de garantía de inversiones, que deben ser aprobados por el organismo rector.
La CNMV confía, según fuentes próximas a la misma, en que antes de que finalice el mes de noviembre el fondo de garantía de inversiones, que tiene carácter retroactivo y al que se podrán acoger tanto los afectados por la agencia de valores AVA como los de la agencia Gescartera, esté creado.
En medios bursátiles se indica que aquellas firmas que estén inscritas en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que no secunden esta iniciativa serán sancionadas, incluso excluidas del registro oficial de la CNMV.
Duplicidad de fondos
La llamada del regulador a los miembros y no miembros del mercado no significa que estén obligados a pagar las derramas que exige o pretende la comisión.
El carácter retroactivo de este fondo es, precisamente, lo que divide a los intermediarios bursátiles, al considerar que no deben hacer frente a pagos por hechos delictivos o desfalcos. "Será el propio Gobierno el que atienda, si procede, esta situación. Cada sociedad es responsable de sus actos. Además, en el caso de las sociedades de Bolsa participadas por entidades financieras hay una duplicidad, porque estas entidades ya tienen su propio fondo de garantía", dice el presidente de una sociedad.
El PP se ve obligado a cambiar en el Congreso el orden de comparecencias
La comisión de investigación del caso Gescartera ha citado para la próxima semana, entre otros, al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, a la dimisionaria presidenta de la CNMV Pilar Valiente, al ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisión Luis Ramallo, y a responsables de la ONCE. La dimisión de Valiente ha obligado al PP a modificar el calendario de comparecencias inicialmente previsto por Rodrigo Rato y el Grupo Popular.
El orden de estas comparecencias, pactado por el PP, los nacionalistas vascos y catalanes y el Grupo Mixto, fue aprobado ayer por unanimidad en la comisión de investigación que preside Luis Mardones .
El lunes acudirán a la comisión el presidente de la ONCE, José María Arroyo Zarzosa, cuya fundación fue accionista de referencia en Gescartera; Jesús María Zabalza, director jefe de la Caixa en Madrid y un alto representante del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC), entidades financieras con las que operaba Gescartera.
El martes comparecerá Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda y hermano de la presidenta de la agencia de valores, y un dirigente de la auditora Deloitte & Touche, que dio por buenas las cuentas de Gescartera.
El miércoles será el turno de Luis Peigneux, subdirector de supervisión de la CNMV, y de David Vives, ex director de supervisión de la citada institución, quien en 1999 recomendó la intervención de Gescartera. También de Antonio Botella, actual director de supervisión y amigo de Antonio Camacho.
Los máximos responsables de la agencia
desprecian a los diputados con su silencio
Los dos principales gestores de Gescartera, Antonio Rafael Camacho y Pilar Giménez-Reyna, apenas balbucearon ayer algunas palabras en contestación a las preguntas de los diputados. Ambos se ampararon en el silencio en la comisión parlamentaria de investigación, acogiéndose al derecho constitucional que ampara a aquellas personas que están imputadas.
Los grupos parlamentarios se interesaron por las relaciones entre los dos encausados y la presidenta de la CNMV dimisionaria, Pilar Valiente; por el papel jugado por el dimitido secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna tanto en el diseño de Gescartera como en su evolución como gestora y agencia de valores y por el destino del dinero evaporado.
Hubo decenas de preguntas más que tampoco obtuvieron respuesta. Entre ellas destacan dos realizadas por el diputado socialista Fernando López-Aguilar, interesado en conocer si a los clientes que depositaron su dinero en Gescartera se les prometió trato de favor por parte de Hacienda y también condiciones ventajosas para contratar con la Administración pública. Las pistas de esta curiosidad residen en el dietario incautado a la presidenta de Gescartera.
El interrogatorio frustrado al que los diputados del PP sometieron a los dos comparecientes intentó encontrar respuestas a las relaciones entre Gescartera y Asesores 2000, agencia que los populares ligan al PSOE.
Accionistas de Prisa
Pilar Giménez-Reyna sólo recuperó la voz para responder al diputado del PP Andrés Ayala que uno de los apuntes que incorporó a su agenda se refiere a dos clientes de Gescartera, cuyo nombre rehusó revelar, que tienen acciones de Prisa. Aclaró que no conoce al consejero delegado de Avánzit (antigua Radiotrónica), Agustín Fernández.
El grupo Prisa precisó a través de un comunicado que no ha realizado transacción alguna con Gescartera. Tal y como informó a la CNMV en julio de 2000, el grupo adquirió 750.000 acciones de Avánzit que constituyen en la actualidad el 2,38% de dicha sociedad. Prisa se reserva el derecho de emprender acciones legales "contra aquellos que con sus actuaciones irresponsables y dolosas puedan lesionar el buen nombre de la compañía".