Los delitos económicos suponen el 65% del total de la criminalidad en España
Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son, desde el punto de vista cuantitativo, el grupo de mayor importancia en la criminalidad y han representado el 65% del total de los procedimientos en 2000, según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo se han reducido un 3,5% respecto a 1999.
Los datos que se recogen en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondientes al año 2000 reflejan la importancia de los delitos de orden económico. Como ejemplos de ello, durante el año pasado los delitos de estafa y apropiación indebida alcanzaron las 52.224 causas, una cifra un 3% superior a la del año anterior. Los delitos societarios, de los que se registró un total de 226 causas se redujeron, sin embargo, levemente respecto al año 1999, cuando se contabilizaron 234 causas. Este descenso marca un cambio en el incremento que se había venido produciendo desde su introducción como delito en el Código Penal en 1995.
También se redujeron los delitos de alzamiento de bienes. Lo hicieron en un 23% respecto a los contabilizados durante 1999 (se pasó de las 1.669 diligencias de 1999 a las 1.285 de 2000). Además, este delito ya se había reducido un 15% en 1999 respecto del año anterior. Los delitos contra la Hacienda pública son los que más disminuyeron en 2000 respecto a los cometidos durante 1999. Así, frente a las 300 causas abiertas en 1999 se pasó a las 257 el año pasado, es decir, un 14% menos.
Respecto a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial la Memoria que presentó la semana pasada el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, explica que es muy reducido el número de este tipo de procesos que se han tramitado. Sin embargo añade que "no sería correcto concluir de ello que la sociedad contemporánea se caracteriza por un escrupuloso respeto a los derechos de autor. Antes al contrario". Pese a todo, en 2000 tan sólo se tramitaron 1.217 causas relacionadas con los delitos contra la propiedad industrial.
Regulación de Internet
En la introducción a la Memoria el fiscal general del Estado reconoce la necesidad de regular Internet, ya que, en su opinión, camina hacia un peligroso vacío legal del que nadie saldrá beneficiado, "ni siquiera los actuales detractores de toda injerencia estatal en la Red", explica Cardenal.
Para el fiscal general, el ritmo de crecimiento de la presencia de Internet en nuestras vidas obliga a un esfuerzo de regulación "inaplazable". Cardenal considera que se trata de impedir que la impunidad crezca amparada por las posibilidades de encriptación que ofrecen los medios técnicos "al alcance de cualquier delincuente sin escrúpulos".
Según la Fiscalía General del Estado, Internet puede ser puesta al servicio de múltiples delitos.