Las empresas piden un estatuto fiscal para la sociedad anónima europea
El Parlamento Europeo debate desde ayer el proyecto de reglamento al que podrán acogerse las llamadas sociedades anónimas europeas o estatus que permitirá a una empresa operar en todo el territorio comunitario. La patronal europea celebra los avances legislativos, pero considera que "sin medidas fiscales aparejadas, los beneficios del estatuto serán muy limitados".
Unice, la organización que representa a más de 16.000 empresas europeas (la CEOE forma parte de esta federación), no ceja en su campaña en favor de una coordinación de las políticas fiscales de la Unión Europea que permita a las sociedad aprovechar por fin todo el potencial del mercado único.
La patronal reconoce que el reglamento para el estatuto de la sociedad europea, que desde ayer debate en proceso de consulta el Parlamento Europeo, supone un sensible avance hacia ese objetivo. "Pero sin las medidas fiscales apropiada", afirma el presidente de Unice, George Jacobs, en una carta dirigida a la presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, "el impacto del estatuto será limitado".
La Eurocámara, como ha lamentado el ponente en el proyecto, el popular alemán Hans-Peter Mayer, no dispone de competencias para modificar el reglamento. Pero Jacobs se muestra convencido en su misiva de que, "sin el fuerte apoyo del Parlamento Europeo, hay poca esperanza de que veamos progresos en los aspectos fiscales del estatuto".
El proyecto prevé cuatro modalidades para que empresas operativas en al menos dos Estados miembros de la UE, y cuyo capital supere los 120.000 euros, puedan acogerse al estatuto de sociedad europea. El domicilio social de la empresa se encontrará en el Estado en que se haya registrado la sociedad, pudiendo operar libremente en todo el territorio comunitario.
Pero la falta de coordinación entre los regímenes fiscales de la UE puede someter los resultados de esa sociedad a la incertidumbre en la formulación de su base imponible. "Por eso queremos que el Parlamento urja a la Comisión Europea a presentar propuestas que hagan posible, en concreto, lograr lo antes posible una presentación consolidada de resultados imponibles válida en toda la UE". El departamento de Fiscalidad de la Comisión, que dirige el comisario Frits Bolkestein, aunque descarta la armonización fiscal de las empresas, trabaja hacia su coordinación.
Su propuesta de armonización de las normas contables persigue en parte también unificar la presentación de resultados. Bolkestein desea que al menos las 7.000 compañías europeas que cotizan en Bolsa adapten su contabilidad a las normas internacionales IAS antes de 2005.
Unice va un poco más allá y exige también cualquier obstáculo fiscal que pueda dificultar la adopción del estatuto de sociedad europea tras la fusión de dos empresas, pues cada Estado miembro aplica todavía un diferente tratamiento fiscal a estas operaciones.
El reglamento encara ya su recta final legislativa tras más de 30 años en la mesa de proyectos. La presidencia francesa de la UE durante el segundo semestre del año 2000 logró que España levantase el veto a un texto que, en opinión del Gobierno, podía poner en peligro el modelo de diálogo social de nuestro país.
La directiva sobre participación de los trabajadores que acompaña al reglamento, y que también se debate esta semana en la Eurocámara, prevé que tras la constitución de una sociedad europea prevalezcan los criterios de consulta que más voz otorguen a los trabajadores si las empresas que se integran aplicaban diferentes modelos. En la práctica, se considera una victoria del llamado modelo de cogestión (aplicado sobre todo en Alemania y Holanda).
El Gobierno de José María Aznar deseaba supeditar la cogestión a una decisión mayoritaria de los trabajadores, cualquiera que fuese la modalidad de constitución de la sociedad europea. Pero un desliz en las horas finales de la negociación, durante la pasada cumbre de Niza, sólo otorgó a España ese privilegio en el caso de fusiones de empresas. El Gobierno pondera ahora si merece ya la pena acogerse a esa excepción. Empresas como la acería vasca Aceralia, en proceso de fusión con la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed, ya han anunciado que se constituirán en sociedad europea. La excepción que defiende el Gobierno alejaría su sede social de España.
Las ventajas del futuro régimen jurídico común
La mayoría de los expertos legales coinciden en que una de las principales ventajas que traerá la sociedad europea será una mayor facilidad para acometer fusiones de empresas. Actualmente, la diferencia de legislaciones societarias entre los Estados miembros hace necesario realizar un sinfín de trámites legales y administrativos para llevar a cabo una fusión transnacional.
La futura directiva europea crea un régimen legal al que podrán acogerse aquellas empresas que lo deseen. La sociedad europea podrá operar en todo el territorio de la UE bajo una serie de normas comunes que serán directamente aplicables en todos los Estados miembros. Así, las compañías podrán evitar los altos costes financieros, administrativos y de tiempo que implica crear una compleja red de filiales gobernadas por legislaciones diferentes. Las sociedades europeas con intereses comerciales en varios Estados podrán trasladarse dentro del territorio comunitario sin tener que disolver la entidad constituida en el Estado de origen y constituir una nueva en el Estado de destino.
La propuesta de directiva prevé cuatro vías para constituir la sociedad. La primera de ellas, a través de la fusión de compañías de al menos dos Estados miembros; la segunda, mediante la creación de un grupo empresarial constituido por empresas de distintos Estados; la tercera, por la creación de una filial sociedad europea por empresas de distintos países, y la última, por la transformación de una empresa nacional en sociedad europea.