La patronal de las rurales reaviva la idea de crear un grupo consolidado

Las cajas rurales están en plena transición. En el último año, nueve de ellas ya han optado por las grandes fusiones para crecer. El nuevo presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), Antonio Luis Romero, plantea una segunda vía: crear un grupo consolidado manteniendo la marca y la identidad de cada rural. De materializarse este modelo, ya planteado en otras ocasiones, las rurales formarían el sexto grupo financiero por activos, a poca distancia del Banco Popular.

Las 78 cajas rurales del Grupo Caja Rural están viviendo su transformación. En algo más de un año, nueve cooperativas han optado por la fusión para crecer. Y sólo en los dos últimos meses se han acordado dos: las rurales de Valencia, Alicante y Credicoop (Castellón) acordaron hace dos semanas crear la segunda entidad del sector y en mayo pasado firmaban su unión las de Zaragoza y Huesca, que se colocan en quinto lugar.

æpermil;stas se unen a Cajamar, la primera caja rural fruto de la unión de Málaga y Almería y a la Rural del Sur (Huelva y Sevilla). æpermil;ste es un bando. Pero hay otro más numeroso, pero menos representativo en volumen de negocio, que rechaza de plano las uniones o, más bien, absorciones. Son cajas rurales medianas y pequeñas que se niegan a perder su identidad.

Ante este puzzle de 78 entidades distintas, el nuevo presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), Antonio Luis Romero, propone una alternativa porque "las fusiones no son la única solución". La idea es crear un verdadero grupo financiero. "Si fuésemos capaces de consolidar balances a nivel nacional sería lo ideal".

De consolidar sus cuentas, las 78 cajas rurales formarían el sexto grupo financiero del país por activos (por valor de 5,2 billones de pesetas, 31.200 millones de euros, a junio). Se colocaría a poca distancia del Banco Popular, con 5,8 billones de pesetas, y por delante del siguiente grupo, el Sabadell, con casi cuatro billones.

Con este modelo, "nadie perdería autonomía, aunque habría que someterse a un órgano superior", una especie de consejo aceptado por todos y que supervise operaciones como las de inversión.

El modelo de banca federada lleva años circulando en el sector. Ahora, el nuevo presidente quiere retomarlo. Por otro lado, respeta las fusiones, pero cree que deberían hacerse primero entre cajas de la misma región y después a mayor nivel, "siempre que no perjudique el interés de los socios [los clientes] ni se creen conflictos entre cajas".

El Banco de España ha reclamado insistentemente al sector que gane tamaño vía fusiones o consolidación para poder competir mejor. Incluso un informe encargado por las propias rurales a la consultora McKinsey hacía recomendaciones en este sentido para evitar una crisis.

 

Las cooperativas confían en ampliar sus inversiones

Las cajas rurales tienen límites para invertir en otras empresas. Sólo pueden tomar hasta el 10% del capital. Ahora, el sector está muy atento a la Ley Financiera, que el Gobierno mandará al Congreso después del verano, y que traerá cambios.

Esta ley ampliará el tope existente hasta el 25%. Pero durante el largo desarrollo que ha tenido el anteproyecto de ley, el Ministerio de Economía llegó a aumentarlo hasta el 50% en un borrador anterior. El porqué del paso atrás del ministerio se le escapa a Antonio Luis Romero, presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR).

"No entendemos por qué las cooperativas tenemos esta limitación frente a bancos y cajas de ahorros". Porque, de facto, nunca ha habido problemas para que Economía autorice participaciones superiores al 10%. De hecho, se ha dado el visto bueno a tomas del 100% de capital en otras sociedades. Bien es cierto que la mayoría de las inversiones se destina a otras cooperativas relacionadas con el entorno rural.

Hay excepciones, como las cajas rurales valencianas, que han tomado el 10% en una empresa que nada tiene que ver con el ámbito agrario, el parque temático Terra Mítica.

Invertir más del 10% supone perder beneficios fiscales, pero ganar capacidad de crecimiento. Romero cree que incluso sería más razonable fijar un límite según los recursos propios de cada entidad, y no según el porcentaje de participación. Sólo queda esperar el trámite parlamentario.