El fiscal solicita de 12 a 15 años para cada acusado del "caso AVA"
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el llamado caso AVA entre 12 y 15 años de prisión para los máximos responsables de Transáfrica, Andrés & Cíe y Socimer por delitos de estafa continuada y delito societario. También pide tres años para el auditor de Transáfrica como cooperador necesario. Para ocho miembros del consejo de administración de AVA, el fiscal solicita 13 años de cárcel para cada uno por estafa y apropiación indebida. Además, el fiscal pide que se indemnice con 15.300 millones más intereses a 4.192 clientes de la agencia valores que resultaron perjudicados por una irregular operativa en la compra de títulos.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso AVA, David Martínez, solicita que un total de 16 acusados sean juzgados por supuestos delitos de estafa continuada, delito societario y apropiación indebida al considerar que son responsables de un fraude bursátil que cifra en 15.300 millones de pesetas. Además requiere que los acusados residentes en España se personen diariamente en la comisaría o cuartel de la Guardia Civil más próximo a sus domicilios y que se les retire el pasaporte.
Según el fiscal, 4.192 inversores resultaron perjudicados. La acusación pública mantiene en su escrito que AVA se especializó en la adquisición de títulos de renta fija internacional de mercados emergentes como Brasil y Argentina. En las operaciones intermedió Socimer International Bank Limited (con sede en Bahamas), propiedad de Transáfrica. La entidad financiaba el 50% del valor de los títulos que adquiría para clientes de AVA reteniendo en prenda los valores. Socimer los refinanciaba para estar obligada a desembolsar sólo el 10% del precio. Esto implicaba que el vendedor original disfrutaba de un derecho de prenda preferente sobre los valores. Según el fiscal, los responsables de la entidad bancaria "omitieron conscientemente la existencia de garantías sobre los valores en favor de terceros".
En 1996 Socimer decide comprar el banco argentino Medefin UNB, prácticamente en quiebra. Para salvar esta precaria situación intentaron fusionarlo con el Banco Patricios, pero no consiguieron la autorización administrativa. En 1997 la financiación que Socimer tenía comprometida con Medefin UNB era de 62,6 millones de dólares.
Auditor
Socimer no pudo hacer frente a los créditos concedidos para la refinanciación de los títulos adquiridos para los clientes de AVA. Y como los títulos habían quedado en prenda, los inversores se quedaron sin valores y sin dinero. El fiscal, además de responsabilizar a los directivos de Transáfrica de esta situación, hace responsable al auditor de la compañía (de KPMG) de no reflejar en las cuentas anuales del ejercicio 1996 la imposibilidad que Socimer tenía para hacer frente al quebranto originado tras la operación con el Medefin. El fiscal pide que KPMG preste una indemnización de 5.003 millones. La auditora siempre ha negado irregularidades en su informe. Incluso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tras examinar el informe de auditoría, no impuso sanción a KPMG. El ICAC sí sancionó a la auditora de AVA, Ernst & Young.
Títulos comprados en las islas Caimán
La principal actividad de AVA era la gestión de carteras de clientes, en 1997 llegó a tener 19.955, con un volumen de negocio de 35.974 millones. Ofrecía inversiones en valores de renta fija extranjeros con rentabilidades muy altas (hasta el 11%).
El fiscal afirma en su escrito que los administradores de la agencia "con el propósito de obtener un indebido beneficio económico convinieron en adquirir para 317 clientes productos financieros que ante éstos hicieron aparecer como títulos emitidos por el Gobierno de la República de Brasil. No obstante, el verdadero emisor era una sociedad constituida en las islas Caimán". Además, se trataban de productos estructurados, por lo que se corría el riesgo de la extinción del título y la pérdida de lo invertido. Lo que terminó ocurriendo. Por estas operaciones resultaron perjudicados 317 inversores por un montante que ascendió a 830 millones, según la acusación pública.
La agencia de valores también había dispuesto, afirma el fiscal, "un mercado secundario interno mediante el cual transfería valores entre clientes, adjudicando títulos previamente en poder de inversores iniciales a otros". Añade que los administradores de la agencia "llevados del injusto designio de favorecer a determinados clientes en detrimento de otros y faltando a los deberes de lealtad y probidad" ordenaron la transferencia de la titularidad de 23.081 bonos de 38 clientes a otros 815, que resultaron perjudicados en un importe total de 598 millones de pesetas.