<I>La discriminación fiscal de las mutuas</I>
Pese a que la Seguridad Social atraviesa un buen momento, son muchas las voces que advierten sobre el futuro del sistema público de pensiones. Porque ni una afiliación actual de más de 15,5 millones de trabajadores ni el lógico incremento derivado de un mayor nivel de empleo del ratio entre cotizantes y pensionistas -de modo que por cada pensionista haya ahora 2,3 personas contribuyendo- pueden garantizar sine die y sin profundas reformas la supervivencia de un sistema nacido en un entorno socioeconómico e inmerso ahora en otro diferente.
El descenso de la tasa de natalidad y el crecimiento de la esperanza de vida nos conducen cada vez más velozmente a una sociedad fundamentalmente de mayores, que no viejos, a quienes les será prácticamente imprescindible contar, además de con las pensiones públicas generadas por largos años de trabajo, con un sistema complementario que les garantice un nivel de vida similar al que disfrutaron tiempo atrás, más aún teniendo en cuenta que los años por vivir serán semejantes, en cuanto a ocio, actividades y gastos, a los vividos. Se impone un sistema mixto de prestaciones, en el que públicas y privadas convivan de forma conjunta, armónica y complementaria.
Así lo ha entendido gran parte de los países europeos, en los que se han emprendido o se van a emprender reformas en la línea de establecer sistemas de protección privados paralelos a los públicos, de carácter obligatorio y, desde luego, fuertemente incentivados.
En España aún estamos lejos de medidas similares, aunque a los planes y fondos de pensiones se les ha dotado de suficientes alicientes fiscales para los inversores. No ocurre lo mismo, no sé por qué, respecto a las mutualidades de previsión social, que podrían y deberían sumarse en igualdad de condiciones a esas alternativas de ahorro individual, para poder jugar su papel de sistemas complementarios al público.
El hecho de agrupar colectivos propios, la ausencia de ánimo de lucro, la participación de sus afiliados en los órganos de gestión y el principio de solidaridad, que alentó su nacimiento, convierten al mutualismo profesional en una fórmula con personalidad propia, alejada de los agresivos postulados del mercado asegurador y más acorde con otros modos de entender y vivir la realidad económica.
Llamadas a desempeñar una labor propia en la previsión social y adaptadas a la nueva realidad que impuso la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, las mutuas reivindican desde hace tiempo el reconocimiento de su verdadera naturaleza jurídica frente a la concepción puramente capitalista de las aseguradoras, inmersas en el desmedido afán de beneficios que les imponen las leyes del mercado. Demandan que se ponga fin a la discriminación fiscal que padecen respecto a otros instrumentos de previsión social que les impide competir con las mismas armas, lo que puede llegar a comprometer seriamente su deseable crecimiento.
Sin renunciar a sus orígenes, que se remontan a centenarias cofradías y hermandades sostenidas por gremios, ni a los principios sociales básicos a los que respondió su creación, las mutuas profesionales están preparadas y dispuestas para ser un importante instrumento de la economía social. Han demostrado su capacidad de evolución al ritmo de los cambios normativos en el sector del seguro y se han adaptado, con transformaciones de su estructura no exentas de sacrificios, a las mayores exigencias financieras demandadas.
No es de extrañar, pues, que las mutualidades reivindiquen, en reciprocidad a su esfuerzo, un trato fiscal similar al que rige en otros sistemas privados de previsión social complementaria.