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Las cajas se sienten "amenazadas" ante la creciente injerencia política

Las cajas se sienten más amenazadas que nunca. La herida abierta en Andalucía es el último episodio de una larga historia de injerencias políticas que pueden acabar dinamitando la propia esencia de estas entidades, su naturaleza jurídica. En los últimos años, Asturias, Valencia, Madrid, Canarias, Galicia, Navarra, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha son ejemplos más o menos conocidos de cómo la política interviene en la gestión de muchas de estas entidades financieras.

Cuentan en una caja de ahorros con la mayor naturalidad del mundo que uno de los mejores hoteles de la ciudad se financió con recursos de la entidad a petición del Gobierno autonó-mi-co, que celebraba un congreso y no tenía plazas hotele-ras suficientes para alojar a sus invitados. Anécdotas de es-te tipo forman parte de la historia de las cajas, entidades cuya vocación territorial y compromiso con la obra social se ha convertido a lo largo de los años en una excusa perfecta para su control político.

La anécdota es una nimiedad en medio del estallido de conflictos como el que se vive en Andalucía, pero da idea de que la injerencia de los políticos de turno se vive casi como una rutina en el quehacer diario de muchas de estas entidades abocadas, en muchas ocasiones, a compensar las carencias presupuestarias de sus comunidades autónomas, y no siempre bajo el criterio de la rentabilidad.

El problema es que son los partidos políticos los que determinan la elección de los máximos dirigentes de las cajas y, en consecuencia, los que, en muchos casos, dirigen su actuación.

La politización es creciente y la necesidad de una legislación que limite la representación política en los órganos de gobierno de las cajas (consejo y asamblea) empieza a ser un clamor en el sector, que vive con estupor episodios de injerencia que pueden acabar dinamitando la propia esencia de estas entidades, su naturaleza jurídica. Y es que acabar con el carácter fundacional de las cajas daría más argumentos a quienes propugnan su conversión en sociedades anónimas y pondría fin a su blindaje frente a posibles intentos de adquisición por parte de los bancos. Sería, en definitiva, el final de muchas de estas entidades.

La propia CECA reconoce en un informe las "graves amenazas" que se ciernen sobre las cajas (amenaza de perder su privacidad y de perder su carácter fundacional volcado en el bienestar social) y reclama una reflexión interna, a la espera de una normativa que no llega nunca para disminuir la presencia política en los órganos de gobierno.

Aunque no estaba en el orden del día del consejo de CECA del pasado viernes, la inquietud sobre el desenlace en Andalucía y sobre cómo repercutirá este conflicto en la imagen de las cajas y, en consecuencia en su negocio, estuvo presente en el ánimo de los consejeros. El sector se lamenta de que todavía no haya salido la legislación que puede solventar parte de las incertidumbres. ¿Qué pasa con la ley? es una pregunta recurrente entre los cajeros, que escuchan con atención las declaraciones de responsables políticos, pero se sienten defraudados ante la falta de impulso legislativo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sugería el otro día que se desvinculase la política de la presidencia de las cajas. Pero "¿por qué no lo hacen ya?", comentan.

Lo cierto es que pocos Gobiernos autonómicos, independientemente de su color político, han sabido resistirse a la tentación de utilizar las cajas de ahorros como instrumento clave de su política regional. Las están utilizando, además, como una manera de extender su influencia en las empresas españolas de sectores clave como telecomunicaciones, energía, transportes, infraestructuras.

El interés de las fusiones

A mayor dimensión, mayor capacidad de influencia. Ahí radica el interés de los Gobiernos regionales por favorecer procesos de concentración en sus comunidades autónomas, interés que no siempre cuadra con las aspiraciones y preferencias de las entidades implicadas. De hecho, en muchas ocasiones, ese suele ser el motivo que hace saltar las chispas.

La situación en Valencia es un ejemplo evidente de todo esto. Lo primero que hizo Eduardo Zaplana cuando en 1995 llegó al Gobierno valenciano fue cambiar la legislación regional de las cajas para ampliar el peso político en los consejos de estas entidades.

La reforma de la ley levantó incluso polémica por su posible inconstitucionalidad. El siguiente paso sería crear una gran caja para ganar influencia y peso en las principales empresas del país. Como los responsables de las cajas por aquel entonces no estaban por la labor, llegaron los recambios.

El último en caer fue el director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Juan Antonio Gisbert, considerado como el principal obstáculo a la fusión de la CAM y Bancaja.

En Castilla y León a pocos han pasado indavertidas las maniobras políticas, primero con una ley que obligaba a invertir en la comunidad autónoma y luego con los constantes intentos para promover una fusión entre Caja España y Caja Duero, operación que salta a la prensa antes incluso de que se pronuncien las propias cajas implicadas.

 

Casos conocidos en la mayoría de las comunidades

La herida abierta en Andalucía, con una fusión frustrada en medio de un escándalo político que ha salpicado a todos los sectores de la sociedad andaluza es el episodio más reciente. Pero seguramente no será el último y, desde luego, no ha sido el primero.

Uno de los más esperpénticos se vivió en Asturias. La polémica surgió allí a raíz de un decreto del presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces, que supuso el cese del presidente de la Caja de Asturias Manuel Menéndez, en medio de enfrentamientos entre familias socialistas.

Madrid tampoco queda al margen. El momento más difícil se vivió en 1996, con un polémico acuerdo entre el Partido Popular y CC OO para conseguir el relevo en la presidencia de Caja Madrid con la salida de Jaime Terceiro y la entrada de Miguel Blesa.

En Galicia, el intento de manejar a las entidades se reveló, entre otras cosas, cuando Caixa Galicia anunció por primera vez que quería emitir cuotas participativas, proyecto que la Xunta paralizó para hacer un reglamento en el que se proponía "indicar" a la caja cómo debía realizarse dicha emisión y con qué límites.

La Xunta también elaboró una ley en la que fijaba los porcentajes de inversión de obra social de las cajas de su autonomía. En Cantabria, un crédito dirigido a Sniace llegó incluso a Bruselas. En Navarra, no hace falta buscar episodio alguno. Basta con saber que el presidente de la comunidad foral es también presidente de Caja Navarra. En Canarias pactos políticos provocaron las entradas y salidas de los directores generales. Son casos conocidos, pero nadie dice que únicos.

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