Los fiscales del Supremo acuerdan por 10 votos a 2 que se impute a Piqué
La junta de fiscales de la Sección de lo Penal del Supremo acordó ayer por diez votos a favor y dos en contra la imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el caso Ercros por los supuestos delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito fiscal. No obstante, el fiscal general, Jesús Cardenal, que tiene la última palabra en este asunto, someterá el caso a la junta general de fiscales del Supremo.
El informe del fiscal Bartolomé Vargas solicitando la imputación del ministro de Exteriores, Josep Piqué, en el caso Ercros fue respaldado ayer por 10 de los 12 fiscales de la Sección de lo Penal del Supremo. Los 10 fiscales consideran que hay indicios suficientes para que el Supremo se declare competente en el asunto y llame a declarar al ministro y ex directivo de Ercros como imputado por los presuntos delitos de alzamiento de bienes (relacionado con la suspensión de pagos de Ercros), apropiación indebida y delito fiscal (delitos relacionados con la venta de Ertoil, propiedad de Ercros).
Vargas ha conseguido un mayor apoyo que el que obtuviera hace un año cuando presentó su primer informe de imputación contra Piqué. Votaron a favor del informe nueve fiscales, y en contra, tres. Sin embargo, no prosperó porque el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, desactivó la acusación de Vargas. Después de invalidar el informe de imputación se pidió a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios que informara sobre el destino del dinero de la venta de Ertoil que investiga.
Y precisamente porque consideran insuficiente la información aportada por la Audiencia Nacional tanto José Aranda, jefe de la Sección de lo Penal, como Antonio Salinas (fiscal que formuló acusación en el caso Filesa) votaron ayer en contra de la imputación de Piqué.
Según defiende el fiscal Vargas, 18.300 millones de pesetas es el montante de la supuesta apropiación indebida que pudo producirse en la venta de Ertoil en 1991, a los que habría que sumar otros 9.700 millones, correspondientes a comisiones pagadas por la operación.
La decisión es de la Sala
La imputación de Piqué no es inmediata ni tampoco segura. El fiscal general va a someter el asunto el próximo día 28 de junio a la junta general de fiscales del Tribunal Supremo, que componen más de 40 fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto del Ministerio Fiscal. æpermil;ste establece que si la opinión del jefe de la Sección (como ocurre en este caso) es contraria a la de la mayoría se someterá al superior jerárquico. La junta está presidida por Cardenal, que, en caso de que no consiga un pronunciamiento acorde con su decisión en la junta general del Supremo, podrá acudir al Consejo Fiscal o a la Junta de Fiscales de Sala, máximos órganos consultivos del fiscal general. En cualquier caso, la decisión que tome Cardenal será la que cuente, ya que en virtud del sistema jerárquico del Ministerio Público ningún acuerdo es vinculante para el fiscal general del Estado.
No hay que olvidar, sin embargo, que la decisión última sobre la imputación de Piqué la tiene la Sala del Supremo, que está formada por los magistrados Luis Román Puerta, Roberto García-Calvo, Enrique Bacigalupo, Joaquín Delgado y Antonio Marañón. La Sala puede acordar su competencia para investigar los hechos, lo que implicaría la imputación de Piqué, sin que medie ningún informe favorable de la fiscalía.