De Palacio renuncia a defender la "acción de oro" como arma legal
La Comisión Europea debatirá mañana sobre la posibilidad de permitir que los Estados miembros utilicen la acción de oro para proteger sectores estratégicos de la economía. Ante la férrea negativa del responsable de Mercado Interior, el comisario Frits Bolkestein, a contemplar esa posibilidad, la mayor adalid de la acción de oro, Loyola de Palacio, ha renunciado a defender ese instrumento de coerción.
El debate, exigido hace casi un año por la comisaria de Energía, pierde así gran parte del mordiente que cabía esperar y se limitará a una constatación de las distorsiones que se producen en algunos sectores en proceso de liberalización. Las posiciones se han acercado, afirman en la Comisión, y aunque se reconoce la importancia de la discusión, se recuerda que el margen de maniobra para permitir la acción de oro sigue siendo muy escaso. Máxime cuando la propia Comisión ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión a varios Estados miembros (entre ellos, España) por reservarse el derecho a veto (acción de oro) en los antiguos monopolios privatizados.
El punto de acercamiento se esconde en el documento suscrito por Loyola de Palacio junto a su colega de Competencia, Mario Monti. Ambos comisarios critican duramente las distorsiones que provoca la presencia de monopolios públicos en mercados liberalizados, pero entre las medidas que proponen para corregir la situación no figura, ni como posibilidad remota, el derecho a utilizar la llamada acción de oro. El texto reconoce y lamenta la existencia de empresas -EDF, sin nombrarla- que disfrutan de ventajas competitivas gracias a un mercado reservado que les facilita la expansión.
Pero los dos comisarios coinciden, sorprendentemente, en que las medidas unilaterales adoptadas por algunos Estados miembros (entre ellos, España) para frenar el monopolio francés son, probablemente, a la luz de la jurisprudencia actual, incompatibles con las normas comunitarias y "merecen ser examinadas con cuidado".
Monti anuncia, por su parte, la aplicación rigurosa de las normas de competencia y advierte que se podrían adoptar decisiones (que no necesitan ser sometidas a voto en el Consejo de Ministros de la UE, donde los Estados podrían vetarlas) para acelerar la apertura de los mercados, como se hizo en el sector de telecomunicaciones.
"Estas decisiones pueden dirigirse contra un determinado Estado miembro", advierte el documento.
Tanto el debate como el texto responden a una añeja demanda de la comisaria española, que en junio de 2000 planteó la necesidad de revisar la legislación comunitaria respecto a la acción de oro. Entonces, la expansión de Electricité de France no levantaba aún tantas ampollas y, de hecho, la idea de la comisaria coincidió más bien con el veto de facto que el Gobierno de José María Aznar impuso a la fusión de Telefónica con KPN, su rival holandés (empresa controlada por el Gobierno de ese país).
Debate
De Palacio suscitó el debate ante la inminencia de una denuncia de la Comisión contra el Gobierno español. Bruselas esquivó la intromisión y denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero prometió a la comisaria un análisis en profundidad sobre la acción de oro que tendrá lugar, por fin, casi un año después.
Durante este año, la comisaria ha defendido casi hasta el final el derecho de los Estados a frenar la expansión de empresas públicas, a pesar de que el tratado reconoce la libertad de movimiento de capitales con independencia de su carácter público o privado. De Palacio llegó a reclamar la adopción de una directiva sobre la acción de oro, en un movimiento con pocos precedentes en la historia de la Comisión.
El Ejecutivo siempre prefiere actuar con el respaldo directo del tratado y no a través de un derecho derivado con el cual siempre pierde poder.