Castilla-La Mancha y Cataluña aprueban leyes sobre antenas de móvil
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó ayer el decreto de ordenación ambiental de las antenas para telefonía móvil. El objetivo de la normativa, en la que han participado los ayuntamientos a través del consorcio Localret, es fijar las medidas de prevención y control para estas instalaciones. Las antenas ya instaladas tendrán un plazo de seis meses para adecuarse al decreto, que fija los niveles máximos permitidos de exposición a campos electromagnéticos. El decreto reduce a menos de la mitad este nivel respecto al fijado por la Unión Europea y el Gobierno español.
Algo parecido se ha establecido en Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado una proposición no de ley que incluye la creación de una comisión a fin de investigar el despliegue de la red de los operadores y los límites de seguridad.
Por otra parte, el PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados a fin de llenar el vacío legal existente sobre la protección de la salud ante las emisiones radioeléctricas procedentes de antenas de telefonía móvil.
En ella, el grupo parlamentario exige al Gobierno que presente antes del 30 de junio un real decreto que regule la situación carente de normativa, que a juicio de Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Medio Ambiente, "provoca inseguridad entre los ciudadanos, operadores y ayuntamientos y que algunas comunidades autónomas ha-yan elaborado normativas propias.
A nivel estatal, la propuesta del PSOE incluye los niveles máximos de exposición a los campos electromagnéticos, cuyos niveles de seguridad superan a los recogidos en el borrador del real decreto que elabora la Administración.
El grupo parlamentario ha instado a todos los ayuntamientos a establecer una moratoria y a suspender cautelarmente todas las licencias para la instalación de antenas y a promover ordenanzas municipales, como ya lo han hecho 500 ayuntamientos de España.