El Gobierno inicia los trámites para aplicar la "acción de oro" en Ence
El Gobierno ha iniciado los trámites administrativos para poder aplicar la acción de oro en Ence, una medida que refuerza el voto del Estado una vez que la empresa se ha privatizado.
Esta decisión se publicó el 25 de mayo a través de una resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, fechada el 23 de mayo, por la que se dispone la apertura de información pública sobre el proyecto del Real Decreto de aplicación del régimen de autorización administrativa previa a Ence.
Según fuentes de Hacienda, el Gobierno no ha tomado aún la decisión de aplicar la acción de oro, pero con esta resolución lo que persigue es dejar la puerta abierta a esta posibilidad. Las sociedades interesadas en la privatización de la compañía fabricante de celulosas, de la que el Estado posee a través de la SEPI el 51%, disponen de 15 días hábiles a contar desde ayer (28 de mayo) para presentar alegaciones.
La SEPI había señalado en alguna ocasión a lo largo de este proceso de privatización que no era probable que el Gobierno se dotase en este caso de la polémica acción de oro. Algunas de las compañías que presentaron ofertas el pasado día 7 de mayo para optar al 24,99% del fabricante de celulosa se mostraron ayer muy sorprendidas por la apertura de este procedimiento administrativo del que dicen no haber sido informadas oficialmente.
Son tres los grupos que se han presentado a esta primera fase de la venta de Ence -el resto se hará a través de una OPV-, Portucel, el consorcio de entidades financieras Bankinter, Banco Zaragozano y Caixa Galicia, y por otro lado, Sonae, Banco Pastor y las asociaciones madereras gallegas Silvanus y Foresgal.
Según fuentes de Hacienda, el objetivo de esta acción de oro, que en todos los casos en que se ha aplicado ha sido fuertemente protestada por la UE, es garantizar que el plan industrial propuesto por la compañía que finalmente resulte adjudicataria del 24,99% se lleve a cabo. Estas mismas fuentes aseguran que no hay plazo para que el Gobierno tome la decisión de aplicar o no esta acción, aunque se admite que debería ser antes de que se adjudique el primer porcentaje en venta.
No es esta la única medida de protección al accionista que resulte adjudicatario que ha instrumentado el Ejecutivo. En la última junta de accionistas se aprobó una limitación de los derechos de voto al 24%, independientemente del número de títulos que se posea. Se espera que la SEPI tome la decisión sobre el adjudicatario del 24,9% de Ence en los primeros 15 días de junio y que la empresa esté privatizada a fin de julio.