La UE ampliada sólo garantiza ayudas a tres comunidades
La renta de 55 millones de habitantes de la actual Unión Europea seguirá aún por debajo del 75% de la media comunitaria tras la adhesión de 10 de los países candidatos de Europa Central y del Este. Andalucía, Extremadura y Galicia son las únicas comunidades autónomas que continuarán siendo objetivo prioritario de los fondos comunitarios con los criterios de reparto en vigor.
Los datos se divulgaron ayer en la sesión inaugural del segundo foro europeo sobre la cohesión e ilustran con crudeza la inquietud del Gobierno español ante la ampliación de la UE. Esas cifras, sin embargo, no aparecieron en la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que simplemente expuso que "la ampliación afecta (...) a las políticas de la Unión. España (...) se limita a pedir que se tenga en cuenta este hecho".
Tampoco el comisario europeo de Política Regional, Michel Barnier, se adentró en estadísticas concretas y, en rueda de prensa, se contentó con reiterar que la ampliación distorsionará los actuales criterios de reparto de fondos (90% de la renta media para acceder a los de cohesión y 75% a los estructurales). "No he necesitado esperar a José María Aznar para ver este problema", aludiendo Barnier al memorándum con el que el presidente del Gobierno trató de alertar a la Comisión sobre la "la aceleración artificial del proceso de convergencia" que provocará la incorporación de estados con renta muy por debajo de la actual media comunitaria.
Madrid se niega a avanzar en las negociaciones para la ampliación hasta que no se reconozca esta circunstancia. Alemania y Francia se resisten a comprometerse por escrito a que esta circunstancia se tomará en cuenta en el próximo presupuesto comunitario en 2007. Barnier, por su parte, concede que "podría haber una declaración reconociendo el problema que planteamos en el [segundo] informe [sobre la Política de Cohesión] del 31 de enero", pero "lo que no estoy dispuesto a hacer es presentar ahora lo que será la propuesta [para los futuros fondos] en 2003 o 2004".
El comisario se negó asimismo a aceptar, como plantea Aznar en su memorándum, que se encuentre "una solución a este problema en el ámbito de las negociaciones de ampliación". "Las negociaciones son una cosa", descartó Barnier, "la futura agenda [presupuestaria], es otra. La CE no acepta ninguna ligazón entre ambas".
Escaso aumento del PIB
¿De dónde surgieron entonces los datos que auguran a Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia la privación del derecho automático a fondos estructurales? Fuentes del Gobierno admiten que disponen de ellos pero, por razones inescrutables, prefieren no distribuirlos. Tuvo que ser la ignota Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), presidida por el finlandés Stig Ostdhal, la que presentase al foro las proyecciones estadísticas, a partir de las cifras del Eurostat, de una Unión de 27 miembros.
El estudio revela que la adhesión de Polonia, Hungría, Estonia, Eslovenia, Chequia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre, cuya renta es inferior en muchos casos al 40% de la media comunitaria, dejará sólo a Andalucía, Extremadura y Galicia por debajo del criterio que define ahora las regiones Objetivo 1 (las que disponen de una renta inferior al 75%).
Las nueve comunidades españolas (a las que se añade Canarias por su condición de ultraperiférica) y Ceuta y Melilla, que pertenecen ahora a esa categoría, tienen asignadas en el presupuesto comunitario para 2000-2006 una partida de 38.096 millones de euros con cargo a los fondos reservados para el Objetivo 1.
El mismo documento mostró al foro que casi 55 millones de habitantes de la UE actual seguirán con una renta por debajo del 75% tras la incorporación de 10 nuevos estados (se considera que Bulgaria y Rumania se integrarán más allá de 2010).
El PIB de una Unión con 25 miembros sólo aumentará un 5%, hasta situarse en torno a los 10 billones de euros. La política regional, a la que se destina el 0,45% del PIB comunitario, recibirá 46.200 millones de euros anuales, poco más de lo que recibirá España entre 2000 y 2006. "No es el momento de presentar evaluaciones presupuestarias, pero considero que se trata de un umbral mínimo", admitió Barnier.
Los datos manejados ayer en el foro son más concluyentes: el 0,45% del PIB no es suficiente. Los 183.000 millones de euros del presupuesto actual deberán convertirse en 342.000 millones al menos para cubrir, al mismo tiempo, las regiones Objetivo 1 que se incorporen y los periodos transitorios para las que abandonen la categoría. Alemania, más que España, escucha estos datos con preocupación.
Periodos transitorios para la adquisición de tierras
Las negociaciones para la próxima ampliación de la Unión Europea encaran la recta final y los Estados miembros afinan en el remate de los últimos capítulos. Alemania ha solicitado periodos transitorios para la libertad de movimiento de trabajadores de los nuevos socios, presumiendo que de no ser así podría producirse una invasión de mano de obra mucho más barata. Los países candidatos demandan también, por su parte, una moratoria similar en la libertad de movimiento de capital. Temen que el mayor poder adquisitivo de los Quince haga presa de vastos territorios en los Estados que se vayan incorporando a la UE. La Comisión Europea ha accedido a esta petición, al igual que admitió la alemana, aunque considera infundados los temores de ambos lados. Pero los dos capítulos están lejos de cerrarse.
Alemania necesita aún el visto bueno de España y Portugal, que buscan garantías para los fondos estructurales tras la ampliación. Francia, por otro lado, ha pedido, según informaba ayer el diario Financial Times, que se retrase la concesión a los países candidatos de la moratoria que solicitan. De acuerdo con el rotativo londinense, París prefiere reservarse esa baza para cuando llegue la negociación de la política agraria común (en 2002). La misma fuente apunta, como causa del retraso, a la relación entre el valor de la tierra y el derecho a subsidios directos de los agricultores de los países candidatos. La política agraria de la UE absorbe ya casi el 49% del presupuesto comunitario.
La Comisión Europea propuso a principios de mes introducir un periodo transitorio de siete años, a partir de la ampliación, para que ciudadanos de los Quince puedan comprar tierras agrícolas en los nuevos Estados miembros. Ese periodo es considerado demasiado corto por algunos países, como Polonia, que pide una transición de 18 años.