España mantiene el bloqueo a la ampliación en defensa de las ayudas
España y Alemania chocaron ayer de nuevo en Bruselas. Berlín, con la alianza de París, se niega a garantizar por escrito que las regiones españolas seguirán percibiendo fondos comunitarios tras la incorporación a la UE de nuevos Estados miembros. Madrid, como respuesta, bloquea las negociaciones para esa ampliación.
Apenas tres horas duró ayer la reunión de los representantes permanentes de los Quince ante la Unión Europea para intentar desbloquear la situación. Suecia, que preside la Unión este semestre, abrió el fuego planteando la propuesta alemana de restricciones a la libre circulación de trabajadores de los países candidatos durante sietes años después de la adhesión. Trece votos a favor contra dos, se repitió el resultado del pasado lunes en el Consejo de Ministros de Exteriores, al que asistió Josep Piqué. España y Portugal frenaban de nuevo un capítulo fundamental para las negociaciones con los candidatos.
Acto seguido las delegaciones alemana y francesa despedazaban la propuesta de la presidencia, que intentaba calmar la inquietud del Gobierno español ante la llegada de socios con renta muy por debajo de la media comunitaria. El texto invitaba a la Comisión Europea a analizar la repercusión de ese fenómeno estadístico en el futuro reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión, sin prejuzgar las decisiones presupuestarias que deberán adoptarse en 2007.
España se contenta con esta declaración, aunque sólo repetía lo que ya planteó la Comisión en el segundo informe sobre cohesión económica y social en la UE, publicado en enero de este año. Italia, reconocen fuentes diplomáticas, incluso mostró una posición más dura que la española. Aun así, Alemania se negó a admitir lo que denuncia como un chantaje por parte del Gobierno español.
Berlín exige que no se vincule un apartado de la negociación para la ampliación, como es la circulación de trabajadores, con problemas que surgirán cuando el proceso se inicie. Francia, en el bando alemán, teme que singularizar la inquietud española desate una sangría de resoluciones similares para calmar las decenas de sombras que genera la ampliación. Empezando por el propio nerviosismo francés ante una inevitable reforma de la política agraria tras las nuevas incorporaciones.
Madrid, por su parte, intenta obtener un aval para el futuro, aunque sea con garantías mínimas de cobro, consciente de que la agenda de negociación con los países candidatos concede a España el privilegio de cerrar los capítulos de política regional, estructural y agrícola bajo su mandato de la UE (primer semestre de 2001) ). "No es casualidad que el calendario lo propusiera el comisario [de Ampliación] Gunter Verheugen", aseguran fuentes próximas a La Moncloa, donde el alemán suscita de todo menos devoción.
Madrid lamenta ahora haber respaldado en el Consejo Europeo de Niza (en diciembre pasado) el calendario Verheugen que limitará su capacidad de maniobra en los temas más sensibles, dada la obligación de contemporizar que implica la presidencia. "Conseguimos añadirle la palabra flexible", se resignan las mismas fuentes. "Quizá debimos ser más duros". La intención alemana de renacionalizar la política estructural también se esconde tras los temores españoles. El trasvase comunitario de fondos desde las regiones más ricas de la UE hacia las más atrasadas ascenderá en el periodo 2000-2006 a 183.564 millones de euros. España recibirá en ese plazo 232 euros por habitante y año, hasta lograr la cifra de 45.045 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales y 11.160 de los de Cohesión (un 6% más que entre 1994 y 1999).
España contó ayer con cierto apoyo de Italia, cuyo representante en funciones pi-dió al Coreper mejoras en el texto para garantizar que las regiones pobres actuales seguirán recibiendo fondos después de la ampliación.
Italia, según las fuentes diplomáticas, recordó el origen de la política regional en los años setenta, consideró un éxito lo logrado hasta ahora y pidió que se asegurara su continuidad.
La política regional aporta a España, según la Comisión, el 1,5% de su PIB durante 10 años y ha permitido, por ejemplo, reducir en una quinta parte la duración media de un trayecto por las carreteras españolas. Grecia, Portugal e Irlanda se benefician, junto a España, de los Fondos de Cohesión, a los que deberán renunciar si superan el 90% de la renta media comunitaria en 2003 (Dublín ya lo ha logrado).