El CES pide a la UE que no castigue a las regiones que ya perciben ayudas
El Comité Económico y Social (CES) Europeo ha pedido a Bruselas que las regiones que actualmente son receptoras de fondos estructurales, gran parte de ellas españolas, no queden excluidas de estas ayudas cuando se produzca la ampliación de la Unión Europea (UE) al Este del continente.
El debate sobre el futuro reparto de los fondos estructurales y de cohesión, más allá del horizonte del año 2006, periodo en el que concluye el actual escenario de financiación, ha dado su pistoletazo de salida. El CES europeo ha emitido un dictamen, por unanimidad, en el que considera vital que se mantengan las políticas de cohesión en los territorios comunitarios más desfavorecidos (muchos de ellos españoles) en los que ya se está trabajando. El órgano consultivo de la Comisión Europea se hace eco, de esta manera, del "efecto estadístico" que se producirá cuando la Unión Europea se amplíe hacia los países del Este.
Cuando ello ocurra, la renta media comunitaria experimentará una caída "artificial" de casi 18 puntos porcentuales, sólo por el hecho de que los países que se adhieran cuentan con un retraso económico considerable en relación con los socios comunitarios.
Esto afectará a muchas de las regiones consideradas como Objetivo 1 de la UE (las que cuentan con una renta inferior al 75% de la media comunitaria) para seguir recibiendo ayudas.
Campbell Christie, ponente del dictamen emitido por el CES Europeo, entiende que las acciones de la UE en materia de cohesión aportan un valor añadido considerable a las regiones más desfavorecidas, ya que, no sólo inciden directamente en el nivel de vida y empleo, "sino que también ofrecen beneficios indirectos considerables".
Por tanto, la futura revisión de los criterios de Objetivo 1 "no debería llevar a la exclusión de las regiones que reciben fondos actualmente y "cuyo desarrollo económico seguirá dependiendo de la ayuda a la cohesión".
El CES europeo propone para ello que en el futuro suavice el límite actual del 75% de la renta media comunitaria para ser considerado como objetivo prioritario de la Unión.
La propia Comisión ya ha emitido un Segundo Informe sobre la Cohesión, en el que reconoce este efecto y la necesidad de habilitar medidas correctoras. El CES se apunta a este aspecto, en especial a la posibilidad de establecer un régimen llamado de "zonificación indirecta" para seguir otorgando ayudas a las regiones excluidas del Objetivo 1. Este estatus especial debería contar con controles y supervisiones similares a los establecidos para las regiones Objetivo 1.
De igual manera, el Comité Económico y Social Europeo estima que la Comisión Europea debería apoyar a los países candidatos a la ampliación a crear mecanismos institucionales necesarios para facilitar la supervisión de estos fondos.
El CES propone también un mayor protagonismo del Banco Europeo de Inversiones en la política de cohesión comunitaria. Mientras tanto, el comisario europeo de Política Regional, Michel Barnier, ha iniciado una gira por los países beneficiarios de fondos estructurales y de cohesión. La pasada semana, de viaje por España, Barnier garantizó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que todas las regiones Objetivo 1 contarán con apoyo de la UE hasta que "de forma objetiva" no lo necesiten.
10 billones en seis años
España recibirá de 2000 a 2006 un total de 10,1 billones de pesetas de fondos estructurales y de cohesión comunitarios, de los que 6,5 billones corresponden a las 10 comunidades autónomas consideradas como Objetivo 1.
Sin embargo, las buenas intenciones de Barnier están aún lejos de hacerse realidad, sobre todo por la fuerte presión política de varios Estados para recortar gastos de un cada vez más sobredimensionado presupuesto comunitario.
Barnier, por el momento, se ha limitado a tranquilizar a las autoridades españolas y a recomendarles que los fondos previstos hasta 2006 deberían ser utilizados "para algo más que para hacer carreteras".
Como ejemplo puso la investigación y la innovación tecnológica, en especial el acceso a Internet, asuntos en los que España se halla muy retrasada en comparación con los principales socios comunitarios.
España quiere un trato igual al de Alemania
Las buenas intenciones del comisario europeo, Barnier, tratando de tranquilizar a las regiones que ahora reciben ayudas, pero que serán directamente afectadas por la ampliación al Este, han sido recogidas con alivio por parte del Gobierno español. Sin embargo, consciente de que la batalla será larga (los próximos cinco años) y dura, ha decidido iniciar una ofensiva diplomática que engloba a los Ministerios de Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores.
España reclamará a los Quince la misma solidaridad en los fondos estructurales que Alemania con la libre circulación de trabajadores. Berlín ha conseguido que la Comisión Europea elabore una propuesta en la que se establece un periodo de transición de cinco a siete años para el libre tránsito de trabajadores de los países candidatos hacia la UE, consciente de la avalancha de inmigrantes que pueden llegar de Estados como Polonia, Hungría o la República Checa.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido a Barnier que utilizará esta circunstancia en las negociaciones que se inicien sobre la ampliación al Este. Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, es partidario de abrir cuanto antes el debate sobre el reparto de fondos estructurales, dado que ya se empiezan a discutir los grandes capítulos de la negociación con los países candidatos. El Gobierno estima positivo fijar dos umbrales distintos -uno para los Quince y otro para los candidatos- en la concesión de ayudas.