<I>La Cumbre de las Américas y la UE</I>
Las empresas europeas perdieron casi la mitad de su presencia en el mercado de México tras la integración de éste en el TLC.
La tercera Cumbre de las Américas ha confirmado la voluntad expresada por George Bush de convertir en el primer objetivo de la política exterior de EE UU las relaciones con América Latina y el Caribe. La fuerte desaceleración de la economía estadounidense es un factor que probablemente da nuevos impulsos a esta opción en busca de mercados exteriores donde colocar inversiones y exportaciones. La intención de la Administración Bush de adelantar a 2003 la creación del ALCA (Área de Libre Comercio en las Américas), prevista para 2005 (al final se ha mantenido esa fecha), corrobora que en la política exterior del nuevo presidente –contrariamente a su antecesor, que se había volcado en los conflictos irlandés, de los Balcanes y de Oriente Próximo– la extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entre EE UU, Canadá y México al resto del con-tinente, a excepción de Cuba, es su prioridad.
Como sucediera en Seattle en la cumbre de la OMC, y luego en las del FMI, en Washington, y del Banco Mundial, en Praga, las organizaciones sociales, sindicales y ecologistas, que reclaman otro modelo de mundialización, han organizado en Quebec una cumbre paralela.
Esa Cumbre de los Pueblos exige que la libertad de comercio sea compatible con los derechos humanos, sociales, económicos y medioambientales más básicos. Una contestación que ha recibido nuevos apoyos tras las primeras medidas de Bush de abolir la prohibición de construir carreteras en los parques nacionales de EE UU, multiplicar por cinco el límite de arsénico en el agua potable y acordar la retirada de su país del Protocolo de Kioto.
Pero, más allá de los movimientos que exigen una globalización asentada en la coo-peración y no sobre el darwinismo económico, amplios sectores de América Latina y del Caribe observan preocupados las consecuencias que pueden derivarse de una asociación entre economías tan diferentes como las de la primera potencia o las de Bolivia o Haití, de las más pobres. El PIB de EE UU representa el 75% del conjunto de los 34 países implicados, y, por ejemplo, el de Brasil es 15 veces inferior al de EE UU. Una asociación, basada en un modelo ultraliberal, en el que no se prevén fondos estructurales, ni políticas sociales mínimas, ni otros instrumentos que en Europa intentan apoyar a los sectores, regiones o países más atrasados y vulnerables a la apertura de los mercados. También desde la sociedad de EE UU, sindicatos y otras organizaciones exigen contrarrestar los efectos negativos de la liberalización comercial (el TCL ha supuesto, según los sindicatos de EE UU, la pérdida de 750.000 empleos en su país).
En este contexto se desarrollan las negociaciones UE-Mercosur, por un lado, y Chile, por otro. De su resultado dependerá en gran medida la presencia europea en toda América Latina. Sería conveniente, como ha solicitado el Parlamento Europeo, que se modificara el mandato de negociación de la UE, que supedita los acuerdos al término de una nueva ronda de la OMC.
Aunque las negociaciones sean de nuevo lanzadas en la reunión de la OMC en Qatar, en noviembre, es poco probable que terminen antes de 2004. Demasiado tarde, tanto para los europeos, si quieren consolidar su posición en los cinco países del Cono Sur, como para el Mercosur, que prefiere negociar con EE UU sobre el ALCA desde una posición regional reforzada por el acuerdo con la UE. æpermil;sta debería, asimismo, tener muy en cuenta que tras la integración de México en el TLC, las empresas europeas perdieron casi la mitad de su presencia en el mercado mexicano.
La negociación con la UE como bloque plantea al Mercosur la necesidad de una cohesión interna que ha sido erosionada por la devaluación brasileña en 1999 y ahora por la crisis fiscal argentina, que exige profundizar en la coordinación de sus políticas económicas, fortalecer sus mecanismos institucionales y ahondar en la unión aduanera. En este sentido, la meta de una mayor cooperación en el ámbito macroeconómico para contribuir a la estabilidad de la región y fomentar la integración económica y monetaria es una de las prioridades en la última comunicación de la Comisión Europea sobre América Latina.
En todo caso, la UE cuenta con algunas ventajas en su pugna comercial con EE UU respecto a América Latina: el legado histórico y cultural; su modelo de integración regional, que pretende ser algo más que una zona de libre comercio; su modelo social, y el propio interés de los países latinoamericanos de contrabalancear con acuerdos regionales (Mercosur, SICA, Caricom, Pacto Andino) y con acuerdos extracontinentales (UE) el acuerdo de libre mercado con sus vecinos del norte. Sin contar con que todavía Bush tiene que lograr del Congreso autorización para negociar el ALCA por la vía rápida (fast track). Y, cuando supere ese requisito, demostrar que está dispuesto a bajar sus barreras aduaneras en productos sensibles, como el azúcar, el zumo de naranja, la soja o el acero. O en la agricultura en general, donde el proteccionismo es aún superior al de la UE.