Villar Mir y EnBW avivan la batalla por el control de Cantábrico

La batalla por el control de Cantábrico ha entrado en una nueva fase con la decisión de Villar Mir y de la alemana EnBW de mejorar su OPA y ofrecer 27,3 euros por título. Esta propuesta deja sin apoyos la oferta de 26 euros de la también alemana RWE. Sin embargo, EnBW (participada al 25% por EdF) tendrá que salvar la posible oposición del Gobierno.

Ferroatlántica, del grupo Villar Mir, y la empresa alemana Energie Baden-Wüttemberg han mejorado su oferta inicial por Cantábrico y han lanzado una Oferta Pública de Adquisición por el 100% de la empresa asturiana, a 27,3 euros por título, y sin cláusulas restrictivas. Esta propuesta, que se presentó sólo dos horas antes que concluyera el plazo legal para que citado consorcio revisara al alza su OPA, valora la empresa asturiana en 514.178 millones de pesetas (3,09 billones de euros).

La decisión de Ferroatlántica y EnBW pone en difícil situación la oferta de la alemana RWE, de 26 euros por acción, y que contaba hasta ahora con el apoyo de las llamadas familias asturianas (Masaveu, Carceller, Alvargonzález y Cosmen), en conjunto un 10% del capital. El compromiso de estos accionistas de aceptar su OPA sólo iba a tener lugar en caso que no se presentase una mejor proposición económica. Ahora los directivos de la segunda eléctrica germana considerarán si su proyecto se ha quedado obsoleto, posibilidad que ya contempló su presidente, Dietmar Kuhnt.

Sin embargo, la decisión de RWE se va a meditar en función de otros posibles acontecimientos. Y es que el plan de Ferroatlántica y EnBW (que está participada en un 25% de su capital por Electricité de France) deberá superar la oposición del Gobierno español a que una compañía controlada por el Estado, como es la francesa mencionada, pase a dominar una compañía española de un sector estratégico. A favor de que no se aplique esa normativa juegan varios aspectos, como que EnBW (tercera eléctrica de su país) no está gestionada por EdF y que la operación se materializará de forma indirecta, con la toma de una participación del 50% en Ferroatlántica a través de una ampliación de capital. Sin embargo, EnBW ya se tuvo que enfrentar en otra ocasión a la resistencia del Ejecutivo de Aznar, y adicionalmente las relaciones de España y Francia en esta materia se han deteriorado tras la cumbre comunitaria de Estocolmo.

Según el presidente de EnBW, Gerhard Goll, la operación cumple con el objetivo de la compañía "de establecer una posición sólida en el mercado español". Y añade que Cantábrico cumple con las características que han implantado para la empresa de Baden Wuttermberg en su país: "una fuerte base regional, un excelente servicio al cliente y una agresiva e innovadora estrategia comercial". El grupo Villar Mir y EnBW, que están asesorados por J. P. Morgan, se comprometen a mantener la sede de Cantábrico en Oviedo y preservar la continuidad de los actuales activos, así como abordar adquisiciones para aumentar su dimensión. Además del citado 10%, esta oferta contará con el apoyo de la belga Electrabel.

 

Negociaciones con EDP y Cajastur

Con un 35% del capital de Cantábrico asegurado, Electricidade de Portugal (EDP) y Cajastur serán interlocutores inevitables para Ferroatlántica y EnBW, aunque éstos puedan superar el 50% del capital. Ambas partes parecen dispuestas al diálogo ya que, como ha reiterado el presidente de EDP, Francisco Sánchez, su empresa defenderá su posición en la compañía asturiana, clave para su estrategia de crecimiento en su mercado natural, el de la Península Ibérica. Aunque formalmente las negociaciones no pueden comenzar hasta que no se hayan liquidado las ofertas, los analistas señalan que el pacto puede ser posible, y comprendería aspectos relacionados con activos hidráulicos y con otras actividades como el gas; en ese caso, la presidencia de Cantábrico podría ocuparla Juan Miguel Villar Mir. Por el contrario, los analistas encontraban más dificultades a un acuerdo entre EDP y RWE. De no alcanzarse un consenso, Cajastur y EDP se opondrán a la modificación de los restrictivos estatutos societarios de la empresa asturiana, que limita el poder político de cada accionista al 10%, con independencia de su participación en el capital.