Bono, Ibarra y Chaves prevén exigir por vía judicial la deuda pendiente
Los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura estudian la presentación de reclamaciones judiciales por las cantidades que les adeuda el Ejecutivo central a partir de su participación en los ingresos del Estado. Ello es compatible, según el PSOE, con la negociación que mantiene abierta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
Estas tres comunidades no firmaron el sistema de financiación negociado por el Gobierno del PP con CiU en 1997 y desde entonces reclaman al Ejecutivo central el dinero que han dejado de percibir correspondiente a la liquidación de su participación en los ingresos del Estado.
El Gabinete de José Bono ha calculado la deuda en 5.000 millones de pesetas, cantidad que va a ser reclamada por vía judicial. Los mismos pasos pueden seguir en breve las comunidades gobernadas por Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, según han confirmado a este diario los dirigentes federales del PSOE Jordi Sevilla y Juan Fernando López Aguilar.
En opinión del PSOE, si el sistema de financiación vigente ha fracasado en suficiencia, autonomía y corresponsabilidad fiscal, el tratamiento dado a las tres comunidades que no lo firmaron ha bordeado la ilegalidad: se ha negado su derecho a un modelo de financiación, el reconocimiento de su censo de población real, el crecimiento establecido para los traspasos educativos e incluso no se han completado hasta el 100% las entregas anuales a cuenta de su participación en los ingresos del Estado, que son el 98% del cálculo "arbitrario" que realiza el Gobierno. Esta liquidación tampoco ha respetado la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
El Gobierno castellano manchego considera un "bochorno" tener que acudir a la vía judicial para reclamar esta deuda, opinión compartida desde la ejecutiva federal del PSOE.
Ni Sevilla ni López Aguilar consideran un contrasentido que desde las citadas comunidades se promuevan estas reclamaciones y, al mismo tiempo, el PSOE se siente a negociar con el Gobierno el nuevo modelo de financiación autonómica. López Aguilar recuerda, además, que el modelo vigente de financiación está recurrido al Constitucional y se encuentra pendiente de sentencia.
El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvieron recientemente una reunión de trabajo con Jordi Sevilla para encarar la negociación sobre el nuevo modelo, en la que ambas partes constataron la posibilidad real de alcanzar un acuerdo que aporte estabilidad a la financiación autonómica.
El nuevo sistema deberá entrar en vigor en enero del año que viene. Para que éste pudiera tener reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2002, el pacto debería estar cerrado en octubre, como muy tarde. Economía tiene interés en que CiU y Coalición Canaria se incorporen también al mismo.
La próxima cita entre el Gobierno y el primer partido de la oposición se celebrará a finales de este mes y en ella entrarán ya a analizar a fondo los principales ejes del nuevo modelo de financiación. Rato y Montoro han delegado las conversaciones en el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, mientras que en nombre del PSOE acudirá Jordi Sevilla en nombre de su ejecutiva.