La UE acepta que no todas las ayudas a las eléctricas alemanas son ilegales
La Comisión Europea seguirá investigando la legalidad del billón de pesetas que el Gobierno garantizó en 1998 al sector eléctrico como compensación por la apertura del mercado. El Tribunal de la UE añadió ayer un nuevo elemento al expediente al considerar que las ventajas concedidas por Alemania a las energías renovables no constituyen ayuda de Estado.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sentado jurisprudencia al dictar que "sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente a través de fondos estatales constituyen ayudas a los efectos del Tratado de la UE". La máxima instancia judicial rechazaba así, en respuesta a una consulta de un tribunal alemán, que la obligación impuesta en ese país a las empresas eléctricas de comprar energía renovable a un precio superior al valor de mercado constituya una ayuda de Esta-do.
El portavoz del comisario de Competencia, Mario Mon-ti, aun reconociendo la trascendencia del pronunciamiento, descartaba, a primera vista, una extrapolación al expediente sobre los costes de transición a la competencia (CTC) del sector eléctrico español que la comisión investiga desde 1999.
También la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, reaccionaba con extrema cautela ante la sentencia del Tribunal. "Habrá que incorporar lo que dice a la discusión entre los servicios técnicos de Competencia y Energía sobre los CTC", afirmó en rueda de prensa. De Palacio adoptó a finales del año pasado una posición beligerante contra la inminente apertura de un expediente formal contra España por parte de los servicios de Mario Monti.
El portavoz de Monti señalaba ayer que, a diferencia del caso alemán, "en España los consumidores han abonado una recarga en el recibo de la luz [del 4,5%] que, a través de un fondo, se redistribuye entre las empresas beneficiarias". Para Bruselas, ese recargo constituye una tasa parafiscal, que es, precisamente, una de las figuras legales que el abogado general del Tribunal menciona en sus conclusiones sobre el caso alemán como ayuda indirecta atribuible al Estado. El Gobierno de José María Aznar ya conocía esas conclusiones cuando el pasado mes adoptó el decreto que canceló la financiación del fondo de los CTC con el recargo del 4,5%.
Fuentes del departamento de Monti confirmaron ayer que ese decreto sí introduce un cambio drástico en la investigación. "Pero habrá que analizar si las ayudas percibidas ya por las eléctricas españolas constituyen una ayuda de Estado ilegal". Desde que se modificó el sistema de CTC a finales de 1998, Endesa, Iberdrola, Fenosa e Hidrocantábrico han recibido ya casi la mitad de los 1,3 billones de pesetas que el Gobierno pretendía garantizarles.
Una puerta de escape para las ayudas ocultas
La decisión prejudicial (respuesta a una consulta de un juez de un Estado miembro) del Tribunal de la Unión Europea sobre energías renovables en Alemania, conocida ayer, abre un futuro incierto para toda la legislación comunitaria sobre ayudas de Estado, según reconocen con inquietud manifiesta fuentes de la Comisión Europea.
"Es fácil imaginar que todos los Estados miembros estudiarán la ley alemana de apoyo a las energías renovables para adoptar disposiciones similares". Y la Comisión Europea se teme que esas disposiciones no se limiten sólo a favorecer energías más limpias. "Es una sentencia importantísima que va más allá de sectores concretos como el eléctrico o ámbitos determinados como el medio ambiente", alertaba la comisaria de Energía, Loyola de Palacio.
La Comisión se resiste, sin embargo, a considerar la sentencia un batacazo en su combate para reducir las ayudas de Estado que el comisario de Competencia, Mario Monti, ha condenado repetidamente como una lacra para el crecimiento de la Unión Europea. Bruselas ha logrado que el montante de las ayudas de Estado pase de 1.357 euros por persona asalariada en 1994 a menos de 1.000 euros en la actualidad.