Las ayudas al empleo desde 1997 superan ya un billón

Las cuentas de resultados de las empresas españolas han recibido una inyección de alrededor de un billón de pesetas en los últimos cuatro años, procedentes de las bonificaciones del Gobierno por la realización de contratos indefinidos. Desde 1997, cuando la última reforma laboral pactada puso en marcha estas ayudas, un total de tres millones de contratos fijos se han realizado al amparo de estos incentivos. Este año se esperan 800.000 contratos más, con otros 300.000 millones de reducción de coste laboral.

El Gobierno decidió hace 10 días imponer una reforma laboral que fundamentalmente se ciñó a prorrogar y ampliar, en el caso de las mujeres y de los mayores, los incentivos a la contra-tación estable existentes desde 1997.

Estos alicientes económicos han sido determinantes en la buena marcha de la reforma laboral pactada hace cuatro años entre empresarios y sindicatos, y que ha generado tres millones de nuevos contratos indefinidos bonificados, de los que en la actualidad quedan vigentes alrededor de 2,5 millones, según el Ministerio de Trabajo.

Desde 1998, el Gobierno destina en sus Presupuestos Generales del Estado una media de 300.000 millones de pesetas anuales a estas ayudas, que consisten en rebajas de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en su apartado de contingencias comunes, de los contratos fijos de nueva firma.

Estas rebajas han sido en buena medida la clave del éxito de la contratación indefinida, ya que han aliviado sustancialmente los costes laborales de las empresas españolas en más de un billón de pesetas.

La disminución de las cotizaciones empresariales se ideó en su origen casi exclusivamente para los contratos indefinidos de fomento del empleo estable, con una indemnización por despido de 33 días por año, creados en 1997 y que sólo podían realizarse a cuatro colectivos: jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años; parados con más de un año en el desempleo; mayores de 45 años, y minusválidos.

Ampliación de ayudas

Pero la vigencia de estas ayudas terminaba en dos años, por lo que Gobierno y CC OO pactaron un nuevo programa de bonificaciones para 1999. La prueba del éxito de estos incentivos es que los negociadores abrieron la mano y, aunque redujeron la cuantía de las bonificaciones y su duración, extendieron las ayudas a los contratos fijos ordinarios, con un despido de 45 días, para determinados colectivos, como las mujeres que se contrataran en sectores con bajo índice de empleo femenino.

Pero la vuelta de tuerca definitiva la ha dado el Gobierno con esta última reforma laboral decretada sin el acuerdo de empresarios y sindicatos.

En la nueva norma no sólo ha ampliado los colectivos a los que se les puede hacer el contrato indefinido con un despido más barato (a mujeres desempleadas contratadas en sectores subrepresentadas, jóvenes de 16 a 30 años y parados con seis meses en el desempleo), sino que ha aumentado la cuantía de estas ayudas de tal forma que todos los nuevos contratos fijos de las mujeres quedan incen-tivados.

No obstante, y pese a los buenos resultados de estas ayudas, el Gobierno no las mantendrá fijas de ahora en adelante, sino que mantendrá su estrategia de adecuarlas cada año a las necesidades del empleo en cada momento, así como a las exigencias presupuestarias.

En contra de lo que pudiera parecer a tenor del alto volumen de contratos bonificados realizados por las empresas españolas, entre los empresarios se ven con ciertas reticencias esta ayudas, ya que algunos las consideran discriminatorias. En su opinión, estas bonificaciones sólo benefician a la nueva contratación estable y, sin embargo, no premian en absoluto a las empresas que mantienen durante muchos años sus plantillas con trabajadores estables.

 

Fisuras en el Gobierno, la patronal y los sindicatos

La reforma laboral impuesta por el Gobierno tras ocho meses de negociación fallida ha abierto fisuras en el Gobierno, en la patronal y en los dos sindicatos, aunque de dimensiones bien diferentes. Desde que en junio se abrió la negociación, aparecieron posiciones diferenciadas en las tres partes, en las dos que materialmente se sentaban en la mesa y en la que estaba espiritualmente.

Aunque el contenido que finalmente se ha puesto en el decreto-ley no resiste una negociación bienintencionada de una semana, lo dilatado de las conversaciones ha erosionado incluso la unidad interna de cada organización.

El Gobierno ha impuesto, tras amenazas apocalípticas, cambios casi inofensivos en la legislación de la contratación. Ni las tesis de Trabajo ni las de Economía han llegado al BOE. Aparicio, titular de Trabajo, llevó al Consejo de Ministros lo aprobado, con algunos significativos castigos a la contratación temporal, tales como una elevación de la cotización patronal; pero el vicepresidente Económico los consideró inaceptables y forzó su retirada a última hora, junto con otros pequeños detalles que limitaban el encadenamiento de contratos al mismo trabajador.

Y Rato no fue capaz de llevar al decreto una reducción sustancial de las indemnizaciones por despido (se hablaba de 25 días por año para los nuevos contratos), y tendrá que esperar para reformar los convenios colectivos. Pero la sangre no llegará al río en el Gobierno, porque Aznar no permite que trasciendan las diferencias.

Réditos escasos

La patronal ha jugado con naipes comodín. Quería desde el principio un acuerdo y un desacuerdo. Los defensores de la doctrina histórica, defendida por los viejos patronos, que consideran que un Gobierno de derechas con mayoría absoluta debe legislar y hacerlo a su favor, han ganado, aunque los réditos no sean los que esperaban. Pocos fueron en los que en las últimas reuniones de los dirigentes patronales respaldaron la idea que ha mantenido Cuevas en los últimos años: sólo se pueden modernizar las relaciones industriales con paz social y moderación salarial si se negocia y se pacta.

Sectores como los de grandes superficies y otros muy intensivos en empleo de baja remuneración han abanderado la ruptura, al parecer personificada por el secretario general de la patronal, Juan Jiménez Aguilar, y el vicepresidente, Arturo Gil, según fuentes conocedoras de la negociación. Dícese incluso que la inclinación de José María Cuevas a dejar su larga carrera en la patronal se ha acentuado en el proceso.

En los sindicatos no ha existido la misma sensibilidad en ningún momento; y si cada uno de ellos (y entre ellos) comenzaron con unidad, la imposición de la refor-ma ha removido muchas posiciones y ha diluido la síntesis. En Comisiones Obreras han defendido hasta el final que "es mejor un mal acuerdo que un pleito", pero los negociadores reconocen que a última hora el pacto se hizo imposible pese a los cables tendidos a la patronal. Pero han surgido discrepancias después sobre la urgencia en convocar movilizaciones, pese aferrarse a la silla del diálogo.

UGT, que nunca vio claro que fuera posible el consenso, ha abierto la espita de la confrontación tras el primer decreto y no da un euro por retomar el diálogo pendiente.