PSOE y CiU admiten que se estudie un IPC especial para la revalorización de pensiones
El catedrático de Teoría Económica y director de la Fundación de Empresa Pública, Julio Segura, abrió ayer, en el seno de la comisión del Pacto de Toledo, la posibilidad de crear un IPC específico (inferior al actual), que sirva como referente para la revalorización anual de las pensiones. En su opinión, dicho IPC debería descontar algunos elementos como el transporte público o el gasto farmacéutico, que es gratis o al menos cuesta menos a los pensionistas. Según sus cálcu-los, descontando estos y otros elementos, en la última década los pensionistas españoles han visto revalorizado su poder adquisitivo seis décimas anuales más que la media de la inflación.
La reacción de los dipu-tados de PSOE y CiU presentes en la comisión parlamentaria no se hizo esperar y ambos se mostraron dispuestos a, por lo menos, estudiar esta posibilidad. El diputado de CiU Pere Grau indicó al respecto que "es una idea valiente, que habrá que retomar", siempre que ese nuevo IPC garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El portavoz socialista en esta comisión, José Antonio Griñán, señaló que este es un tema delicado sobre el que, por lo menos, la comisión del Pacto de Toledo "tendrá que pronunciarse".
Segura planteó un paquete de otras seis medidas que fueron, en general, bien recibidas entre los grupos parlamentarios. Entre ellas están: contemplar toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión y retrasar la edad de jubilación o al menos crear un sistema mixto que entre los 65 y 70 años permita al empleado trabajar a tiempo parcial y cobrar parte de la pensión. Además propuso aumentar el número de años de cotización exigible para recibir el 100% de la pensión de los 35 años actuales a 40 años; penalizar las prejubilaciones y aumentar los incentivos fiscales a los fondos de pensiones. Se mostró también partidario de un tránsito lento hacia un sistema de pensiones mixto de reparto, que garantice una pensión básica, y otro complementario privado gestionado por Gobierno, sindicatos y patronal.