El Gobierno blinda Iberia ante la salida a Bolsa con una 'acción de oro' de cinco años
El Gobierno va a implantar en Iberia el mecanismo de la acción de oro, la capacidad de controlar las decisiones estratégicas de una empresa sin estar en el capital, para blindar el futuro de la aerolínea ante su inminente salida a Bolsa. La acción de oro, un mecanismo cuestionado por Bruselas, tendrá una duración de cinco años, inferior al de otras grandes empresas públicas.
El Gobierno considera estratégica la compañía Iberia, cuyo capital va a abandonar por completo el próximo mes de abril, y por ello ha decidido establecer el mecanismo llamado acción de oro, que permite controlar las decisiones estratégicas de la empresa y vetar la entrada de inversores no deseados sin estar en el capital de la sociedad.
La intención del Gobierno es establecer ese mecanismo de blindaje durante un plazo de cinco años, según fuentes solventes cercanas a la compañía de bandera. Ese plazo es inferior a la acción de oro que aplicó el Estado en otras grandes empresas públicas privatizadas, como Repsol, Telefónica, Tabacalera o Endesa.
La introducción de la acción de oro por el Estado fue una de las condiciones que tuvieron que aceptar British Airways, Caja Madrid, BBVA, Logista, El Corte Inglés y Ahorro Corporación para convertirse en socios del núcleo estable de la compañía de bandera. Sin embargo, ese derecho de veto que se reservan algunos Estados en empresas que han sido privatizadas es rechazado por Bruselas.
De hecho, el pasado mes de julio la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el control que se ha reservado sobre las empresas que antes ostentaban el monopolio en una serie de actividades.
Bruselas ha actuado también, por el mismo motivo, contra Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Reino Unido. En el caso de Iberia, la oposición del Ejecutivo comunitario a la acción de oro y los criterios divergentes de los ministerios involucrados en la privatización de la aerolínea habían provocado a lo largo de los últimos meses un intenso debate en el seno del Gobierno sobre la con-veniencia de establecer ese blindaje.
La discusión finalmente se ha saldado estableciendo un doble mecanismo de protección, ya que el Gobierno ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 2001 una enmienda que permite que el consejo de administración de Iberia o de cualquier aerolínea española vete la entrada de inversores extranjeros no deseados.
Acciones nominativas
Como primer paso, la enmienda obliga a que las acciones en aerolíneas españolas sean nominativas, con el fin de que la dirección de la compañía sepa quiénes son los accionistas en todo momento.
Otorgada esa capacidad para acceder a esta información, se obliga a las empresas aéreas a que comuniquen al Ministerio de Fomento, a la Bolsa y a la CNMV si una elevada presencia de capital extranjero en una aerolínea pone en peligro sus licencias de explotación o el ejercicio de los derechos de tráfico derivados de los acuerdos bilaterales firmados por España. Estos pactos entre Estados son los que permiten a las aerolínea nacionales volar a otros países no comunitarios.
El Gobierno prohíbe a través de esa enmienda realizar cualquier adquisición o transmisión de acciones de una aerolínea española por parte de una sociedad o persona física extranjera si la operación no se acompaña de una certificación del consejo de administración de la empresa española donde acredite que ese cambio accionarial no supone modificar los convenios bilaterales aéreos suscritos por España.
La propia British Airways, socio industrial de Iberia, cuenta con un mecanismo de blindaje similar al que establece la Ley de Presupuestos.
Cambio de estatutos
Ante esa próxima colocación en Bolsa del 54% del capital de Iberia en manos de la SEPI, Iberia procedió el pasado jueves a adaptar sus estatutos sociales a la nueva situación. Tras la privatización total, el nuevo consejo de administración estará integrado por 12 miembros, de los que seis serán designados por el núcleo duro. El resto serán consejeros independientes.
Asimismo, las nuevos estatutos permiten que la aerolínea pueda llegar a contar con tres vicepresidentes. Actualmente el máximo órgano administrativo de la aerolínea está configurado por 14 miembros y no existe la figura del vicepresidente.
El consejo de administración también ha convocado una junta extraordinaria de accionistas a finales de febrero para formalizar la salida a Bolsa. Las acciones cotizarán en abril.
El valor de la aerolínea se cifra entre 350.000 y 390.000 millones
Una vez lanzado el proceso de colocación en Bolsa de Iberia, el principal problema al que se enfrentan los accionistas (la SEPI, el núcleo duro y los trabajadores, que controlan el 6% de la sociedad) y los coordinadores de la operación es la valoración de la aerolínea.
Al tratarse de un proceso de privatización que dura ya casi cuatro años, la situación de la empresa y del sector ha fluctuado de forma importante. Iberia ha sido valorada ya tres veces, y las tres con un precio diferente.
Ahora, a falta de los últimos ajustes en el precio, en función de los últimos análisis de demanda, la horquilla de valoración estimada se sitúa entre los 350.000 millones y los 390.000 millones de pesetas, equivalente a entre 383 y 427 pesetas por acción. En esa tasación apenas pondera la participación de Iberia en Amadeus, que a precios de mercado vale 150.000 millones de pesetas.
Los coordinadores estiman que no se puede tener en cuenta ese paquete. Se valoran aquellas actividades que se pueden considerar negocio de transporte de pasajeros, y Amadeus es una filial que presta un servicio comercial.
La referencia principal para tasar Iberia son Air France y Lufthansa, también socios de Amadeus.
En ambas la relación precio/beneficio (PER), el ratio clave para valorar las compañías aéreas, en el año 2000 se sitúa en entorno de las 11 y 13 veces.
Como Iberia ha cerrado el año 2000 con un beneficio neto provisional de unos 30.000 millones, el valor que resulta tras aplicar un PER similar al de sus competidores coincide con la horquilla señalada.
La decisión dependerá de un acuerdo que satisfaga a todas las partes. SEPI quiere colocar al precio más alto, pero asegurándose de que el valor se vende bien y tiene recorrido al alza.
El núcleo estable desea que el precio se aproxime al que pagó, 497 pesetas por acción, y entre los trabajadores hay división.