La publicidad electrónica 'basura' cuesta 1,6 billones a los usuarios
La recepción de mensajes electrónicos no solicitados cuesta a los internautas de todo el mundo 10.000 millones de euros anuales, según un estudio elaborado por la Comisión Europea. Para Bruselas, esa cifra, que computa sólo el coste de la conexión telefónica necesaria para recibir el correo, ilustra claramente la necesidad de una norma de protección de datos adaptada a la realidad virtual.
Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Alemania ya cuentan desde 1997 con una norma que prohíbe el marketing directo por cualquier medio electrónico sin el consentimiento previo del destinatario. Pero los internautas del resto de la Unión Europea, incluida España, navegan en un vacío legal que permite a los anunciantes inundar sus buzones con miles de mensajes no deseados, muchas veces procedentes, incluso, de países como los mencionados, donde la protección a sus consumidores sí está garantizada.
Hasta 500.000 mensajes personalizados puede enviar en un sólo día una empresa dedicada a la ciberpublicidad, según alerta un estudio encargado por la Comisión Europea que se difundió el viernes pasado. Sus autores -Serge Gauthronet y æpermil;tienne Drouard, de la consultora Arete- recomiendan a los Quince que adecuen su marco legal a los nuevos canales publicitarios que ofrece Internet para garantizar que los usuarios sólo reciban la publicidad que han solicitado o consentido. "Esta solución parece la que mejor se adapta a Internet, permite [a las empresas] una gestión rentable de las bases de datos, posibilita una relación personalizada entre comerciante e internauta y responde a las expectativas de los internautas", concluye el estudio.
El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, afirma que el proyecto de directiva (ley comunitaria) sobre protección de datos apunta en esa dirección. Pero Gauthronet y Drouard dudan sobre la efectividad de ese texto legal que, en muchos casos, entraría en contradicción con otras leyes comunitarias como la directiva sobre telecomunicaciones, la de venta a distancia o el proyecto de directiva de comercio electrónico.
Su estudio denuncia que "la confusión parece reinar entre los profesionales, que no saben exactamente qué está autorizado y qué no en Europa". Sin una base legal coherente, afirman, será imposible frenar una industria tan escurridiza como la del correo basura.
Las empresas de publicidad electrónica masiva disponen ya de mecanismos para sortear los filtros instalados por los servidores de Internet.
Además, han desarrollado potentes cosechadoras que navegan automáticamente a la búsqueda de todas las direcciones electrónicas que se encuentren flotando en páginas, foros o chats virtuales.
La cosecha reporta sustanciosos beneficios. Desde 900 pesetas por un buzoneo de 1.000 internautas hasta 3.600 pesetas si el cliente desea sus direcciones. Las grandes campañas de bombardeo electrónico gozan de ofertas especiales: un mes de acoso publicitario contra 300.000 direcciones por menos de 4.000 pesetas; un millón de direcciones, durante el mismo plazo, por apenas 7.000 pesetas.
La mayor factura es para los destinatarios: más de billón y medio de pesetas por recibir material de desecho.