La polémica Ley de Extranjería entra en vigor a partir de hoy
Desde hoy entra en vigor la polémica Ley de Extranjería que da facultades a los responsables del Ministerio de Interior para expulsar a unos 28.000 inmigrantes -tras haber regularizado a 137.000- y prohíbe al colectivo de trabajadores extranjeros los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.
La nueva ley de extranjería, que mañana entrará en vigor, presenta entre sus modificaciones la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación a este mismo colectivo de extranjeros de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.
La nueva ley, aprobada el 14 de diciembre pasado por el Senado con los votos a favor de PP, CiU y CC, reforma el texto actual, que a su vez fue ratificado por el Parlamento el 22 de diciembre de 1999, con los votos en contra del PP, quien anunció que cambiaría la ley si ganaba las elecciones, como sucedió, por mayoría absoluta, el 12 de marzo de 2000.
La ley establece ahorala distinción entre los derechos y libertades de los inmigrantes legales e ilegales.La permanencia ilegal se sanciona con la expulsión y los empresarios que empleen a extranjeros que carezcan de permiso de trabajo serán sancionados con multas por cada uno de los trabajadores contratados y se podrá confiscar su maquinaria y clausurar el negocio hasta por cinco años.
También establece sanciones a las compañías de transporte que trasladen a extranjeros hasta el territorio español sin verificar que son portadores de los documentos de entrada.
A todos los extranjeros se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas, a la tutela judicial efectiva, a la educación obligatoria, el acceso a la educación infantil y a la asistencia jurídica.
Los extranjeros residentes o que están legalmente tienen además el derecho político de sufragio en las elecciones municipales siempre que los españoles residentes en sus países también los tengan; derecho a la libertad de sindicación, asociación, huelga, reunión y manifestación; derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, a ayudas en materia de vivienda y a la reagrupación familiar. El requisito de estancia para obtener el permiso de residencia pasa a ser de cinco años, en lugar de dos, y la reagrupación familiar corresponde a los ascendientes y descendientes del solicitante del permiso.
Varias movilizaciones en contra de la norma
El nuevo texto legal volvió a recibir ayer fuertes críticas desde las filas del PSOE, IU, los principales sindicatos CC OO y UGT, así como de ONG y asociaciones de inmigrantes. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (Atime) denunció la situación incierta en la que queda una bolsa de unos 130.000 indocumentados. Casi un millar de inmigrantes irregulares de Murcia, Barcelona y Madrid prosiguieron ayer las movilizaciones por su regularización y en contra de la nueva ley que entra hoy en vigor.
También ayer en Murcia, las administraciones central y autonómica, sindicatos y municipios acordaron dar un plazo de siete días a los empresarios agrícolas de la Región para que fijen sus necesidades de mano de obra para trabajar en el campo después de que la patronal abandonase la reunión convocada para concretar la oferta de empleo para emigrantes ilegales.