Las grandes obras de infraestructuras, amenazadas por el cambio climático y el envejecimiento
La red de carreteras requiere una inversión de 13.000 millones de euros para reparar 34.000 kilómetros dañados. El gasto público en este área ha caído un 43% entre 2010 y 2023
Episodios como el apagón del pasado 28 de abril, los trenes parados hasta más de 12 horas o –en cierta medida– los múltiples incendios vienen a demostrar la dependencia en las infraestructuras. Para Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, “el principal déficit de la red es la falta de inversión sostenida, especialmente en conservación y modernización”.
Así, destaca que el gasto público dedicado a este ámbito entre 2010 y 2023 ha caído un 43%, con perspectivas “nada optimistas” para el corto plazo, situando la ratio de inversión por habitante en uno de los más bajos entre los socios europeos. “Una situación preocupante si no se produce ningún cambio”, subraya, toda vez que cerca de la mitad de las infraestructuras tendrá más de 20 años de antigüedad en 2030.
En su opinión, la prioridad está en la red de carreteras, que necesita unos 13.000 millones de euros solo para reparar más de 34.000 kilómetros que se encuentran dañados. Una situación que afecta especialmente al campo español, indican fuentes de Tragsa, alegando que “las conexiones entre núcleos de población y pedanías menos habitadas son deficitarias en capacidad y mantenimiento”.
Según la compañía pública, las inversiones en el entorno rural se han concentrado en la red viaria principal, pero al alejarse de los pueblos mayores aparecen trazados obsoletos y una conservación deficiente. Tragsa apunta además a carencias en los suministros básicos (agua, energía y comunicaciones), así como a deficiencias en las redes de saneamiento que provocan cortes de abastecimiento y fallos eléctricos puntuales en muchas localidades.
En este sentido, acentúan la relevancia del regadío –“fundamental para combatir la despoblación”–, señalando la necesidad de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua así como de la eficiencia hídrica.
Y es que la dana de 2024 y las que vienen azotando cada vez con más frecuencia a Levante han supuesto un antes y un después. Para Julián Núñez, presidente de Seopan, “hay que anticipar las inversiones programadas en planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundaciones”; en particular, en las cuencas mediterráneas, donde identifica más de 4.200 millones en actuaciones de restauración, conservación, regulación y medidas de drenaje.
Núñez reclama además consignaciones adicionales para proyectos concretos vinculados a los efectos meteorológicos en la presa de laminación de Montesa, la cuenca del Poyo y el barranco de la Saleta. En general, cree prioritarias “la adaptación al cambio climático en otras críticas, como la adecuación de aliviaderos o el drenaje en carreteras y vías de tren”.
A este respecto, en Ferrovial subrayan que “diversificar las fuentes de agua –incluyendo la desalación– no es solo una opción, sino una necesidad”. Fuentes del grupo explican que la dana de 2024 inutilizó no solo tuberías y estaciones de bombeo, sino también depuradoras y potabilizadoras situadas junto a cauces, haciendo imprescindible disponer de alternativas para garantizar el suministro.
Resaltan la importancia de invertir en infraestructuras resilientes y en tecnologías flexibles, las cuales ya están suponiendo “una auténtica transformación para el mundo de las infraestructuras, en general, y el de la gestión del agua, en particular”. Por ejemplo, el uso de robots para inspecciones, de gemelos digitales para simular escenarios y de algoritmos de inteligencia artificial para anticipar averías.
A la búsqueda de mano de obra
El sector de la construcción sufre “una auténtica urgencia por contratar profesionales”, a decir de Pedro Fernández, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, quien detalla que “se necesitan al menos 700.000 nuevos trabajadores en todas las categorías” para cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –además de los relativos a vivienda–. Fernández apunta al “abandono de la FP” como principal causa de la escasez de trabajadores en un sector que –recuerda– tiene mejores remuneraciones que otros similares. Concha Santos, presidenta de Anci, corrobora la escasez de mano de obra cualificada como uno de los grandes retos, a lo que añade “una dura competencia por la atracción y retención de talento frente a otras actividades productivas”. Una situación que se remonta a la crisis de 2008, “por la pérdida de confianza en la estabilidad laboral”, pero que –en su opinión– sería posible solventar si se diera a conocer la realidad de la construcción, que define como moderna, profesional, innovadora, segura e inclusiva.
