Nadal presenta el informe técnico del MIT sobre Castor pero aplaza su decisión final
No se descarta el desmantelamiento, opción que defiende Enagás La deuda del almacén hibernado costará a los usuarios 1.350 millones
El Ministerio de Energía presenta este miércoles las conclusiones de los estudios técnicos sobre el almacenamiento subterráneo de gas Castor que encargó en otoño de 2015 al Massachusetts Institute of Technology (MIT). A la convocatoria en el sede del ministerio, que fue remitida a los medios de comunicación con un amplio plazo (el viernes pasado), asistirán representantes de dicho instituto y de su actual titular, Enagás, que ha actuado de intermediaria entre el MIT y el ministerio.
Aunque el contenido del informe sobre la viabilidad de la instalación, cerrada por el Gobierno en octubre de 2013 tras los seísmos producidos en la costa de Castellón, se ha mantenido en el más estricto secreto, el departamento que dirige Álvaro Nadal parece dispuesto a lanzarlo a los cuatro vientos, “lo cual significa que no le perjudica o le beneficia políticamente”, en opinión de fuentes del sector.
En el análisis científico para determinar la viabilidad técnica del almacén, el MIT ha contado con la colaboración de Enagás, el operador del sistema gasístico que se hizo cargo del mantenimiento de Castor tras su rescate económico y por el que la compañía que preside Antonio Llardén recibe cada año más de 15 millones de euros (este coste y el del rescate, 1.350 millones de euros (más intereses del 4,3%) a 30 años (más de 80 millones al año), los pagan los consumidores en su factura del gas.
En este proceso de investigación, la sociedad promotora de Castor, Escal UGS, en la que participan ACS (con un 66,7%) y la canadiense UGS (con el resto de las acciones) ha sido totalmente excluida y se le ha bloqueado cualquier acceso al informe, a pesar de haber ofrecido su ayuda por considerar que se trata de un asunto absolutamente complejo. Escal es actualmente una sociedad sin actividad pendiente de que se resuelva el proceso judicial sobre Castor.
Enagás rcibe más de 15 millones al año por su mantenimiento
Fuentes del sector aseguran que el informe no es del todo concluyente, lo que permitirá al Gobierno aplazar de nuevo una decisión sobre una planta hibernada que, pese a que fuese viable técnicamente, ya no lo es políticamente.
¿Qué funcionarios de los ministerios de Energía o Medio Ambiente se atreverán a firmar ninguna autorización para el funcionamiento de Castor por muy viable que se considere después de lo ocurrido? El juzgado de Vinaroz mantiene abierto desde hace varios años un proceso para determinar posibles responsabilidades penales, en el marco del cual ha llamado a testificar a cargos intermedios de dichos ministerios.
El caso ya ha pasado por cinco jueces (el último con apenas un año y medio en funciones) y se encuentra ralentizado, precisamente, a la espera de las conclusiones del MIT y después de que la fiscal “se haya quedado sin argumentos”, según algunos testigos.
No se descarta, según las fuentes antes citadas, una recomendación para el el desmantelamiento deCastor, opción que defiende Enagás. Inicialmente, se calculó que el desguace costaría 140 millones de euros, pero ya se apunta a más de 200 millones. Del desmantelamiento se ocuparía el propio operador del sistema y sería retribuido por ello.
Esta posibilidad estaría apoyada en el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que recientemente se desdijo de un primer informe en el que, aunque consideró que los seísmos fueron inducidos por el llenado del gas colchón, su magnitud fue” relativamente pequeña” y normal en este tipo de operaciones. Los peritos del IGME que corroboraron durante la fase de instrucción judicial del caso Castor la actuación correcta de los funcionarios de los antiguos ministerios de Industria y Medio Ambiente.
El estudio encargado al MITse basa en tres modelos: uno de tipo geológico, en el que se analiza la situación de Castor desde que era una bolsa de petróleo que extrajo Shell durante 20 años; un modelo sísmico, con todos los datos y estudios ya elaborados y contrastados con los del propio MIT, y un último modelo dinámico, para determinar si la sismicidad fue provocada o no por la actividad de Castor.
De todo ello se derivará si la planta es viable o no y en qué condiciones podría funcionar. Aun dando positivo, la puesta en marcha del polémico almacén es una decisión política, como también lo fue su cierre, por lo que pocos le auguran demasiado futuro. Además, en el más que improbable caso de que se decidiese poner en marcha, ¿qué ocurre con la deuda que pagan los consumidores?
El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2014 fijó el rescate financiero de Castor se otorgó su titularidad Enagás, que fue el encargado de colocar la deuda entre un grupo de bancos (Santander, Bankia y CaixaBank) cuyas condiciones se incluyeron en la citada norma sin debate ni concurso previo.
Un rescate precipitado
El 3 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el RDL que establecía las condiciones de cierre e indemnización del almacén subterráneo de gas Castor, paralizado un año antes tras los seísmos desencadenados por la primera inyección de combustible en la planta. El entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, optó por una norma con rango de ley para evitar recursos ante el Supremo.
La norma fijó un pago de 1.350 millones de euros por la inversión realizada por su propietaria, Esca UGS (participada en un 66,7% por ACS y el 33,3% por la canadiense Escal) con un tipo de interés, entonces, del 4,3%: el bono del Tesoro con vencimiento en 2032 (2,9%), más la prima de riesgo del momento (120 puntos básicos) y 20 puntos por no contar con el aval del Estado. Enagás. la nueva titular de Castor, había pactado estas condiciones con Santander, Caixabank y Bankia, y así se incluyó en el real decreto ley, sin concurso ni transparencia.
El Gobierno de Rajoy optó por no desmantelar la planta, tanto por su coste, como por la idea de que podría ser viable en el futuro. El cierre se precipitó ante la urgencia ACS y el BEI, avalistas de la deuda de Castor repartida entre miles de bonistas, cuyas garantías debían ejecutarse, según el contrato, en el otoño de 2014 si para entonces el almacén no comenzaba a funcionar.
El propio RDL otorgó un mandato a Enagás para contratar a expertos que realizaran el informe que ahora se presenta.
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