Una subasta renovable con precio ciego

Las empresas del sector critican que la subasta es esencialmente la misma que la fracasada de enero, aunque incluye algunas garantías añadidas.

Thinkstock

Las empresas de energías renovables están preparando sus alegaciones a la propuesta de real decreto sobre la nueva subasta de capacidad verde que el Ministerio de Energía ha enviado a la CNMC. El plazo para alegar termina el día 20 de este mes y todo apunta a que la subasta, de 3.000 MW de capacidad y dirigida a cualquier tecnología y, por tanto, sin cupos, se celebrará probablemente en el primer trimestre de este año. Eso sí, en contra de lo esperado, el ministro se reserva la posibilidad de hacer una o varias subastas, incluso en el mismo día.

 Otra discrecionalidad del departamento que dirige Álvaro Nadal es que podrá fijar un límite máximo y, sobre todo,  mínimo del descuento del capital. Como lo que se subasta es un incentivo a la inversión (dirigida a quien esté dispuesto a invertir en un proyecto con la menor prima), y para evitar lo que ocurrió en la primera subasta celebrada en España a principios de 2016, que cerró con un descuento del 100% (o incentivo cero), el ministerio podría poner límites para evitar la especulación.

Sin embargo, hasta que no se apruebe la resolución correspondiente, los interesados no conocerán los topes que podría imponer Energía. De repetirse la historia de la anterior subasta (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa), algo que temen en el sector pues el diseño es esencialmente el mismo aunque con algunas garantías añadidas, el precio de la subasta estaría en manos del ministerio.

Más allá de las mejoras que haya podido incluir el nuevo equipo de Energía, el problema que recalcan los inversores de cualquier tipo de tecnología, es que “se subasta algo que no sabes a qué precio te van a pagar”, aseguran fuentes empresariales. Y es que la actual regulación deja la puerta abierta a una modificación discrecional de la retribución de estas energías a partir de 2020 y que no se dé una rentabilidad razonable. Justo el plazo en que comenzarían a funcionar los proyectos que resulten de la nueva subasta.

El complejo sistema de parámetros o estándares que sirven para retribuir la inversión de cada instalación aprobada en 2014, tiene una vigencia de seis años, revisable, en el caso del parámetro de precios, a los tres años. Precisamente, la orden de revisión del segundo semiperiodo está aún sin publicar en el BOE, pese a que debe entrar en vigor con fecha 1 de enero de 2017.

El principal problema para el sector es la inseguridad en la retribución a partir de 2020

Mientras en los próximos tres años el precio de mercado (que se salda luego con el precio real del mercado) se fija según la cotización de los mercados de futuros, a partir de 2020, regirá el mismo de 2014 (52 euros MWh). esto supone 10 euros MWh por encima del precio medio considerado para el periodo comprendidos entre 2017 y 2019. Una desviación que tendrá un impacto de -200 millones de euros en la retribución específica de las renovables, según la CNMC.

Si no se resuelve esta cuestión, que le ha valido al ministerio una reprimenda por parte del supervisor sectorial en su informe sobre la orden de peajes eléctricos de 2017, los ánimos del sector frente a la subasta siguen bajos.

La CNMC recuerda al ministerio que no existe una metodología para fijar dicha estimación de precios, y, de paso, se la reclama.

Aunque las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) ya han mantenido sendas reuniones con el nuevo ministro de Energía, las empresas y asociaciones del sector de energías renovables se quejan de que Nadal no les haya convocado para tratar sobre un tema crucial como la subasta. La eólica critica que esta sea tecnológicamente neutra (“algo que no se ha hecho en ningún país europeo, salvo Holanda”, recuerdan) pues puede perjudicar a la industria española de aerogeneradores frente la industria china de placas.

En el ministerio consideran que con los 6.000 MW incentivados que se adjudicarán, España cumplirá los objetivos medioambientales europeos para 2020. Sin embargo, todo dependerá de a qué tecnología se le adjudique más, pues las horas de producción no son las misma en el caso de la eólica o el de la fotovoltaica.

Al ser una subasta común, el precio del kWh para cada una se determina en función de un estándar de horas de funcionamiento anuales: 2.800 horas la eólica y 2.300, la solar fotovoltaica.

En la nueva puja, el ministerio impone que los proyectos estén en marcha en 2020, y establece una serie de hitos que, si el inversor no los cumple, perdería la adjudicación. Así, a los seis meses, deben estar identificado los proyectos, después se marcan plazos para el prerregistro, la autorización administrativa y la entrada en explotación. Asimismo, el aval, que en la anterior subasta era de 20.000 euros por MW, aumentan ligeramente.

Poco o nada se ha vuelto a saber de la subasta de enero del año pasado, que dejó fuera a las grandes eléctricas, como Endesa, Gas Natural Fenosa o Iberdrola y a la que no se presentó Acciona.

Los ganadores fueron empresas desconocidas y, en muchos casos, ajenas al sector: el Grupo Forestalia, propiedad del empresario aragonés Fernando Samper, se llevó 300 de los 500 MW eólicos subastados y 108 de biomasa. El grupo cárnico Jorge, también de la familia Samper, se llevó 100 MW eólicos a través de su sociedad Jorge Energy. El resto de la potencia eólica correspondió a una empresa del sector eléctrico, EDP Renovables, y la de biomasa, a Ence-Energía y Celulosa.

Aún no hay una explicación clara de por qué estos inversores acudieron a una subasta renunciando al incentivo subastado.