Una subasta ‘verde’ de lo más pintoresca

No se descarta algún tipo de desonocimiento de algunos aspectos de la `puja Las adjudicatarias deben aportar avales de 20.000 euros por MW

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"¿Y si la subasta cierra con un descuento del 100%?”, preguntó en su día el representante de una de las compañías interesadas en participar en la primera subasta de capacidad renovable convocada en España, en una de las reuniones informativas organizadas por Industria. La respuesta no pudo ser menos premonitoria: “Hagamos preguntas serias”, zanjó el interlocutor del ministerio.

La seriedad de la cuestión quedó al descubierto al mediodía del pasado jueves, cuando, una vez cerrada la subasta (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa), el operador del mercado, Omie, comunicaba el resultado a los postores. Para sorpresa de los excluidos, en un proceso en el que se subastaba “el derecho a recibir una retribución incentivada a cargo del sistema eléctrico”, los adjudicatarios habían ofrecido un descuento del 100%, lo que equivalía a renunciar a dicha prima.

Las grandes eléctricas que habían participado (Iberdrola, Endesa a través de Enel Green Power y Gas Natural Fenosa) se quedaron fuera y, como el resto de pequeños inversores, estupefactas. Con una sobreoferta que, según Industria superó cinco veces lo subastado (en el caso de la eólica, claro), se llevaron el gato al agua la aragonesa Forestalia, del empresario Fernando Samper; el grupo cárnico Jorge, con lazos familiares con aquel; EDP y Ence.

Forestalia, que cuenta con un grupo chino, Gedi, para desarrollar la potencia de biomasa que ha obtenido, se convirtió en el triunfador de un proceso en el que obtuvo más de la mitad de lo subastado:300 MW eólicos y 108 MW de biomasa.

En el sector dicen no entender cómo se puede acudir a la subasta de un incentivo, renunciar al mismo y optar por dejar los megavatios adjudicados en el libre mercado, cuando no hay nada que impida hacer lo propio sin pasar por ese trámite. Muy por el contrario, esta opción es la menos rentable de todas. En primer lugar, porque el pliego de la subasta obliga a los adjudicatarios a presentar avales (20.000 euros por MW, lo que significa que a Forestalia le corresponden ocho millones) y a construir las plantas en el plazo de 48 meses. De no ser así, perderían las garantías.

Por otro lado, las coberturas de que disfrutan las instalaciones con derecho a prima que van a mercado, no las tendrán unos adjudicatarios que, a la luz de las ofertas presentadas, el coste de su inversión (capex) será cero. El descuento máximo que permitía una protección es del 54%.

Fuentes empresariales insisten en que este es el quid de una subasta cuyo objetivo es retribuir una inversión y mantener una rentabilidad. No es lo mismo una retribución cero por una inversión, que una retribución por una inversión cero.

Así, sin reconocer un capex cero, los inversores podrían haber ofrecido un descuento del 100% del incentivo, lo que les habría permitido mantener las coberturas de riesgo respecto a los precios del mercado.

Ello demuestra, según fuentes del sector, que se ha ido a ganar “sí o sí” la subasta. En algunos casos -se sospecha-, en la confianza de que, tratándose de un sistema de subastas, alguien ofrecería un descuento menor del 100%, que es el que habría resultado casado y, por tanto, se habría aplicado al conjunto de adjudicatarios.

Respecto a la cuestión de la pérdida de coberturas, no se descarta algún desconocimiento por parte de quienes han ofrecido el máximo descuento. Tampoco se entiende que todos los megavatios se hayan ofrecido a cero, pudiendo haberse difuminado el riesgo con distintos porcentajes.

Esto es más evidente en el caso de los 200 MW de biomasa, capacidad que, a pesar de haber tenido pocos postores (incluso se ha especulado con que hubiesen quedado desiertos los 50 MW cuyo ganador aún se desconoce), también han renunciado al incentivo.

La posibilidad de que alguien recurra la primera subasta de renovable que pone fin a la moratoria al cobro de primas que el Gobierno decretó en enero de 2012, parece descartada, ya que, en este caso, la denuncia debería haberse presentado antes de la celebración de la misma, cuyo resultado ha sido validado por la CNMC.

Pase lo que pase con unos proyectos a los que ciertas malas lenguas auguran dificultades en su financiación, y sin que pueda discutirse el ahorro para los consumidores de una producción  sin prima, el gran beneficiado del inesperado desenlace es el Gobierno. El resultado le servirá de argumento sólido en la veintena de arbitrajes internacionales a los que se enfrenta por el recorte de las antiguas primas a las renovables. Esto es, que un gran número de inversores se han mostrado dispuestos a producir sin incentivos, a precios de mercado, lo que justificaría la desaparición del sistema de retribución del extinto régimen especial.

La cruz de la moneda es que, una vez más, la sombra de la polémica planea sobre otra subasta. Ya ocurrió con las de electricidad, Cesur, que Industria anuló en 2015 y con las del servicio de interrumpibildad de la industria, la primera de las cuales, tuvo que repetir.

Lejos de arremeter contra la subasta verde y dado que es el mecanismo impuesto por la UE para permitir incentivos, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que aglutina el 90% del sector, ha quitado hierro al asunto, al calificarla de “escasa, aislada” y poco representativa “de la realidad del sector”. Por contra ha reclamado una macropuja de 5.900 MW antes del verano para poder cumplir con los objetivos medioambientales a 2020 de la UE. A mayor volumen a adjudicar, el incentivo podría salvarse.