Si no pagas, no concursas por contratos públicos… ¿o sí?

Los periodos de pago de las empresas formarán parte de los criterios de solvencia en los procesos de contratación. Pero la Plataforma contra la Morosidad advierte que el carácter potestativo de la medida limitará su efectividad.

“En la morosidad no vale el truco o trato”. Quizá sea esta una de las frases que más veces hayamos escuchado a Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Y es que en cada paso adelante que se da en materia de morosidad se advierten “fisuras” por las que, en palabras de Cañete, “se escapan gases nobles”.

Hace apenas dos semanas el Gobierno daba luz verde al Real Decreto de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que los periodos medios de pago (PMP) de las empresas pasan a formar parte de los criterios de solvencia en los procesos de contratación pública. Lo que para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “va a favorecer que las grandes empresas reduzcan los plazos de morosidad si quieren contratar con la Administración Pública”.

Sin embargo, hay letra pequeña. Declarar los PMP no será una exigencia sino que será cada una de las Administraciones u órganos de contratación los que decidirán si lo incorporan o no a los pliegos. El carácter potestativo de la medida limitará de facto su efectividad, lo cual ha sido denunciado por la Plataforma, desde la que acusan al Gobierno de “emplear la ambigüedad para hacer de nuevo un truco sobre los periodos medios de pago”.

La Plataforma pondrá nombre y apellido a las empresas morosas el próximo 14 de octubre

Desde el colectivo de autónomos aplauden la decisión. Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), considera que el carácter voluntario de la norma la convierte en una “herramienta de transparencia que servirá para que la Administración se retrate”.

En este mismo sentido, Cañete explicó a finales de la semana pasada que la Plataforma realizará una serie de informes de seguimiento en los que “veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra”.

Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) ha sido otra de las organizaciones que se ha pronunciado al respecto. Ayer mismo, durante el acto de clausura de la junta directiva, su presidente, Antonio Garamendi, demandaba al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Iñigo Fernández de Vigo, “más semáforos rojos”, tanto en la contratación pública en particular como en la morosidad en general.

Un vicio más que rentable

Según los datos de la PMcM, la morosidad se ha convertido en la puñalada por la espalda que ha causado la muerte de “un tercio de las 500.000 pymes que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, lo que equivale a unas 160.000. 

Y es que pagar por encima de los 60 días de plazo máximo que establece la ley es un vicio más que rentable, especialmente para las empresas del Ibex 35, que se ahorran 3.377 millones de euros por “morrosas”. De esta cantidad, más del 58% (1.985 millones de euros) son generados por intereses de demora.

Los datos obtenidos por la PMcM a partir de los balances de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) demuestran que durante 2014 el importe total adeudado por las empresas del índice selectivo ascendió hasta los 57.824 millones de euros que se corresponderían con un total de 57.000 facturas pendientes. Si añadimos al resto de empresas del mercado continuo, la deuda se eleva hasta los 66.680 millones de euros.

En tiempos, la media de 187 días de las 35 grandes cotizadas se queda corta si la comparamos con los que se manejan en sectores como la construcción, en los que se alcanzan los 300 días, o comercio y servicios, donde la media se sitúa en 290 días.

Hartazgo, publicidad y recaudación

Si Hacienda hará pública la lista de morosos con la Administración antes de final de año, la Plataforma hará lo propio con las empresas del Ibex 35. Así lo anunció Antoni Cañete durante la asamblea abierta celebrada el 17 de septiembre pasado: “Estamos trabajando en una lista con nombres y apellidos” que trasladarán tanto al Gobierno como a las empresas afectadas.

Hacienda recaudaría 2.000 millones de euros más si las firmas del Ibex pagaran sus facturas al día

Es un primer paso antes de acudir de nuevo a la Unión Europea para denunciar la “inoperancia” del Gobierno en materia de morosidad.

Así, esperan presentar la lista negra el próximo 14 de octubre en una nueva asamblea abierta que se celebrará en el Congreso de los Diputados y a la que se ha invitado a los líderes de todos los partidos políticos, así como a los presidentes de las organizaciones empresariales más representativas de España, incluyendo la CEOE y Cepyme.

Cabe destacar que la primera interesada en solucionar el problema de la morosidad es Hacienda. De haberse llevado adelante la propuesta de agilización del IVA no cobrado –una de las medidas de lucha contra la morosidad empresarial presentada por la Plataforma al ministro Montoro en abril– la recaudación se incrementaría en más de 2.000 millones de euros anuales y la liquidez de las empresas aumentaría en 21.000 millones de euros (de acuerdo con cálculos de la PMcM).

Este sistema consiste en anular la repercusión del IVA al mes de haberse producido el impago de la factura y gravar la liquidación siguiente del deudor con la cantidad de IVA correspondiente más el 10% de recargo.