Pescanova y su auditor se cruzan amenazas de demandas
LaCNMV advierte al grupo que será sancionado si no entrega las cuentas en cinco días
Pescanova y la empresa que audita sus cuentas, la consultora BDO, se cruzaron el viernes amenazas de demandas después de que el grupo gallego decidiera solicitar su entrada en concurso de acreedores, una decisión que podría suponer el mayor concurso de acreedores de una compañía de alimentación en España. Las acusaciones, veladas, mutuas, ponen en cuestión el trabajo de una compañía líder en el mundo en la comercialización y tratamiento de pescado y de una de las mayores consultoras del mundo.
Socilitar concurso
El grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa informó el viernes de madrugada, en el mismo comunicado en el que anunciaba su decisión de solicitar concurso, que había acordado también reclamar al juez que sea designado para gestionar su concurso “la revocación del nombramiento de BDO Auditores, S.L. como auditores para la verificación de sus cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2012, así como la designación de otro auditor”. Fuentes cercanas a la compañía consultadas por este diario declararon que existe “una demanda contra BDO sobre la mesa”. BDO opera en España desde hace 30 años, cuenta en el país con más de 100 socios y directores y alrededor de 1.054 profesionales repartidos en 12 oficinas. La consultora fue creada en 1963 tras la fusión de varias firmas especializadas de Reino Unido, Holanda, Alemania, Estados Unidos y Canadá.
Fuentes de BDO en España indicaron el viernes a este diario que estudian “acciones a tomar” contra Pescanova y que “mantiene su posición en el enfoque del trabajo realizado”. BDO ha auditado las cuentas del grupo gallego desde el año 2002. Entre 1990 y 2001 la consultora Ernst & Young auditó las cuentas de Pescanova y en 10 de sus informes apuntó una salvedad relativa a la contabilidad de la multinacional española. “En la memoria adjunta no se desglosa la información, que ha sido objeto de nuestra revisión, relativa a la aportación de cada sociedad del grupo a las reservas consolidadas y los resultados consolidados”, decía Ernst & Young en el informe de auditoría de las cuentas de Pescanova del año 2001.
De acuerdo al informe complementario del informe anual de Gobierno Corporativo de Pescanova del ejercicio 2011, “los honorarios devengados por el auditor principal [BDO Auditores] han ascendido a 749.000 euros (742.000 euros en 2010)”. BDO recibió otros 60.000 euros por servicios adicionales por su trabajo en Pescanova en 2011. Nuevo ultimátum La CNMV esperaba el viernes recibir las cuentas de 2012 de Pescanova, que ya habían sido requeridas a principios de marzo. El regulador del mercado español comunicó el viernes, ante la ausencia de dichas cuentas, que la respuesta recibida hasta ahora por parte del grupo de alimentación “es incompleta e insuficiente”, razón por la que ha procedido “a remitir un nuevo requerimiento con apercibimiento del régimen sancionador (...) que incluye un plazo de cinco días hábiles para su contestación”.
Qué es un auditor ‘forensic’
Pescanova informó el viernes de madrugada, en el mismo comunicado en el que anunciaba su decisión de pedir concurso, que se dispone a contratar los servicios de “un auditor forensic” para revisar los estados financieros de 2012. Una empresa recurre a un auditor forensic “cuando quiere que se investigue algo en particular, no tiene por qué estar relacionado con fraude”, explica Carlos Puig, presidente del Registro de Economistas de Auditores. “Puede existir un fraude en una compañía y que un informe de auditoría no lo detecte si las cuentas están redactadas de acuerdo a la norma contable del país”, indica. “El trabajo de un auditor forense”, comenta Pablo Bernard, socio responsable de forensic en España de KPMG, “no está tan delimitado como el del auditor normal”. El departamento de forensic de KPMG emplea técnicas de “computer forensic y data analytics” para detectar actividades fraudulentas, según la web del grupo. El auditor forense “investiga qué se ha hecho mal, quién lo hizo, cuándo, establece cuál es el problema y a qué se debe y quién lo ha provocado”, señala Bernard. Los expertos consultados precisan que en España puede hablarse de “irregularidades” detectadas en una auditoría, pero no de “fraude”, expresión que sí emplea la legislación al respecto de países como EE UU. “En España hablar de fraude es hablar de un delito, de algo que tendría responsabilidades penales”, aclara Carlos Puig.
Lo que dice la Ley
De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 99, constituirá “infracción muy grave” la falta de remisión de información requerida por el regulador. Por este hecho se puede imponer al infractor una o varias sanciones, entre otras: Multa por importe de hasta la mayor del quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción; el 5% de los recursos propios de la entidad infractora, el 5% de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o 600.000 euros; suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a cinco años. Además, indica el artículo 105, cuando la infractora sea una persona jurídica podrá imponerse “a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma sean responsables de la infracción”, multa por importe de hasta 300.500 euros y suspensión en el ejercicio del cargo por hasta tres años.
