Luz verde a la "necesaria, deseada y liberalizadora" Ley de la Comunicación Audiovisual
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, ha definido como "necesaria, deseada, liberalizadora, moderna, garantista e imprescindible para el sector y la industria audiovisual española".
Dijo que esta ley es el resultado "de un proceso de diálogo y de consenso" que espera que continúe en el Parlamento" y que debe enmarcarse como "parte muy importante" dentro de la reforma audiovisual emprendida por este Gobierno.
"Con este proyecto de ley -añadió la vicepresidenta- damos cumplida respuesta a un compromiso siempre aparcado por los sucesivos Gobiernos de uno y otro signo; se aprueba una asignatura pendiente desde hace décadas y será enviado al Parlamento tras el consenso básico del sector".
Fernández de la Vega afirmó que el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual es fruto una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual, que el Gobierno viene desarrollando a lo largo de los últimos años.
Añadió que el anteproyecto "ha sido mejorado" por las aportaciones de los órganos institucionales consultados, así como por asociaciones de usuarios, anunciantes y otros colectivos.
La vicepresidenta explicó que se han incorporado observaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, del Mercado de las Telecomunicaciones, del Comité Consultivo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, así como del dictamen del Consejo de Estado del pasado 17 de diciembre.
Fernández de la Vega destacó los aspectos más importantes del proyecto de ley, como la transposición de la directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 al ordenamiento español.
El proyecto posibilita la creación de grupos empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado europeo, la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como es la TDT de pago, y da respuesta a nuevas formas como la TV en movilidad, la Alta Definición y la Interactividad.
El proyecto define la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes públicos y, según explicó la vicepresidenta en posterior rueda de prensa, entre sus competencias está la participación en la concesión de licencias.
Un consejo con poder sancionador
Este consejo tendrá poder sancionador y sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos por el Congreso, y entre sus funciones estará garantizar la transparencia en el sector, velar por el cumplimiento de esta ley y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Crea, asimismo, un Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas, y contempla un régimen sancionador en el que se define, infracciones muy graves, graves y leves y se detallan sanciones.
De la Vega explicó que el proyecto de ley protege la emisión y producción de obras audiovisuales europeas y españolas, reservando un 51 por ciento del tiempo de emisión anual de cada canal y, a su vez, el 50 por ciento de esta cuota queda reservada para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.
El proyecto de ley confirma la obligación de las televisiones, estatales o autonómicas, de contribuir anualmente a la financiación de producciones europeas con el 5 por ciento de los ingresos, aunque para las televisiones públicas este porcentaje asciende al 6 por ciento.
También detalla las obligaciones de los operadores en lo referente a la protección de los menores, las personas con discapacidad y la prohibición de emitir en abierto contenidos pornográficos o de violencia gratuita.
El proyecto de ley amplia a 15 años el período de concesión de licencias, y establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos.
Reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias y el derecho de los titulares de estas a crear canales de pago, pero limitándolo a un 50 por ciento de los canales concedidos en cada licencia.
También regula los acontecimientos de interés general que las operadoras tienen obligación de emitir en abierto, garantiza el pluralismo y reconoce el derecho a poseer participaciones en otras empresas, pero limitado al 27 por ciento de la audiencia.