Europa avanza a trompicones en su gran reto financiero
La integración financiera avanza, pero las prioridades nacionales vuelven a rebajar la ambición necesaria para construir un mercado único
Las capitales europeas han pactado la reforma de la supervisión de los mercados financieros, dando poderes ejecutivos a la autoridad central, la ESMA. Es una forma de atender las demandas, contenidas en los informes de Draghi y Letta, de un mercado de capitales único que favorezca la inversión y el crecimiento empresarial en la zona euro. El acuerdo se ha cerrado en menos de un año, pero la Comisión Europea ha afeado la falta de ambición respecto a las propuestas iniciales. En otras palabras, se ha pactado un acuerdo a la baja para atender las demandas de autoridades nacionales que podían bloquear la adopción de un acuerdo. Algunos argumentos contra la centralización son comprensibles: la ESMA es un organismo con una capacidad operativa y una financiación limitadas hoy por hoy. No podrá asumir funciones ejecutivas pronto.
Pero el mayor mercado nacional de acciones y derivados en la UE, el alemán, estará fuera del ámbito de actuación directa de la supervisión europea. El proceso recuerda a otro proceso de unificación normativa, el de los bancos, que terminó dejando fuera a buena parte de las cajas alemanas. Más allá del debate sobre eficiencias, la señal que se transmite al mercado es la de siempre: la voluntad de integración inicial choca con las prioridades particulares a medida que toca plasmar esas intenciones en negro sobre blanco. El mercado de valores, que funciona por señales, habrá tomado nota. Ello no implica que este primer paso no sea valioso. El acuerdo, posibilista, no se ha demorado en exceso, y posiblemente el Parlamento Europeo reclame recuperar algo de ambición en el siguiente paso de la tramitación europea.
Más inverosímil está siendo el camino de otro proyecto enmarcado en esta revitalización de los mercados de capitales: la cuenta de inversión europea. Dormida por la fragmentación parlamentaria, viva de la mano de los decretos de vivienda, muerta y resucitada, ya solo depende del Ministerio de Hacienda su entrada en vigor efectiva y su llegada al ciudadano. España es, en este sentido, una rareza: la mayor parte de los Estados de la UE ha puesto en marcha, con mayor o menor éxito, algún mecanismo para incentivar la inversión minorista en el mercado de valores. Canalizar parte del billón de euros en depósitos hacia la economía productiva es un objetivo loable. Y quizá, de paso, la medida eche una mano no solo para reducir la obsesión nacional por comprar ladrillo, sino también para fomentar la inversión a largo plazo de cara a la jubilación. El próximo Gobierno debería profundizar en esta iniciativa.