Impuestos a la IA: una solución global para un mercado global
Su apocalíptica amenaza no debe ocultar el problema inmediato de cómo repartir equitativamente la riqueza que genera
Setsuko Thurlow es una de las escasas supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima que aún sigue con nosotros. Al recibir el Premio Nobel de la Paz en 2017, en su discurso de agradecimiento recordaba la explosión como “un destello cegador de color blanco azulado”. Hiroshima es la idea colectiva del apocalipsis. Imaginar una extensión global de aquel acontecimiento nos deslumbra, impidiéndonos ver cualquier otra circunstancia que nos amenace a nuestro alrededor. El mismo efecto tienen las alarmas sobre la inteligencia artificial como agente de la extinción humana: nos alejan de cualquier reflexión sobre otros efectos del despliegue de esta tecnología.
No es casual que los tecnooligarcas hayan coincidido en situar en un primer plano los riesgos existenciales de la IA. Tras su destello, pueden ocultarse otros escenarios negativos consecuencia de la adopción de esta tecnología, probablemente más cercanos a materializarse. La ONU apuntaba en diciembre a la nueva era de desigualdad entre países ricos y pobres que se está abriendo. La OCDE también ha señalado otras brechas de desigualdad que se abren entre empresas y personas a medida que se despliega la IA. Mientras un apocalipsis mundial por ciberataques masivos, bioterrorismo o catástrofe nuclear sería consecuencia de un hipotético mal uso de la tecnología emergente, la acumulación de riqueza por un grupo reducido de entidades y personas está siendo una realidad en el proceso de implantación.
Los datos están a la vista. Desde el comienzo del despliegue masivo de la IA en 2023 hasta ahora, las grandes tecnológicas —Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft— han multiplicado por 1,7 su valor, desde los 9,92 billones de dólares hasta los 17 billones. Además, han añadido al selecto club dos empresas —OpenAI, Anthropic— cuya valoración conjunta podría superar los tres billones. Habría que añadir al grupo las empresas que están extrayendo los beneficios de la implementación de la IA: las grandes firmas del sector de los semiconductores. Nvidia, AMD, Broadcom, TSMC, Samsung, ASML, SK Hynix, Intel y Micron se han revalorizado en conjunto 4,1 veces, desde los 3,53 billones hasta los 14,49 billones. Una acumulación de riqueza que poblacionalmente queda además altamente concentrada en el 10% más rico de los hogares de EE UU, que posee el 88,1% de las acciones.
No solo se está tratando de hurtar el debate sobre la redistribución del exceso de riqueza acumulado por el desarrollo de la IA, también se trata de desplazar las soluciones lejos de las empresas tecnológicas. En un ensayo reciente, Bill Gates apunta como solución redistributiva un impuesto sobre las empresas que implantan la IA y la robótica, vía que también sugiere explorar OpenAI. El objeto de fiscalidad sería la sustitución de mano de obra por automatización, y serían las empresas usuarias las que compensarían el estrechamiento de la base humana de cotización. Una variante de la propuesta del fundador de Microsoft es el impuesto sobre consumo de tokens —unidad básica de texto en un modelo de inteligencia artificial— sobre cualquier consumidor de la IA. Ambos son modelos en los que se penaliza la adopción sin atajar la raíz de la nueva desigualdad.
La redistribución de beneficios debe partir de extraer recursos de los flujos económicos en los que intervienen las empresas que sustentan el desarrollo de la IA y no solo de gravar su uso. En Estados Unidos, epicentro empresarial del desarrollo de la nueva tecnología, Bernie Sanders propuso el American AI Sovereign Wealth Fund Act. La legislación tiene el objetivo de crear un fondo soberano financiado mediante un impuesto único del 50% sobre las acciones de las grandes empresas —valoradas en más de 200.000 millones de dólares— participantes en el desarrollo de la IA. Lo recaudado se destinaría en un 5% al reparto de un dividendo anual a la ciudadanía —unos 1.000 dólares por persona— y el resto a sufragar áreas como salud, educación, vivienda y protección ambiental.
Redistribuir la riqueza
Corea del Sur y Taiwán han puesto en práctica medidas en ese sentido en sus presupuestos para 2027. Ambas tienen sus economías expandiéndose a lomos de las empresas de semiconductores que crean la infraestructura para la IA. La primera espera registrar en 2026 un crecimiento del 3,5% —el mayor desde el año 2010, excluido el rebote pospandémico en 2021—. La segunda ha estimado que alcanzará un incremento del 11,05% en su PIB —el mayor en los últimos 39 años—. En Corea del Sur, se creará el Fondo de Respuestas para el Futuro —valorado en 72.000 millones de dólares—, que entre sus fines tiene ayudar a los jóvenes a encontrar empleo y comprar una vivienda. En Taiwán, se implantará un cheque de dividendo de la IA para cada persona de 10.000 dólares taiwaneses —unos 270 euros—. El origen, en ambos casos, está en la alta recaudación de impuestos empresariales.
En España, el Plan IA360 no anticipa aún las intenciones del Gobierno sobre la tributación de la IA ni hay posicionamiento oficial de la oposición sobre el tema. Tampoco de la Comisión Europea ha nacido propuesta alguna. Incide en este vacío la escasez de empresas del Viejo Continente que estén sustentando el despliegue de la nueva tecnología. Dado el carácter sin fronteras del mercado de la IA, tendría sentido que Europa promoviera mecanismos impositivos con alcance y redistribución global, ya fueran similares al impuesto global sobre el patrimonio que Piketty propone repartir entre países según su población, a los impuestos digitales que gravan a las plataformas o ambos simultáneamente.
Arbitrar mecanismos para una redistribución más equitativa de los beneficios económicos de la IA se hace imperativo. En una tecnología de implantación global, las herramientas impositivas han de evitar tanto penalizar su uso como que la riqueza generada se reparta únicamente dentro de los países que crean los servicios y las infraestructuras. No debemos dejarnos deslumbrar por una hecatombe hipotética provocada por la IA, sino abrir de inmediato un debate sobre cómo resolver las consecuencias de su implantación que nos son más cercanas.