Centros de datos, o cómo intentar ponerle puertas al campo
Es necesario regularlos, pero se debe partir de objetivos estratégicos y no de la especulación
El jueves día 10 finalizó el proceso de alegaciones al borrador del proyecto de Real Decreto por el que se regularán los requisitos de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. La propuesta exige que estas infraestructuras, independientemente de su estado administrativo actual de tramitación, asuman que al menos el 80% de la electricidad que necesitan proceda de fuentes renovables, con correlación horaria y de plantas de nueva construcción (menos de 18 meses). Esta exigencia solo queda sin efecto si el 90% de la generación eléctrica nacional procede de fuentes de energía renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, establece como objetivo que el 81% de la demanda eléctrica en 2030 sea de origen renovable.
La propuesta, necesaria en un contexto internacional de desregulación y de consumo voraz de recursos, no deja de tener un difícil encaje y comprensión si confrontamos físicamente una demanda de electricidad constante y segura con una generación con una alta variabilidad en el tiempo, como es el caso de la eólica y de la solar fotovoltaica. Esto, de hecho, va a suponer que la mayor parte de la energía generada por esta nueva potencia no vaya a ser destinada al centro de datos que obligó a su construcción.
Es positivo que se exija que la electricidad consumida tenga un origen renovable; así lo refleja el PNIEC. Pero esta lógica debería articularse en torno a la conexión a la red y a las garantías de origen, en lugar de establecer una relación biunívoca entre la demanda y la nueva potencia instalada. Resulta un sinsentido si la señal que damos a quienes ya han invertido en renovables y hoy afrontan precios por debajo del umbral de viabilidad es que se va a crear una nueva demanda eléctrica de la que no solo no podrán beneficiarse, sino que, además, generará más excedentes precisamente durante sus horas de producción.
En el preámbulo I del Real Decreto se cita la Estrategia de inteligencia Artificial —aprobada en 2024—, documento en el que se proyecta alcanzar en 2030 una potencia de computación de 2,5 gigavatios (GW), equivalente a una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW. Esta previsión está en línea con el objetivo de la propia patronal SpainDC, que sitúa la demanda entre 2,6 y 2,9 GW. Sin embargo, estos objetivos, ya de por sí ambiciosos, se han visto claramente superados por la voracidad y la especulación que caracterizan el desarrollo actual de los centros de datos. De hecho, según el propio borrador, ya se ha concedido acceso a la red eléctrica para 12 GW de potencia: 6 GW en la red de transporte y otros 6 GW en la de distribución. A estos proyectos hay que sumar más de 20 GW solicitados, una cifra que crece sin límite si atendemos a los planes de las diferentes comunidades autónomas, que compiten por ofrecer todo tipo de facilidades para que estas instalaciones se construyan en su territorio.
Las experiencias desarrolladas en otros países deberían servirnos de referencia, y no estoy hablando de la moratoria de algunos Estados estadounidenses, sino de abordar el desarrollo con una planificación de los centros de datos acorde con los objetivos marcados. Alemania, por ejemplo, ha definido suelos preferentes, brownfield, y ha introducido mecanismos de reparto fiscal con los municipios; Irlanda ha establecido la prohibición de operar en modo isla con combustibles fósiles y ha planteado una transición de seis años hasta alcanzar un 80% de consumo renovable, y Australia exige que los centros de datos asuman el 100% del coste de conexión y que ofrezcan capacidad de respaldo firme, no solo cobertura anual de su demanda.
Un punto de especial importancia, no tratado en este proyecto de Real Decreto, es el origen y la cobertura de las necesidades hídricas. En la mayoría de los casos se han firmado contratos de suministro de agua para refrigeración con municipios. Pero la disponibilidad de agua debería estar amparada por una concesión otorgada por el organismo de cuenca responsable —las confederaciones hidrográficas— y no por la avidez de un alcalde por captar las tasas e impuestos que su construcción conlleva. Dentro de unos años, estas concesiones corren el riesgo de acabar en conflictos de suministro por razones de disponibilidad hídrica debido al cambio climático. Quién iba a decir que la sequía obligaría a la parada de centrales nucleares en muchos países de Europa por falta de agua para refrigeración. Los contratos de suministro deberían ser, por tanto, validados para dejar claro que esta demanda de agua está al final de la cadena de necesidades, tanto actual como a largo plazo.
Por otro lado, la Comisión Europea está pendiente de aprobar un reglamento sobre el desarrollo de los centros de datos. Pero me temo que, si revisamos el Reglamento (UE) 2020/852, relativo a la taxonomía de inversiones sostenibles, nos podemos encontrar con un marco de cobertura jurídica contrario al contenido del Real Decreto.
Si el objetivo es ordenar el desarrollo de los centros de datos, necesitamos un marco estable, coherente con la normativa europea y con el plan estratégico nacional, que sea capaz de anticipar su evolución. Estamos intentando poner límites cuando nadie antes los puso, con una planificación centralizada y cuando la puesta en valor de un punto de acceso a la red ya figura en el balance de los promotores más agresivos.
Siempre he defendido la capacidad del Estado para regular y controlar el desarrollo de iniciativas económicas que pueden representar una oportunidad para el despliegue de las energías renovables, entre ellas la construcción de centros de datos. Pero cuando hablamos de inversiones estratégicas, debemos partir de los objetivos que nos hemos marcado, no de la especulación de un sector sin límites. No se trata solo de que estas instalaciones tengan futuro, sino de que hoy el acceso a la red eléctrica y al agua, bienes que considero públicos y esenciales, se está convirtiendo en un valor transaccionable en el mercado.
Aunque necesario, el borrador de Real Decreto no puede ser el único elemento de contención de una situación que ha alcanzado dimensiones desmedidas. Poner puertas al campo no es una política interesante, aunque el campo sea de todos y todas.