Un paso tibio hacia una mayor regulación europea de la vivienda
Las medidas de Bruselas resultan demasiado limitadas
La crisis de la vivienda marca el día a día de cada vez más países europeos. Aunque las instituciones comunitarias apenas tienen competencias en esta materia, la presión ciudadana para buscar soluciones obliga a dar pasos. La Comisión Europea dio este miércoles uno, tímido, al sentar las bases para que los países regulen, con aval europeo, algunos elementos de este mercado. El freno a los pisos turísticos en zonas tensionadas y las limitaciones a la adquisición de segundas residencias constituyen las dos principales líneas de actuación.
Pocos territorios europeos escapan ya a los problemas de acceso a la vivienda. En una comparativa publicada por el Consejo Europeo hace unos meses, se refleja que los precios nominales han subido de media más del 60% desde 2013. España está a la cabeza de ese fenómeno, con un encarecimiento del 72% en ese periodo, frente a un 26,6% en Francia, un 13,3% en Italia o un 51,3% en Alemania. Existe un relativo consenso en que buena parte del problema reside en la falta de viviendas disponibles. Hace unos meses, Bruselas cifró en 650.000 el número de residencias adicionales que hacía falta poner al año en el mercado europeo para aliviar el problema.
Más allá de este consenso, otras medidas de intervención en un mercado que mueve tanto dinero generan controversia. Consciente de esas sensibilidades, Bruselas se ha centrado en dos elementos que generan bastante acuerdo. Se trata principalmente de los pisos de temporada, que en muchas zonas con una elevada demanda sacan viviendas del mercado de residentes para destinarlas a fines turísticos. Muchas administraciones, de diferente signo, están tratando de poner coto a esta práctica. En su texto, la Comisión plantea que esas actuaciones se limiten a los territorios donde el acceso a la vivienda sea un verdadero problema (uno de los principales indicadores es que la casa suponga destinar más de 10 años de renta disponible per cápita de los integrantes de los hogares). Lo mismo ocurre con el segundo punto que señala el Ejecutivo comunitario: las viviendas no destinadas a residencia habitual. La regulación abre la puerta a limitar la compra, pero solo en esos supuestos económicos.
La implicación de Bruselas en este problema de primera magnitud es un buen paso adelante de cara a la ciudadanía. Las medidas, pese a todo, resultan demasiado limitadas como para tener un impacto en la evolución de los precios y las dificultades de acceso.