España ya no puede permitirse dejar el biometano a medias
Pocas soluciones permiten reforzar la seguridad energética y generar actividad ecnonómica en el medio rural al mismo tiempo
En 2021, España tenía una sola planta de biometano. A comienzos de 2026, supera ya la veintena. Y el potencial es aún mayor: existen más de 2.300 emplazamientos capaces de producir suficiente biometano para cubrir cerca del 45% de la demanda nacional de gas natural, según Sedigas. Son cifras que cambian la conversación energética de nuestro país.
La pregunta ya no es si el biometano funciona en España. Funciona. La pregunta es si seremos capaces de impulsar su crecimiento, evitando que una tecnología con potencial real quede frenada por los obstáculos habituales: trámites demasiado largos, falta de claridad administrativa o proyectos que no llegan a materializarse.
Tenemos, por fin, una señal de demanda real
El Gobierno ha sometido a audiencia pública un proyecto de real decreto con una senda de cuotas obligatorias crecientes de biometano. No es una hoja de ruta aspiracional, es una obligación exigible, y llega en el momento oportuno. La guerra de Ucrania nos mostró el coste de depender del gas ajeno, y la crisis en Oriente Medio lo ha vuelto a poner sobre la mesa. España ya no puede permitirse ese grado de vulnerabilidad.
Aquí tenemos una ventaja respecto a cualquier otro país europeo: una red gasista enorme donde inyectar el biometano, y toneladas de residuos ganaderos, agroindustriales y orgánicos que hoy no tienen una salida eficiente. El biometano resuelve las dos cosas a la vez. Pocas tecnologías permiten reforzar la seguridad energética, gestionar residuos y generar actividad económica en el medio rural al mismo tiempo. Convertir esa capacidad en una cuota exigible, y no solo en una buena intención, es lo que distingue a este proyecto normativo de los intentos anteriores.
Pero una señal de demanda, por importante que sea, no bastará por sí sola para desbloquear el sector. Ese cambio regulatorio resuelve una parte del problema: la demanda. Pero no elimina los obstáculos que siguen frenando la inversión: la aceptación social de los proyectos y la tramitación administrativa que, en demasiados casos, continúa marcada por plazos inciertos y una falta de previsibilidad. El rechazo social no suele deberse a la tecnología en sí, sino que nace de la desinformación sobre los olores, el tráfico de camiones, la ubicación de las plantas, el origen de los residuos o la gestión del digestato.
Existen dos palancas que pueden marcar la diferencia. La primera es la propuesta que Sedigas ha trasladado en sus alegaciones al proyecto de real decreto para reconocer las plantas de biometano como infraestructuras de interés público superior, lo que agilizaría los permisos de aquellos proyectos que acrediten una contribución real a la seguridad energética, la gestión sostenible de residuos y el desarrollo territorial. La condición es aplicar criterios proporcionales y diferenciar con rigor a quienes acreditan solvencia técnica, ambiental y financiera de quienes no ofrecen esas mismas garantías.
La segunda es el Sello de Excelencia social, territorial y ambiental que ya recoge el proyecto normativo. Su principal virtud es introducir reglas claras y homogéneas para evaluar los proyectos. Eso reduce la incertidumbre para promotores, administraciones y comunidades locales.
El real decreto ley 18/2026, en vigor desde el 1 de julio, permite ya desarrollar las normas técnicas que darán contenido operativo a ese sello. El modelo final está por definir, pero la dirección es la correcta: menos incertidumbre administrativa y más confianza construida sobre hechos. Ganaría la Administración, al disponer de criterios más claros para evaluar qué proyectos aportan valor real. Ganaría la población, al obtener transparencia. Y ganaría el sector, al poder explicar su contribución sobre una base más rigurosa, comparable y objetiva.
Mientras el marco normativo se consolida, los proyectos ya operativos muestran la ruta que debe seguir el biometano, con estándares ambientales exigentes, planes logísticos bien diseñados, control operativo riguroso y, sobre todo, diálogo con las comunidades locales antes de que llegue la primera máquina. A la Administración le corresponde fijar un marco claro; a cada proyecto, demostrar con hechos que está a la altura desde el primer día.
España tiene la oportunidad de construir una nueva industria ligada a la energía, al campo y a la economía circular, como ya ocurre en los mercados europeos más maduros. Ahora falta que la tramitación acompañe, que el interés público se reconozca donde exista y que el sector quede en manos de quienes tienen vocación de quedarse. Ese es el filtro que de verdad importa.