Las pensiones entran en los años críticos sin la solvencia resuelta
Hasta 2040 se jubilarán los 11 millones de nacidos en el ‘baby boom’ y solo se financiarán si se cotiza más y se cobra menos
El tic-tac de la vida llevará este año a unas 384.000 personas a la jubilación, y sacará de ella por fallecimiento a unas 274.000, y meterá de lleno a la Seguridad Social en la verdadera prueba de fuego para su solvencia financiera, en los años críticos en los que tendrá que abonar las prestaciones a las generaciones más numerosas de la pirámide demográfica. Y lo hará con su solvencia muy comprometida y muy dependiente de la caja del Estado, y sin haberse dotado de las herramientas legales para garantizar su futuro sin traumas. Tras casi un decenio de decisiones cosméticas, los responsables públicos tendrán que echar mano de las dos únicas variables con capacidad de meter en cintura las cuentas del sistema: elevar las aportaciones y bajar las prestaciones. No hay otras.
Los últimos gobiernos han tenido una gestión negligente, cuando no pusilánime, con las cosas de la Seguridad Social, que son las cosas de comer para 20 millones de personas: los casi 10 de pensionistas que no disponen de otra fuente de renta que su pensión de retiro, y otros 11 millones que se jubilarán en los próximos 15 años, y que no disponen apenas ya de margen de maniobra temporal para buscar complementos alternativos a una renta pública que ha perdido seguridad.
El gobierno popular de Rajoy estableció una herramienta de estabilización de las finanzas de la Seguridad Social, el factor de sostenibilidad, que corregía las pensiones de retiro en función de la esperanza de vida. Pero la derogó (la aplazó a tiempos mejores) cuando la exigencia de los nacionalistas vascos se impuso para aprobar los Presupuestos de 2018, para una semana más tarde sacar al Gobierno de Rajoy de La Moncloa y colocar al de Sánchez.
Y el socialista de Sánchez dedicó sus desvelos con los pensionistas a reforzar la revalorización de las cuantías y a poner pequeños obstáculos al retiro anticipado, y limitó la mejora de las cotizaciones a las mayores cotas de exigencia a las rentas salariales más elevadas y a los autónomos. Ocho años después, cuando empieza la gran presión sobre el gasto del baby boom, los pensionistas están a los pies de los caballos.
Unos números para ilustrar lo que se viene encima. En los últimos 15 años han entrado por la puerta de la jubilación ocho millones de personas, un 17% de la población de 46,4 millones que tenía el país en 2010, justo antes de retrasar la edad legal de forma escalonada hasta los 67 años, y de aprobar el citado factor de sostenibilidad para su aplicación desde 2019, pero que nunca vio la luz por las circunstancias antes comentadas. Unos números que palidecen si los comparamos con los que van a pasar por la puerta de la jubilación en los próximos 15 años. De acuerdo con la pirámide demográfica que elabora Estadística, desde ahora a 2040, dando por bueno que la edad media real del retiro se estabilice en torno a 65 años, se jubilarán casi 11 millones de personas (10,944), o el 22,2% de los 49,12 millones de habitantes.
Y es que en los 15 próximos años cumplirán 65 todos los nacidos entre 1960 y 1975, años en los que la cifra de nacimientos superó con holgura los 650.000, y se mantuvo por encima de los 600.000 hasta 1979. Dado que la longevidad media de los pensionistas es de algo más de 20 años, los transcurridos desde 2025 a 2045 experimentarán los mayores niveles de estrés del gasto de la historia venidera. Todo esto no es nuevo, puesto que todo el mundo sabe leer una pirámide de población; pero los responsables políticos prefieren ignorarlo.
Algo parecido a lo que se proyecta para los próximos años ha pasado ya en los cuatro o cinco últimos, que ha llevado ya al sistema público de pensiones a récords de pensionistas y de gastos, aunque también de ingresos por cotizaciones y de subvenciones estatales para equilibrar las cuentas. El número de pensiones de jubilación avanza a tasas relativas anuales superiores al 1,75%, pero las del régimen general, las que corresponden a quienes han trabajado por cuenta ajena, lo hacen al 2,47%; mientras tanto, la contrapartida que debe financiar con cotizaciones a este colectivo (el empleo asalariado) lo hace por debajo del 2% si nos ceñimos al sector privado de la economía.
Y aunque son estos, junto con los autónomos, quienes financian en supuesta contributividad las pensiones de retiro, hay que costear también las de viudedad y las de los empleados por cuenta propia, además de las de incapacidad temporal, que llevan unos pocos años con desaforado crecimiento. Pero esa es harina de otro costal, aunque pertenezca a la misma molienda. Por todo ello, y pese al vigoroso crecimiento de PIB y empleo del que presumimos, el déficit contributivo del mecano de las pensiones supera los 50.000 millones de euros anuales, que deben buscarse en aportaciones de los impuestos generales vía transferencias y en emisiones de deuda cuando la fecha de las pagas extras pone en aprietos a la Tesorería.
Detrás de eso está el trasvase antinatural de recursos presupuestarios de unas partidas a otras, incluidas las de programas de inversión comunitarios no del todo aclaradas, y la deuda creciente de la Seguridad Social, que ya escala a los 136.000 millones (8% del PIB), y es la partida de deuda pública que más sube en el año: 7,9%. En fin: endeudarse para invertir tiene todo el sentido, pero para pagar pensiones, ninguno. Hace tiempo que los financiadores europeos deberían haber echado el alto a España por pagar pensiones con deuda.
Ante la avalancha de nuevos pensionistas y ante el frío invierno demográfico que transitamos, el único alivio es la inmigración masiva. Pero no parece suficiente si se desenvuelve en un modelo productivo en el que prevalece el estancamiento de la productividad y la generalización de las remuneraciones modestas. No parece suficiente carbón para la locomotora las aportaciones de bases de cotización medias de los asalariados de 2.337 euros (por 12 pagas) si las pensiones de jubilación son de 1.650 (por 14 pagas) y, en el régimen general, de 1.767. Tales bases por contingencias comunes no aportan más de 700 euros 12 veces al año.
Hay que considerar, además, que el carbón es de peor calidad en la mitad de los cotizantes, ya que la base mediana (la que separa en dos partes iguales a los 17,2 millones de asalariados) ronda solo los 2.000 euros. De hecho, un colectivo de 8,7 millones cotiza por debajo de 2.070 euros (una vez y media la base mínima de 1.381 euros), y de ellos, 3,2 millones, por la mínima o por debajo de ella. Ahí se concentran los empleados de construcción, comercio y hostelería, donde se ha concentrado estos años la generación de ocupación.
Y una advertencia: no debe olvidarse que, por cuestiones de mimetismo cultural o por dificultades económicas, que de todo hay, las mujeres inmigradas tienen ya el mismo o más modesto desempeño natalista que las españolas desde hace 30 años, hasta el punto de que, con 50 millones de moradores, los nacimientos de 2024 y 2025 han sido los más bajos de la historia, equiparables a los años negros de la Guerra Civil. Así está el tema.